Desde que perdió las primarias del PSOE, Susana Díaz se ha atrincherado en Andalucía con un objetivo: reivindicarse y hacer valer su peso institucional y orgánico al gobernar el mayor feudo socialista del país como presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A. Para ello es vital que mantenga la hegemonía socialista en la región y, con este fin, no ha dudado en tirar la casa de ventana a base de gasto público.
La presidenta andaluza ha comparecido este miércoles en el Parlamento para debatir sobre la situación de la comunidad y ha lanzado una batería de medidas para la comunidad centrando el discurso en las propuestas que mejor le han funcionado al PSOE en Andalucía para conservar el gobierno durante 40 años, como son las políticas sociales y las ayudas públicas. Susana Díaz pretende así allanar el camino para revalidar su Gobierno en la próxima cita electoral.
Como medida estrella, ha confirmado la bonificación al 99% de las matrículas universitarias sobre la base de los créditos aprobados en primera matrícula. También en educación, se ha comprometido a ampliar las plantillas docentes en 5.100 plazas en los dos próximos cursos; a instar al Gobierno central a establecer la gratuidad de la enseñanza hasta los tres años y a ejecutar este verano 67 actuaciones dentro del plan de retirada de amianto en los colegios.
Relacionado igualmente con los menores, la presidenta ha anunciado la puesta en marcha en un plazo de tres meses de un itinerario personalizado para niños víctimas de la violencia machista, así como la personación de la Junta de Andalucía en este tipo de casos
Renta mínima garantizada para los andaluces
Siguiendo con las políticas sociales, Susana Díaz ha propuesto la constitución de “una renta mínima de inserción social como prestación garantizada del sistema público de Servicios Sociales de Andalucía”, y cuyos beneficiarios serán “las familias que dispongan de unos recursos mensuales inferiores a 415,35 euros si es una sola persona”. El objetivo, ha dicho, es “erradicar la pobreza”.
Sobre financiación, la baronesa andaluza ha destacado la firma de un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por el que Andalucía recibirá 217,5 millones de euros a unas condiciones más ventajosas que las que “impone el Gobierno Central”. También ha propuesto la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento -con expertos y representantes de la sociedad civil- para alcanzar una posición única sobre financiación autonómica.
Susana Díaz pretende extender entre los grupos parlamentarios un acuerdo sobre la postura de Andalucía en la política de cohesión territorial en España. A su juicio, la región “viene sufriendo en los últimos años recortes” en los “principales instrumentos” que el Ejecutivo central tiene para garantizar la cohesión territorial, que son la inversión pública y el Fondo de Compensación Interterritorial.
200 millones para fomentar el empleo industrial
Las medidas e incentivos en materia de empleo son bastante amplias. La baronesa andaluza apuesta por crear una Mesa por la Calidad y la Dignidad en el Empleo compuesta por la Junta, los empresarios y los sindicatos. En septiembre estará operativo el decreto destinado al fomento del empleo industrial, dotado inicialmente con 200 millones de euros.
En este sentido, ha anunciado que para el tercer trimestre del año se abrirá una línea de incentivos para impulsar los espacios de innovación con un coste de 229 millones de euros, al tiempo que apostó por nuevas ayudas al programa para el desarrollo energético sostenible para pequeñas y medianas empresas (pymes) y redes inteligentes, que supondrán un gasto de 63 millones de euros.
Otras medidas destacadas por la presidenta andaluza han sido la activación de un programa de internacionalización de emprendedores, una campaña de promoción internacional de los productos andaluces en los principales mercados del mundo y un plan de actuación de los Técnicos Habilitados de la Junta con visitas a más de 2.600 centros de trabajo. También ha concretado el calendario de infraestructuras sanitarias para 2017.
Nuevas leyes en Andalucía
Durante lo que resta de legislatura, Susana Díaz pretende dar un impulso a algunas de las leyes andaluzas. Así ha avanzado que antes de final de año se remitirá al Parlamento andaluz la Ley del Cine y, próximamente, la Ley Audiovisual de Andalucía, mientras que después del verano se enviará la Ley del Cambio Climático.
Otro elemento que no ha faltado en la intervención inicial de la baronesa andaluza ha sido la confrontación con el Gobierno Central. Susana Díaz ha presentado a Andalucía como una víctima de las políticas del PP y ha recurrido al discurso del miedo a la derecha. Ha criticado que Mariano Rajoy haya sacado “a subasta” los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha advertido de que no consentirá que trate a los andaluces como “ciudadanos de segunda”.
Por último, Susana Díaz también se ha referido a su propuesta más polémica: la de nombrar Comisionado para la Memoria Histórica a Diego Valderas, líder histórico de IU, lo que conllevaría una modificación de la citada ley para crear esta plaza ad hoc. Desde la formación de izquierdas, contrario a esta iniciativa, le ha vuelto a reprochar que “haga trampas con las leyes ni las utilice para meter los dedos en una organización política, que es lamentable”.