El Gobierno avaló de forma oficial las actividades secretas de la brigada creada en 2015 por el ex director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino. Entre sus funciones estaba la revisión del 11-M y otros casos ya juzgados con sentencia firme. No obstante, según informan a EL ESPAÑOL fuentes oficiales, los entonces responsables del Ministerio del Interior nunca le pidieron cuentas ni tuvieron acceso a los informes desvelados la pasada semana por el propio Pino.
El Ejecutivo llegó a destacar la "necesidad" de contar con esta estructura para equipararse a la Unión Europea. Menos de dos años después, la brigada ha sido desmantelada por los nuevos responsables de la Policía post Fernández Díaz.
"Se ha evidenciado la necesidad de que la Dirección Adjunta Operativa (de la Policía) implante un sistema de calidad similar al resto de las policías civiles del ámbito de la Unión Europea para el seguimiento y apoyo del conjunto de determinadas investigaciones y actuaciones que afecten a diversas unidades policiales". De este modo se expresó el Gobierno por medio de una respuesta parlamentaria fechada el 14 de septiembre de 2015. Una contestación de apenas dos párrafos en las que no daba respuesta a la batería de preguntas presentadas por el PSOE sobre la llamada Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) creada por Pino. Los socialistas hablaban abiertamente de que había sido creada “ilegalmente”.
La respuesta parlamentaria del Gobierno.
El Ejecutivo despachaba esa cuestión en apenas unas palabras: “Se han seguido los trámites y el procedimiento previsto en la normativa vigente para la creación de este tipo de unidades”. El nacimiento oficial de la BARC data del 19 de mayo de 2015 por lo que, cuando el Gobierno avaló sus funciones, ya llevaba meses trabajando. Pino remitió un oficio al que ha tenido acceso este periódico llamado “Protocolo de Actuación de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos”. Iba dirigido a todos los comisarios generales y jefes superiores de Policía de todas las comunidades autónomas.
La "obligación" de colaborar
El número dos de la Policía advertía a todos los mandos del Cuerpo de que su BARC podía operar tanto en investigaciones abiertas como concluidas o con la catalogación de “pasivas”. Se hacía hincapié además en que las actuaciones de esta brigada eran “secretas”. Entre sus facultades estaba la “búsqueda de nuevas líneas de investigación” bajo una ambigua definición: “Cuando la naturaleza y las circunstancias del asunto revisado lo permitan”. Y todas las unidades de la Policía tenían “obligación de colaboración”.
Inicialmente, la BARC estaba integrada en la Unidad de Asuntos Internos, a pesar de que este departamento se dedica a investigar la posible comisión de delitos por parte de funcionarios policiales. A finales de septiembre de 2015, por orden de Pino, la BARC dejó de estar integrada en Asuntos internos y pasó a depender a todos los efectos de la Jefatura Central de Operaciones de la misma Dirección Adjunta Operativa que él dirigía.
Al frente de este organismo, Pino sitúo a una agente de su máxima confianza recién ascendida a comisaria. Según fuentes policiales, esta funcionaria procedía de la Unidad de Inteligencia de Pamplona, donde realizaba informes y análisis de situación. Antes había estado en la Policía Científica y previamente había ejercido como policía de Proximidad. Las fuentes consultadas llaman la atención acerca de su escasa formación en el campo de Policía Judicial, clave en el tipo de investigaciones que revisaba la BARC.
En su batería de preguntas parlamentarias, el PSOE se detuvo en la figura de esta comisaria, a la que acusó de cobrar altas sumas de dinero en dietas al proceder de otra plantilla en calidad de comisión de servicios. Sin embargo, en sus dos párrafos de respuesta el Gobierno no explicó esta cuestión.
Las justificaciones de Cosidó
El ex director general de la Policía Ignacio Cosidó -superior directo de Pino- también defendió los trabajos de esta brigada. Lo hizo verbalmente en agosto de 2015 en el Congreso de los Diputados, donde compareció para dar cuenta de los Presupuestos de su Departamento para el ejercicio de 2016. El PSOE le afeó que la BARC actuase en secreto y sin control judicial, un extremo que desmintió Cosidó asegurando que Asuntos Internos actúa bajo tutela judicial al igual que el resto de unidades del Cuerpo. No era el caso de la BARC, tal y como demuestra el oficio de su creación al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Extracto del oficio en el que Pino establecía las funciones de la BARC.
El entonces director general de la Policía fue más allá y explicó que el trabajo de esa brigada consistía en investigar casos sin resolver y que aún no habían prescrito. En sede parlamentaria, Cosidó cifró en 400 los casos estudiados y justificó que "las familias de las víctimas no merecen un carpetazo". Además de la investigación sobre el 11-M, Pino desveló en su entrevista en El Mundo que además se revisaron otros casos ya juzgados como el chivatazo a ETA del bar Faisán o la muerte de Marta del Castillo.
Este periódico se ha puesto en contacto con miembros del anterior equipo del Ministerio del Interior que confirman que Pino nunca remitió a sus superiores jerárquicos ninguno de esos informes a los que ahora hace alusión. Tampoco se los pidieron. Sí consta, en cambio, el trabajo sobre los cerca de 400 homicidios sin resolver al que se refirió Cosidó en el Congreso. Esa fue la percha que usó Pino para vender internamente la necesidad de esta BARC que, según las propias palabras de su entonces responsable, fue mucho más allá en sus funciones realizando investigaciones retroactivas a la carta.
Las revelaciones de Pino han causado malestar tanto en el seno de la Policía Nacional como en el nuevo Ministerio que ahora dirige Juan Ignacio Zoido, pese a que públicamente el ministro haya mostrado distancia con el ex comisario ya jubilado. Preguntado Interior sobre la posibilidad de desclasificar ahora los trabajos de la BARC, fuentes de este Departamento informan a EL ESPAÑOL que los están "buscando". Por lo pronto, quien ocupa ahora el sillón que durante años perteneció a Pino en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), Florentino Villabona, ha tomado la decisión de desmantelar la brigada secreta e integrar a sus miembros en un gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad.