La negativa de Puigdemont a ir al Parlamento evidencia su nula disposición al diálogo

El Gobierno de Mariano Rajoy quiso reventar la puesta de largo de Carles Puigdemont el lunes en Madrid con una oferta estratégica. El Ejecutivo central, con Soraya Sáenz de Santamaría a la cabeza, brindó este viernes al presidente de la Generalitat la oportunidad de acudir al Parlamento español, donde reside la soberanía nacional, para que explique allí su proyecto para Cataluña. Es el único lugar, insisten desde el Gobierno, donde se puede decidir el rumbo de cualquier región.

La propuesta envenenada llegó a la sede del Ejecutivo catalán desde Moncloa, donde la vicepresidenta del Gobierno salió por sorpresa a la tradicional rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para informar del tema. Previamente, Rajoy debatió a puerta cerrada con todos sus ministros -excepto la representante de Empleo, Fátima Báñez, y la de Sanidad, Dolors Montserrat, ausentes por agenda ministerial- la oferta que quería lanzar a Cataluña y "todos hicieron sus aportaciones", según fuentes gubernamentales. La posición de todos los miembros del Consejo de Ministros fue unánime y estuvieron de acuerdo en que la "única vía" para abrir la posibilidad al referéndum catalán era que el presidente soberanista presentase su proyecto en las Cortes Generales.

Nadie en el Govern se esperaba el golpe de efecto de Madrid y la oferta pilló con el pie cambiado a todo el equipo de Puigdemont. La respuesta a la invitación del president no llegó hasta seis horas después, cuando rechazó la propuesta. Según su versión, el acuerdo se ha de alcanzar entre gobiernos y luego ser ratificado por los parlamentos.

El Gobierno central, sin embargo, mantiene que son los 350 diputados que representan a todos los españoles los "únicos" que tienen potestad para cambiar las reglas del juego. "Solo a las Cortes Generales le compete decidir sobre este asunto", insisten fuentes de Moncloa. En su comparecencia, la propia Santamaría subrayó en más de una ocasión que "el reglamento de las Cortes y la Constitución establecen los mecanismos" para este tipo de iniciativas que plantea Puigdemont.

Maniobra gubernamental

Con esta maniobra, el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy busca dejar en evidencia que las intenciones del president únicamente responden al deseo de saltarse las normas y los cauces legales que existen para intentar sacar adelante su procès. De hecho, el Gobierno insiste en que la celebración de un referéndum de autodeterminación "no compete a un ejecutivo concreto ni a ningún partido en concreto", sino a todos los españoles.

Puigdemont se resiste a presentar su proyecto en las Cortes, pero no modifica ni un milímetro su agenda: el lunes visitará el Palacio de Cibeles, gobernado por Ahora Madrid, y allí hará la puesta de largo de su proyecto.

Santamaría no quiso ahondar en los pormenores de la oferta de diálogo que sigue viva, pero dejó entrever que tanto la versión catalana del PSOE, el PSC, como Ciudadanos, están informados de todos los pasos que da el Ejecutivo central para frenar el procès. Más tarde, fuentes de Moncloa dieron a entender que los dos partidos constitucionalistas estaban al tanto de la oferta que iban a enviar. Por el contrario, fuentes de la formación de Albert Rivera desmienten que estuvieran al corriente de la propuesta lanzada desde Moncloa al Govern.

Los antecedentes

Sea como fuere, desde Moncloa recuerdan que no es la primera vez que Rajoy ofrece a los independentistas presentar sus planes ante el Congreso. En septiembre de 2012, fue el mismo presidente del Gobierno quien advirtió al entonces president, Artur Mas, de que fuera al Congreso de los Diputados a explicar lo mismo que le estaba explicando a él. Entonces, como ahora, la respuesta fue la misma: un no rotundo. Los independentistas tienen todavía grabado en la retina el momento en que Juan José Ibarretxe aceptó la misma invitación en 2005 y expuso su programa ante el Parlamento: perdió con 313 votos en contra, 29 a favor y dos abstenciones.