El Gobierno vasco ha propuesto al Gobierno de Mariano Rajoy gestionar desde Euskadi un corredor humanitario para acoger a refugiados que llegan a Europa procedentes de los países en guerra en Oriente Medio.

Sería una experiencia piloto similar a las desarrolladas en 2016 por la comunidad de San Egidio en Italia, por la que siguiendo las directrices europeas se extenderían visados de carácter humanitario a personas en situación de vulnerabilidad, con la limitación territorial de no poder moverse del país de acogida. Los refugiados serían identificados previamente en el lugar de partida – Líbano, Turquía, Grecia e Italia- y se desplazarían legalmente por avión “con todas las garantías de control y seguridad”. Tras conseguir el visado y una vez ubicados en su destino se tramitaría el proceso de asilo. El proyecto se pondría en marcha en una primera fase con el acogimiento de unas cincuenta personas.

La propuesta del Gobierno liderado por Íñigo Urkullu fue trasladada la semana pasada a la Secretaría general de Inmigración y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y se produce apenas veinte días después de que el lehendakari y los responsables de Derechos Humanos de su Gabinete viajaran a Roma para conocer de primera mano las experiencias desarrolladas por la Comunidad de San Egidio en la acogida a refugiados. Además, Urkullu aprovechó su estancia en Italia para entrevistarse en el Vaticano con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolini, con quien abordó el final de ETA y sondeó la predisposición de la Iglesia a intervenir en ese proceso.



La iniciativa de gestionar un corredor humanitario está a expensas de la respuesta del Gobierno español y contaría con la ayuda de la comunidad de San Egidio, que de la mano del Gobierno italiano ha trasladado a cientos de personas evitando los riesgos de pérdida de vidas de los naufragios. Según las últimas cifras se calcula que más de 5.000 personas han muerto ya en el Mediterráneo huyendo de la guerra.



Jonan Fernández, secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, que ha presentado la propuesta este jueves, ha asegurado que el País Vasco podría asumir el plan piloto de inmediato, a partir de la semana próxima.



"Estamos en una situación de emergencia, no podemos eternizar la toma de decisiones”, ha afirmado Fernández, que ha hecho hincapié en que cualquier solución para abordar la crisis del Mediterráneo implica una “colaboración multilateral” de todas las instituciones implicadas, entre las que ha incluido al Gobierno español y a instituciones europeas, a las entidades de acogida homologadas, a Diputaciones y Ayuntamientos y al voluntariado y sociedad civil organizada.



COMPETENCIAS A LAS AUTONOMÍAS



Junto al corredor humanitario, el Gobierno vasco ha planteado al Ejecutivo de Mariano Rajoy una segunda propuesta para descentralizar los procesos de acogida y conferir competencias a las autonomías. Consiste en ampliar el sistema ordinario vigente con otro de refuerzo complementario en el que las comunidades autónomas asuman un “papel directo” en la canalización de los procesos de acogida e integración.



Hasta ahora el único cauce empleado son los acuerdos a los que llega el Gobierno español con las entidades sociales homologadas, pero el Ejecutivo de Urkullu considera que la situación excepcional generada a partir de 2015 en Europa, con cientos de miles de personas huyendo de la guerra, obliga a “mejorar” la respuesta a las demandas de asilo porque “no se están cumpliendo” los compromisos adquiridos.



Como ha recordado Fernández, España se comprometió a acoger a 17.228 personas mediante reubicaciones de solicitantes de asilo de Grecia e Italia y reasentamientos de refugiados procedentes de fuera de la UE, principalmente de Turquía y Líbano. A finales de 2016, los acogidos en tierra española no llegaban al millar (980). En Euskadi, donde el objetivo era ubicar a 1.000 personas, se ha dispensado acogida a 570, pero sólo 46 proceden de los ámbitos establecidos; el resto huye de otros lugares del mundo y han llegado al País Vasco por sus propios medios.



Fernández ha insistido en que hay articular una respuesta “de abajo a arriba” en colaboración con el Gobierno español y ha reivindicado que las comunidades autónomas pasen de ser “espectadoras” del proceso a desarrollar “un trabajo complementario”.

En el marco de esta reflexión el Gobierno vasco en contacto con las Diputaciones y Ayuntamientos actualizará los recursos en cada municipio y concretará sus posibilidades de acogimiento. El cálculo se hará en función de módulos de integración disponibles, que incluyen una vivienda en condiciones , el aprendizaje del castellano y la atención de los servicios sociales. La previsión es poder contar con el millar de plazas inicialmente estipulado.



Cada Ayuntamiento implicado contaría con una estructura de apoyo proporcionada por la Diputación y el Gobierno vasco. El Ejecutivo prestaría además ayuda económica y la implicación de todos los Departamentos vinculados al proceso.



Según Fernández, también está asegurada la implicación de la Iglesia vasca a través de sus obispos, “dispuestos a colaborar” en la integración intercultural e interreligiosa de las personas acogidas.



Los tres prelados vascos se reunieron este miércoles con el lehendakari y Fernández, quienes les expusieron el resultado de su viaje a Roma. La cita, centrada en la problemática de los refugiados, tenía también como objetivo aclarar los recelos suscitados por el encuentro con el cardenal Parolin, llevado a cabo sin conocimiento previo de la jerarquía eclesiástica vasca.