A Cristóbal Montoro sólo le queda Mariano Rajoy. El ministro de Hacienda y Función Pública sufrió este jueves un duro golpe con la anulación de la amnistía fiscal decretada por la unanimidad de los magistrados del Tribunal Constitucional. Toda la oposición arremetió contra el ministro, de los más longevos en el Gobierno y muy próximo a Soraya Sáenz de Santamaría.

El ministro se vio también cuestionado por técnicos de Hacienda, pero, sobre todo, por el alto tribunal encargado de velar por el cumplimiento de las reglas de la democracia. La amnistía fiscal supone la "abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”, explica la sentencia sobre quien debe velar por la financiación de servicios esenciales como la Sanidad o la Educación. 

La amnistía fiscal protege a los defraudadores sobre quien debe perseguirlos, sostienen los magistrados por unanimidad. Legitima “la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo”. 

El PSOE pide su dimisión inmediata

Nada de esto es nuevo para el PSOE, que lleva años sosteniéndolo desde el Congreso de los Diputados. Los socialistas presentaron el recurso de inconstitucionalidad que este jueves acabó en la contundente sentencia. 

La amnistía fiscal es "una de las páginas negras de la Hacienda pública española. Montoro será recordado como el ministro que llevó a cabo una amnistía vergonzosa", dijo Pedro Saura, portavoz de Hacienda del grupo socialista en la cámara baja. "Si tuviera un mínimo de vergüenza, el propio ministro presentaría su dimisión esta misma tarde", pidió, sin muchas esperanzas. 

Ciudadanos calificó como "vergonzosa" la amnistía, que permitía regularizar activos mientras se pagase un 10%, sin declarar su procedencia y evitando cualquier otro tributo o sanción. Según Toni Roldán, el portavoz de Economía en el Congreso, Montoro premió a "defraudadores y tramposos" como "los Pujol, los Granados o los Bárcenas", mientras "castigaba" a las clases medias. Eso sí, Ciudadanos, socio parlamentario del PP, evitó pedir por el momento la dimisión a pesar de sus críticas a la amnistía y sus continuos llamamientos a la persecución del fraude fiscal. 

"El Gobierno viola la Constitución"

"El Gobierno del PP se viste de máximo garante de la Constitución, pero cuando toca defender los intereses económicos de los defraudadores, como Rodrigo Rato, (...) viola la propia Constitución del 78", dijo por su parte Pablo Echenique, número dos de Podemos. "Un Gobierno no puede hacer leyes para que los defraudadores fiscales tengan ventajas" sobre el resto de ciudadanos, según él. 

Tras las reiteradas peticiones de comparecencia avanzadas por la oposición, el grupo popular en el Congreso anunció que Montoro acudiría a explicarse, pero por iniciativa propia. 

"El Gobierno ha cumplido"

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, avanzó este jueves alguno de los arguentos que podría utilizar su superior. "El Gobierno ha cumplido con su obligación e hizo lo que tenía que hacer", dijo en declaraciones a la Cadena Ser. "El Tribunal Constitucional pone en valor que no tiene ningún tipo de consecuencia y no discute las regularizaciones, además de que la propia Agencia Tributaria está actuando", según él. 

Los técnicos de Hacienda representados por Gestha creen que Montoro "no veló por preservar los principios esenciales que deben regir el sistema tributario para que sea considerado justo", lo que hace que su continuidad sea "insostenible", según un comunicado recogido por la agencia Efe. Los técnicos confían en que la sentencia "parece cerrar la puerta a nuevas amnistías", aunque la amnistía del propio Montoro aún está por decidir. Le corresponde a Mariano Rajoy. 

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