El consejero delegado de Arpegio abrió hace un año cuentas en Suiza en plena investigación Púnica

El consejero delegado de Arpegio y exjefe de Gabinete de Celia Villalobos en el Ministerio de Sanidad y Consumo, Eduardo Larraz, abrió hace un año varias cuentas en Suiza en pleno 'caso Púnica' en el que se investiga, entre otras cosas, amaños en la empresa madrileña cuando él era consejero delegado y por lo que está siendo investigado.

Según aparece en un informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, las cuentas las abrió junto a su esposa, el 12 y el 27 de mayo de 2016, en el Julius Bar & Co Ag, de Zurich (Suiza). Este nuevo dato es suficiente para que la Fiscalía Anticorrupción se oponga a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de levantar el secreto de sumario de la parte relacionada con Arpegio, por la que se hicieron varios registros hace un mes.

Ha sido una de las últimas decisiones del magistrado antes de abandonar del Juzgado Central de Instrucción número 6 para incorporarse a la Sala de Apelaciones de la Audiencia.

Según relatan las fiscales en su escrito, a Larraz se le investiga por unas cuentas en Suiza abiertas entre los años 2004 y 2008 y en las que se pudo cobrar dinero proveniente de los amaños de contratos públicos en la empresa de la que él era consejero delegado. En esos bancos suizos aparecieron 146 lingotes de oro, que guardaba a buen recaudo.

En relación a Larraz, Anticorrupción señala que tiene datos a través de la Agencia Tributaria de la existencia de flujo de dinero hacia cuentas bancarias en Suiza abiertas por el empresario Adolfo Fernández Maestre, vinculado a amaños en Arpegio. “La Fiscalía va a presentar la solicitud de remisión de Comisión Rogatoria a Suiza en aras de la recuperación de activos que hayan sido malversados”.

El juez obstaculiza la causa

Para la Fiscalía, es necesario que continúe el secreto de sumario en esta parte de la investigación, sobre todo después de que el pasado mes de mayo hubo un registro en la sede de Arpegio, en el marco de la Operación Púnica, y la Guardia Civil todavía tiene pendiente de analizar la documentación incautada.

"El levantamiento del secreto en estos momentos obstaculizaría el buen fin de la investigación, pudiendo frustrar la recuperación de activos malversados o el esclarecimiento de los hechos", por lo que pide al magistrado que deje sin efecto su orden de levantamiento.

La empresa de la que es administrador único Fernández Maestre, Dusa, recibió de Arpegio un contrato para asesorar y apoyar a la empresa pública en la gestión de las licitaciones de 500 obras que el Gobierno regional, presidido entonces por Esperanza Aguirre, debía conceder. Por ese trabajo, Fernández Maestre cobraba un sueldo de 216.000 euros anuales, pagados por las arcas públicas.

El dato sobre el exjefe de Gabinete de Celia Villalobos en su época como ministra se conoce el mismo día en que Villalobos ha asegurado, tras conocerse la sociedad en Panamá del ya ex fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, que "a lo mejor queremos que salgan de una clausura o sean pobres de solemnidad y no tengan derecho a tener nada. No lo sé".

Posible malversación contable

Según explica el informe, firmado por el fiscal y jefe del Tribunal de Cuentas, los gastos sufragados con dinero público puede ser constitutivos de responsabilidad contable. "En efecto, cabe constatar la existencia de numerosos pagos efectuados, con cargo al erario público, que tenían por finalidad llevar a cabo la consulta del 9 de noviembre de 2014, acto contrario al ordenamiento jurídico, según mandato explícito del Tribunal Constitucional", recoge el documento.

Para el Ministerio Público, los gastos generados han sido destinados a un "fin radicalmente ajeno a la función pública, por tanto carentes de justificación".

El fiscal explica que en la jurisdicción contable se contempla un concepto propio de malversación, al que se denomina malversación contable, independiente del acuñado en el ámbito penal.

"La infracción de normas contables y presupuestarias está implícita en los supuestos de alcance o malversación, pues estas dos infracciones contables típicas constituyen, por definición, una vulneración de aquellas normas", añade.

En el informe se recuerda que lo que corresponde al Tribunal de Cuentas es la exigencia de la responsabilidad contable a través de los procedimientos de reintegro por alcance y de juicio de cuentas que no se articulan como procesos impugnatorios de una decisión administrativa previa, sino que se ejerce directamente sobre las cuentas, alcances y cancelaciones de fianzas.