Falsas promesas nigerianas: prostituida, entre el vudú y su hija secuestrada

G8-52 (su nombre de testigo protegida) es una mujer nigeriana que trabajaba en su país en un mercado. Su precaria vida, con dos hijos pequeños, es lo que hizo que aceptara la proposición de una conocida suya, Charity Lucky Omorigie: irse a vivir a España a trabajar en un supermercado para cobrar 30 veces más.

La oferta era irrechazable dada su situación en Nigeria. La idea era que la hermana de Charity, que ya vivía en España, le recibiría para instalarla y llevarla a su nuevo trabajo. Además, tenía otro beneficio: hasta que se asentara podía llevarse a su hija de tres años con ella. Charity le dijo que era una buena idea porque al pasar la frontera le pondrían menos impedimentos.

Según el relato expuesto por el fiscal, la testigo protegida tenía un problema inicial y es que no podía pagarse el billete para llegar a España dada su situación económica. Tampoco había ningún impedimento. Charity le adelantaba el dinero y ya se lo iría devolviendo con lo que ganara en el supermercado.

Así que aceptó y en septiembre de 2012 emprendió el viaje con su hija. Ya el camino no era lo que esperaba. El hermano de Charity, conocido como Okitivo, les llevó por distintos medios de transporte, junto a otras personas y siempre de noche, a lo largo de un mes hasta llegar a Marruecos. Una vez allí éste se marchó y les dejó en manos de otra persona que les introduciría en España a través de una patera.

Después de dos semanas esperando para cruzar el estrecho de Gibraltar finalmente embarcaron pero fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional y la Cruz Roja. Tras varios días en un centro en Málaga, Charity y una compañera de ésta, Airuoyuwa Adesuwa, fueron a por ella para trasladarla a Madrid.

No era un supermercado, era la calle

Una vez en la capital, en un piso de Leganés, llegó la realidad: el trabajo no era en un supermercado. Charity, Airuoyuwa y sus respectivos maridos advirtieron a la víctima de que a partir de esa misma noche debía prostituirse. Para evitar que se negara y se fuera se llevaron a su hija de su lado. No le dijeron a dónde se la llevaban, sólo que hasta que no devolviera los 50.000 euros de deuda que había contraído con ellos no volvería a verla.

Y por si se le ocurría hacer una estupidez le cortaron vello púbico, de la cabeza y uñas para hacer vudú con ello. Es más, cuando la Policía registró el piso tras iniciar una investigación, encontraron un envoltorio de papel blanco con cabello y una botella blanca con un crucifijo con tachuelas dentro y tres botes con un líquido oscuro con cabello alrededor de los mismos.

Después de un año de calvario, G8-52 consiguió salir de ahí y que la Policía detuviera a sus explotadores. La Audiencia Provincial de Madrid les juzga por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, detención ilegal, inmigración ilegal y encubrimiento, y por lo que se enfrentan a penas de hasta 28 años de prisión.

Tras escaparse, la víctima, considerada por los jueces como testigo protegida, consiguió denunciar los hechos. Pero antes pasó meses alejada de su hija, sin saber dónde estaba, fue obligada a prostituirse en plena Casa de Campo en Madrid y a entregar todo el dinero que ganaba; y sufrió agresiones en el piso donde vivía junto a sus captores.

Sin hija, sin papeles, sin dinero

Según se desprende de las actuaciones, al día siguiente de su llegada a Madrid, las dos jefas de la organización -Charity y Airuoyuwa- le obligaron a vestirse con ropa sugerente, la maquillaron y la trasladaron a las inmediaciones de la Casa de Campo de Madrid. Allí, le explicaron cómo tenía que ejercer la prostitución. La testigo, despojada de su hija, sin papeles, sin dinero y sin entender el idioma, tuvo que acceder.

Aparte de la deuda contraída con sus explotadoras, también le hicieron pagar el alquiler del piso donde estaba recluida, gastos de manutención y generales de la vivida. La controlaban y cacheaban para evitar que se quedara con nada de lo que ganaba cada noche. Era todos los días trasladada a las calles de la Casa de Campo desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana.

Cuatro meses después, consiguió que le devolvieran a su hija, aunque estaban obligadas a vivir en el mismo piso. Mientras la testigo estaba fuera de casa, la pequeña era cuidada por el marido de una de las captoras, servicio que también debía abonar.

Las dos mujeres encargadas del negocio acudían diariamente a la Casa de Campo para llevar la cuenta del número de clientes y ganancias obtenidas de la testigo y de otras chicas que estaban a su cargo y a las que hacían lo mismo.

Después de casi un año, la víctima consiguió escapar junto a su hija del piso, pero la localizaron y la amenazaron con seguir en su situación si no quería sufrir en sí misma o en su familia un mal; y recordándole que tenía que entregar todo el dinero hasta pagar la supuesta deuda, “manteniendo a la testigo en un estado de intenso temor, que le llevó a permanecer en su situación hasta que finalmente pudo poner fin a la misma”.