Exteriores fue incapaz de hallar en siete años un lugar más seguro para la embajada de Kabul

El Ministerio de Asuntos Exteriores sabía, al menos desde 2008, que el lugar en el que se ubicaba la embajada de España en Kabul no era seguro. Siete años tuvo este Departamento para buscar otro emplazamiento antes del atentado talibán de diciembre de 2015 en el que fueron asesinados dos policías nacionales. La voz de alarma la dio en 2008 un equipo de expertos enviados por el Ministerio del Interior, que recomendaron la mudanza a un enclave más acorde. Sin embargo, Exteriores optó por invertir en acondicionar el edificio al ser incapaz de encontrar un sitio mejor.

Así consta en un informe elaborado ahora por la Abogacía del Estado remitido a la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Entre otros argumentos, se culpa a la saturación inmobiliaria de la capital afgana como impedimento de la mudanza recomendada. La visita de los expertos de Interior tuvo lugar el mes de junio de 2008, en concreto se desplazó un equipo de la Sección de Planificación de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Cuando vieron el lugar en el que estaba la embajada llegaron a una conclusión: el perímetro de seguridad no era lo suficientemente amplio, lo recomendable era buscar otro sitio.

La Audiencia Nacional investiga

La Abogacía del Estado adjunta en sus alegaciones un gran cantidad de documentos entre los que, sin embargo, no se encuentra el documento clave elaborado por Interior. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo ha solicitado en el marco de su investigación contra el embajador de Kabul y su número dos. Ambos están acusados de homicidio imprudente derivado de las presuntas negligencias de seguridad en las que incurrieron antes del atentado.

Sí incluyen los servicios jurídicos del Estado -que defienden a los diplomáticos de la querella presentada por los familiares y compañeros de los policías muertos- documentos confidenciales donde admiten las gestiones para salir de la calle Wazir Akbar Kahn en la que España se instaló en 2005. Uno de ellos es un correo “reservado” emitido el 11 de abril de 2011 por el entonces embajador, Juan José Rubio de Urquía: "Se están realizando constantes e intensas gestiones para localizar inmuebles más adecuados que los actuales desde el punto de vista de la seguridad para albergar la Cancillería". No obstante, ese cambio nunca se materializó.

El informe de la Abogacía del Estado reconoce que "se inició la búsqueda", pero alega que fue "una tarea poco sencilla en una ciudad con escasas avenidas anchas y un mercado inmobiliario saturado". Destaca las gestiones realizadas en 2008, tras el aviso de Interior, y 2011, cuando la búsqueda "se intensificó de manera especial” una vez se creó la llamada Green Zone. Se trata de un enclave de máxima seguridad donde se asientan algunas de las principales embajadas del mundo como la de EEUU.

Intentos frustrados

Se intentó alquilar un edificio situado tras la residencia del embajador (ubicada en la Green Zone), pero se frustró porque "el propietario retiró la oferta". También se miró en otros puntos de la ciudad, pero se concluyó que no eran más seguros. Al menos en la documentación que obra en poder del juez, no se dan más explicaciones sobre esas gestiones, todas infructuosas.  

En el caso de que la mudanza no fuese posible, los expertos de Interior proponían un plan B como alternativa que consistía en acondicionar el edificio y hacer obras para reforzar la seguridad. Esta fue la salida por la que acabó optando Exteriores. En ese sentido, la Abogacía del Estado pone en valor que, entre 2006 y 2015, se invirtió cerca de medio millón de euros en medidas de refuerzo. A eso hay que sumarle la contratación de agentes de seguridad privada que costaban 276.000 euros al año.

Pese a esta inversión, la defensa de los diplomáticos apunta a que varias puertas estaban abiertas en el momento del ataque talibán. A su entender eso facilitó el atentado, que se inició con la explosión de un coche bomba en la entrada para vehículos. La Abogacía defiende que las puertas eran lo suficientemente blindadas e incluso dice que se van a reutilizar en la nueva sede que tendrá la futura embajada. Además, el escrito insiste en que “el objetivo era la casa de huéspedes vecina, y los terroristas se equivocaron”. Este periódico ha publicado documentos que contradicen esta versión.

Fue en el año 2005 cuando se eligió el edificio donde ubicar la embajada. Las gestiones las hizo el primer embajador designado tras la guerra contra los talibán, quien remitió tres propuestas a sus superiores. El diplomático ya destacaba la escasa oferta inmobiliaria además de otros obstáculos: “La demanda es grande y, dado el momento de nuestra llegada nos situamos a la cola de los demandantes”.

El resultado tras una búsqueda plagada de “frustraciones” fue el reconocimiento por parte de este diplomático de que había renunciado a encontrar el sitio más idóneo. Finalmente se optó por la primera de las tres opciones porque estaba próxima al domicilio privado del Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Afganistán. “Se supone que la zona estará permanentemente vigilada”, imaginaban los responsables del Ministerio en otro documento interno. Correos posteriores demuestran que Exteriores autorizó el arrendamiento de ese edificio sin haber visto siquiera una imagen de sus alrededores.

La Abogacía del Estado en su informe introduce además insinuaciones contra los policías al responsabilizarles del control del personal que accedía a la embajada. Los querellantes sospechan de unos operaciones afganos que días antes del ataque hicieron una obra en el tejado que luego facilitó varios puntos de disparo a los terroristas. “Cabe preguntarse por qué los responsables de la seguridad en la embajada dejaron entrar a unos trabajadores que no pasaron las medidas de seguridad, tal y como se reconoce en la querella”, dicen los servicios jurídicos del Estado.

En otra parte de sus 27 folios, la abogada del Estado Lucía Pedreño relaciona la estancia de los policías en Afganistán con las altas retribuciones que recibe el personal allí desplazado. Recuerda que a Kabul le corresponde el nivel de riesgo especial, lo que incide en retribuciones y tiempos de permanencia del personal. “Piénsese que si desde que los querellantes llegaron a la Embajada se dieron cuenta del ‘riesgo evidente contra sus vidas’ por qué permanecieron allí tantos años”, zanja.