El micrófono de la UCO en el despacho de González dispara el negocio de las empresas que hacen barridos

La Audiencia Nacional autorizó la instalación de un micrófono oculto en el despacho profesional de Ignacio González dentro de la investigación del caso Lezo. Esa actuación ha tenido una consecuencia inesperada: que las empresas de seguridad que operan en España reciban un aluvión de peticiones para realizar barridos en los despachos de los principales ejecutivos del país.

Según confirman fuentes del sector, es común que las grandes empresas nacionales se sometan cada cierto tiempo a una limpieza completa de sus despachos en busca de micros ocultos u otro tipo de dispositivos de grabación. Es una lucha continua contra el espionaje industrial y las batallas internas de sus directivos.

Este tipo de servicios cuesta cantidades millonarias. Un barrido sencillo puede oscilar entre los 1.500 y los 3.000 euros para una oficina de 100 metros cuadrados. Pero uno especializado en micros ocultos puede dispararse por encima de los 10.000 euros si requiere maquinaria y trabajos especializados. Y eso en dependencias pequeñas.

“Para limpiar una oficina de 60 metros cuadrados y hacerlo a conciencia, podemos necesitar cerca de cinco o seis horas”, confirman fuentes del sector especializadas en este tipo de trabajos. Lo normal es que las zonas más comprometidas de las grandes compañías del Ibex sean auditadas por expertos en seguridad al menos una vez al mes.

“En las últimas semanas, solo hemos hecho este tipo de trabajos”, confirman los expertos, que achacan directamente esta “histeria” a las revelaciones de la prensa después de que la Audiencia Nacional permitiera instalar un micro en el despacho profesional de Ignacio González. Es la primera vez en España que esta medida -mucho más común en investigaciones contra el terrorismo o el crimen organizado sobre armas, drogas o personas- se utiliza en la investigación a un político de alto nivel. El juez encargado en aquel momento de la causa, Eloy Velasco, autorizó la petición ante la sospecha de que los pinchazos telefónicos, autorizados desde el pasado verano, serían estériles tras los avisos que el entorno del expresidente autonómico recibió de la existencia de una investigación en su contra.

En este caso, la Audiencia Nacional autorizó un uso parcial y excluyente del micro oculto. Es decir: el dispositivo se activaba por control remoto cada vez que los agentes podían acreditar de antemano que en el despacho de González se mantenía una conversación relevante para la investigación. El resto del tiempo, el dispositivo debía permanecer apagado.

Fuentes expertas en este tipo de barridos han confirmado a EL ESPAÑOL que estos dispositivos, accesibles en remoto, son los más difíciles de detectar, ya que su consumo de energía y su rastro cuando están apagados es prácticamente testimonial. De hecho, el diario El Mundo desveló que González encargó a una firma de seguridad de su confianza el barrido de su despacho dos días antes de ser detenido y los técnicos no encontraron nada.

Micros localizados

La legislación española permite el uso de determinadas tecnologías de contravigilancia con la finalidad de evitar pinchazos o escuchas ilegales de terceros. Son equipos de secrafonía o encriptación que, en ocasiones, entorpecen enormemente las operaciones policiales. Así sucedió por ejemplo con el principal imputado en la operación Malaya, Juan Antorio Roca, que llevaba sus tarjetas de teléfono encriptadas por hardware. Para evitar ese bloqueo, la policía consiguió autorización para pinchar los terminales de sus colaboradores más cercanos. Eran ellos en sus conversaciones con terceros, ya sin el velo de la tecnología, los que explicaban las órdenes secretas que momentos antes habían recibido del ex asesor del Ayuntamiento de Marbella.

En la actualidad, es común que las principales empresas del país contraten servicios de secrafonía y encriptación para los teléfonos móviles de sus ejecutivos. Sistemas de voz por IP con cifrado en servidores seguros, como el comercializado por la firma tecnológica Indra, de creciente implantación en España al ser utilizado por los miembros del Gobierno para cifrar también sus conversaciones. Las autorizaciones judiciales para intervenir las comunicaciones afectan también a este tipo de servicios, pero en la práctica, es mucho más complicado acceder a esas conversaciones.

Hace meses, se puso de moda entre empresarios y cuerpos de seguridad el uso del sistema de mensajería Signal, popularizado tras el uso que hizo de él el ex empleado de la CIA Edward Snowden para filtrar las pruebas del programa de espionaje cibernético de EEUU.

En España, es completamente legal contratar este tipo de servicios, sin embargo el uso de micros ocultos con autorización judicial abre un nuevo interrogante para las empresas que los ofrecen. ¿Qué sucede cuando los técnicos en seguridad privada localizan un micro de escucha? ¿Cómo saben si es un elemento de investigación autorizado o simplemente un espionaje? "Lo que nosotros hacemos es comunicar al cliente que hemos encontrado un micro o cualquier otro sistema oculto en su despacho. Es decisión suya si lo retiramos, si lo dejamos operativo o si acude con él a comisaría para denunciar un posible espionaje", señalan los profesionales consultados.