La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado este martes iniciar un proceso penal contra los miembros de la Mesa del Parlamento autonómico Carme Forcadell, Lluís Coromines, Anna Simó y Ramona Barrufet, que el pasado octubre hicieron posible que la Cámara se pronunciase sobre una petición de Junts pel Sí y la Cup para la convocatoria de un referéndum sobre la secesión de Cataluña antes del próximo septiembre.
El tribunal ha admitido a trámite la querella promovida por la Fiscalía por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional, órgano que de forma reiterada ha advertido a los parlamentarios catalanes que la Constitución permite la modificación de la estructura del Estado pero ese cambio no se debe imponer de forma unilateral.
Las diligencias contra los citados miembros de la Mesa se unirán a las que ya se tramitaban contra Forcadell tras una primera querella por los mismos delitos, cuando la presidenta del Parlament permitió la votación por la Cámara de unas conclusiones sobre la hoja de ruta independentista pese a que el TC la había requerido de forma expresa para que se abstuviera de actuar en esa dirección.
La investigación a Coromines, Simó, Barrufet y Forcadell será llevada a cabo por la misma magistrada que ya instruía esa primera querella, María Eugenia Alegret.
Según la Fiscalía, los querellados, del grupo Junts pel Sí, mostraron una "voluntad única y definida" de impulsar varias acciones encaminadas a ejercer la autodeterminación, como la celebración de un referéndum, pese a la prohibición del TC.
El 5 octubre 2016 todos ellos votaron a favor de admitir a trámite dos propuestas de resolución presentadas conjuntamente por Junts pel Sí y CUP-CC referidas a la convocatoria de un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña que ha de celebrarse antes de septiembre.
Los representantes en la Mesa del Parlament de Ciudadanos, PSOE y Partido Popular instaron la reconsideración de la inclusión en el orden del día de dichas propuestas, expresando que el TC había advertido a los miembros de la Mesa del Parlamento de “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que implicase" avanzar de forma unilateral hacia la ruptura del Estado al margen de los mecanismos establecidos para la reforma constitucional.
La solicitud de reconsideración fue rechazada por los querellados y las propuestas fueron votadas y aprobadas el 6 de octubre por el Parlament.