El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha suspendido de forma cautelar el decreto de plurilingüismo aprobado por el Gobierno valenciano por el que se premiaba la educación en valenciano con mayores niveles de inglés frente a los centros que escogiesen niveles de educación en castellano. El decreto debe implantarse de forma progresiva a partir del próximo curso. El auto del tribunal, que no entra en el fondo del asunto, supone la suspensión cautelar de este proyecto educativo a la espera de una sentencia sobre el decreto. El gobierno valenciano ya ha anunciado que recurrirá.
El auto hecho público este miércoles por el TSJ valenciano recoge: “Es evidente que de no adoptarse la solución de paralizar su ejecutividad podrían producirse graves daños y perjuicios de reparación imposible o difícil para los intereses y derechos de la parte recurrente”.
El auto responde al recurso contencioso administrativo que presentó la Diputación de Alicante contra el decreto de plurilingüismo del Consell al considerar que la norma “discrimina gravemente” a parte del alumnado. Es justo en la provincia de Alicante donde mayor contestación social ha despertado el decreto del consejero Vicent Marzà que ahora queda paralizado judicialmente. La última gran manifestación tuvo lugar el pasado viernes.
El 'plurilingüismo' de Mrazà
El decreto de plurilingüismo valenciano suprime el actual sistema en el que se podía elegir entre una línea en castellano (con una o dos asignaturas en valenciano) y una línea en lengua propia de la Comunidad Valenciana en las etapas educativas no universitarias. El nuevo decreto establece una única vía por centro a elegir entre seis niveles que van desde estudiar todo en castellano (salvo las asignaturas de valenciano e inglés) a estudiarlo prácticamente todo en valenciano. A mayor nivel de valenciano, mayor de inglés y, en consecuencia, mayor capacitación en lengua inglesa.
La previsión era que en el siguiente curso comenzara la aplicación del plan en los niveles de Infantil. De hecho, los centros ya habían elegido niveles, lo que provocó un vuelco en la educación en valenciano. Más de la mitad de los centros optaron por los niveles avanzados en lengua propia. La suspensión cautelar deja en el aire esta aplicación, a la espera de que el tribunal dicte sentencia sobre el contenido del decreto. El Ministerio de Educación, tras las reticencias que mostró inicialmente, acabó dando por bueno el texto. La Diputación de Alicante, por su parte, optó por acudir a los tribunales.
"Derechos disminuidos"
Ahora, la Sala de lo Contencioso Administrativo les da la razón en cuanto a la idoneidad de decretar la suspensión cautelar del decreto. El órgano judicial considera que “es evidente” que, de no suspenderse hasta que haya una sentencia sobre el fondo del asunto, “un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas”. Según el auto, a pesar de las alegaciones efectuadas por el letrado de la Generalitat, “se aprecia que existe una diferencia entre las acreditaciones de los idiomas en los niveles básico, intermedio y avanzado”.
Ademas, el TSJ da especial importancia a que la parte recurrente sea una administración pública como la Diputación de Alicante. “No es frecuente que una administración tome la iniciativa en defensa de sus ciudadanos frente a lo que considera una disposición general contraria a derecho”, recoge el auto. Es por ello que la sala tiene “especial consideración” con esta circunstancia: “Si bien se presume el interés público en la administración de la Generalitat Valenciana demandada y en el derecho recurrido, no debe olvidarse que también es defensora de ese interés público la administración alicantina recurrente”.
No se prejuzga nada
Por todo ello, la Sala acuerda suspender de forma cautelar el decreto de plurilingüismo que estaba comenzando a implantarse de cara al próximo curso. El auto apunta que lo resuelto en el auto se refiere “única y exclusivamente” a la medida cautelar, no al fondo del recurso y que “en absoluto se prejuzga nada de lo que pueda resolverse en su día en la sentencia que se dicte”.
El consejero de Educación valenciano, Vicent Marzà, ha avanzado este miércoles que su departamento recurrirá la decisión del TSJ y ha insistido que está "tranquilo" porque el texto cuenta con el aval del Consell Jurídic Consultiu, la Abogacía de la Generalitat y el Ministerio de Educación.