Los jueces dicen que trataron a 'El Bigotes' como lo hubieran hecho con Urdangarin

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia ha decidido mantener a Álvaro Pérez en prisión. Y entre sus argumentos, considera que la Justicia no ha tenido un doble rasero al medir con mayor dureza al trabajador de Francisco Correa y al exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, que pese a tener una condena de seis años y medio que todavía no es firme, lejos de entrar en prisión preventiva, reside en el extranjero a la espera de que el Supremo se pronuncie sobre su recurso.

En un auto emitido el pasado 21 de marzo, la sala presidida por la magistrada Pilar de la Oliva explica que "tales alegaciones de discriminación de trato", en referencia a la condena y posterior libertad de Urdangarin, "no pueden ser acogidas por la Sala, pues la resolución de la Audiencia de Baleares en los términos en que se recoge en el escrito del recurrente recoge situaciones diferentes a las del caso, tanto en cuanto a las penas impuestas cuanto a los demás procedimientos que se siguen contra el mismo". Es decir: los magistrados consideran que el caso de Álvaro Pérez  y el de Iñaki Urangarin no son comparables.

El escrito emitido por el TSJ de Valencia desvincula también el caso del responsable de Orange Market con el de los acusados en el caso Cooperación e incluso con el de su compañera en las empresas de Correa Isabel Jordán, para quien la Fiscalía pide también cerca de 70 años de prisión en distintas causas. El escrito da por bueno así el argumento del ministerio público, que en un escrito anterior mantenía la siguiente frase a modo de resumen: "La igualdad ante la desigualdad no existe". 

Camino del Constitucional 

En otro de sus escritos, tal y como adelantó este diario, la Fiscalía aludía a la "justicia social" para mantener a El Bigotes en prisión. Un concepto que no se contempla en el Código Penal. El documento judicial emitido ahora reconoce ese concepto pero asegura que la petición de la Fiscalía para mantener a Pérez en prisión no se fundamenta únicamente en ese argumento, sino en el presunto riesgo de fuga. La defensa del empresario afincado en Valencia mantuvo que Pérez cumplió siempre de forma escrupulosa con las medidas cautelares que desde 2009 le impuso la Audiencia Nacional para evitar su desaparición. Pero no fue suficiente. 

Ahora, Álvaro Pérez tiene 20 días para presentar un recurso de amparo ante el Constitucional, un plazo que previsiblemente no agotará. De hecho, su anterior recurso estaba pendiente de decisión en firme desde el pasado 14 de febrero. Esa demora ha impedido que el amparo ante el Constitucional se presentara con anterioridad.