Fin al negocio paralelo de Ribera Salud cuatro meses después de las revelaciones de El Español

El Gobierno de la Comunidad Valenciana ha dado la puntilla al negocio paralelo del gigante del sector de la Sanidad, Ribera Salud, al anunciar este martes que no va a prorrogar el contrato de gestión público-privado que operaba desde hace catorce años en el Hospital de la Ribera y que da cobertura a casi una treintena de municipios, incluido el de Alzira que dio nombre a este modelo mixto. El anuncio se produce apenas cuatro meses después de que EL ESPAÑOL desvelase el entramado de cobro de comisiones de la empresa concesionaria a través de una plataforma de compras de su propiedad.

“En un ámbito tan esencial para las personas como es el de la salud, las cuestiones económicas, sin dejar de ser importantes, no deben ser el elemento determinante a la hora de diseñar y planificar el modelo sanitario público”, dice la resolución del Gobierno que preside el socialista Ximo Puig. A su juicio, la actividad de Ribera Salud “más que responder a una vocación de servicio, responde a intereses estratégicos empresariales, tendentes a captar pacientes de otros Departamentos de Salud de gestión directa, para la obtención de ingresos adicionales que permitan mejorar su cuenta de explotación”.

Tras una investigación de varios meses, este periódico publicó el pasado mes de noviembre que Ribera Salud -la principal concesionaria de España en servicios sanitarios- desvió beneficios millonarios de los hospitales públicos que controla a espaldas de la Administración. Y lo hizo con una empresa intermedia llamada b2b Salud: una central de compras creada en 2009 y que desde entonces facturó comisiones confidenciales a distintos laboratorios que venden sus productos en hospitales públicos. En total, la empresa facturó en seis años 10,6 millones de euros sin que la Generalitat Valenciana tuviera conocimiento de que respondían en parte a comisiones cobradas a proveedores. En algunos casos, esos mismos proveedores eran costeados por la Administración.

"Las deficiencias" y el resto de concesiones

Estas actividades no se limitaban sólo al Hospital de la Ribera, sino también a otros centros participados por la compañía, cuyo director general es Alberto de Rosa, hermano del presidente de la Audiencia Provincial de Valencia y ex consejero de Justicia con Francisco Camps, Fernando de Rosa. De hecho, la resolución del Gobierno Valenciano conocida este martes lanza un mensaje inequívoco al resto de centros con participación de Ribera Salud. “Las deficiencias enunciadas no sólo afectan al contrato objeto de análisis en este expediente, sino que también deben entenderse reflejadas en el resto de contratos concesionales".

Ribera Salud S.A. es accionista mayoritaria, con porcentajes superiores al 90 por ciento en dos concesiones más: Torrevieja Salud UTE y Elx Crevillent S.A. Además posee el 35 por ciento del accionariado de la concesionaria Marina Salud S.A. Esos hospitales, junto al de La Ribera, dan cobertura a 636.440 pacientes potenciales. El método que empleaban para el desvío de comisiones era sencillo: compraban medicamentos a un precio oficial marcado por los laboratorios. Ese era el valor que auditaba la Generalitat Valenciana, encargada de la concesión y que debe controlar que el beneficio obtenido por Ribera Salud no exceda unos límites pautados.

Sin embargo, por otro lado, esos mismos laboratorios recibían de forma periódica una factura girada por una empresa distinta, una compañía llamada b2b, también propiedad de Ribera Salud y que funciona como una central de compras. Con ella, laboratorios y empresas farmacéuticas firmaban un acuerdo confidencial. Un contrato que les obligaba a abonar en efectivo parte del dinero que cobraban de los hospitales a modo de porcentaje de ventas. Una comisión que en el caso de medicamentos concretos superaba el 25% y que, hasta que los publicó este periódico, la Consellería de Sanidad desconocía.

26 comisionistas

Ribera Salud captó como comisionistas desde 2011 a 26 laboratorios y empresas que cobraban directamente del dinero público. Según pudo confirmar EL ESPAÑOL, la contabilidad de la principal concesionaria sanitaria de España recoge como proveedores de su central de compras a 26 empresas que facturaron a la Generalitat en el último año por prótesis u otro tipo de implantes colocadas en hospitales de Ribera Salud.

Días después de estas revelaciones, la Fiscalía solicitó tomar declaración en calidad de investigados (lo el Código Penal denominaba antes imputados) al director gerente de Ribera Salud, Alberto de Rosa, y al director financiero, Pablo Gallart, en el marco de una causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia.

Ahora el Gobierno valenciano justifica su decisión de no prorrogar la relación con Ribera Salud por las “carencias” del contrato suscrito en 2003 y que contemplaba una ampliación de cinco años más. La resolución dedica a las clausulas del contrato adjetivos como “ambiguas", "imprecisas" o incluso sensibles de de generar “problemas de ejecución al ser susceptibles de interpretaciones dispares”. Añade que “no contempla criterios para evaluar la calidad de la prestación del servicio”.

No habrá prórroga

“Por consiguiente, la política de organización y planificación del sistema sanitario valenciano público se encuentra, en estos momentos, limitada y condicionada por la existencia de este modelo de gestión de prestación del servicio sanitario en régimen de concesión en manos de empresas privadas. Lo que aconseja que, llegado el momento de finalización del contrato, no se proceda a su prórroga”.

Ribera Salud ya ha anunciado que va a recurrir esta decisión. En caso de que se desestimen sus pretensiones, se abrirá un periodo de transición de un año hasta que en abril de 2018 todas las instalaciones y servicios del hospital de la Ribera -que fue construido por la empresa- pasarán a manos de la Administración.

Desde ahora, se abre un plazo de transición en el que la Consellería de Sanidad requerirá a la empresa toda la documentación en sus archivos. “El adjudicatario entregará el edificio, instalaciones y equipamiento a que este contrato le obliga, en el estado de conservación y funcionamiento adecuados”, dicen las normas de reversión del servicio. El objetivo es que "los ciudadanos que residen en el ámbito greográfico de este Departamento no vean alterado el servicio sanitario".