La Fiscalía del Tribunal de Cuentas apoya investigar a Mas y Homs por el gasto de 5 millones en el 9N

La Fiscalía ha presentado un informe ante el Tribunal de Cuentas en el que apoya la apertura de una investigación contra los dirigentes catalanes Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs para determinar sus responsabilidades por el gasto de más de cinco millones de euros en las votaciones del 9-N.

El Tribunal de Cuentas ha recibido un escrito de diversas entidades que solicitan la apertura de una investigación por el uso de dinero público.

En su informe, el Fiscal solicita a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un Delegado Instructor.

Se trata de otra vía para investigar el mal uso de fondos públicos para sufragar la consulta independentista del 9N. Todos ellos han sido condenados por prevaricación pero nunca fueron acusados de malversación de fondos públicos.

Según explica el informe, firmado por el fiscal y jefe del Tribunal de Cuentas, los y gastos sufragados con dinero público puede ser constitutivos de responsabilidad contable. "En efecto, cabe constatar la existencia de numerosos pagos efectuados, con cargo al erario público, que tenían por finalidad llevar a cabo la consulta del 9 de noviembre de 2014, acto contrario al ordenamiento jurídico, según mandato explícito del Tribunal Constitucional", recoge el documento.

Para el Ministerio Público, los gastos generados han sido destinados a un "fin radicalmente ajeno a la función pública, por tanto carentes de justificación".
El fiscal explica que en la jurisdicción contable se contempla un concepto propio de malversación, al que se denomina malversación contable, independiente del acuñado en el ámbito penal.

"La infracción de normas contables y presupuestarias está implícita en los supuestos de alcance o malversación, pues estas dos infracciones contables típicas constituyen, por definición, una vulneración de aquellas normas", añade.

En el informe se recuerda que lo que corresponde al Tribunal de Cuentas es la exigencia de la responsabilidad contable a través de los procedimientos de reintegro por alcance y de juicio de cuentas que no se articulan como procesos impugnatorios de una decisión administrativa previa, sino que se ejerce directamente sobre las cuentas, alcances y cancelaciones de fianzas.