El expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, actualmente en prisión por el caso Lezo, confesó en una conversación grabada por la UCO el 20 de diciembre pasado que había cometido irregularidades en la compra de la compañía brasileña Emissao y que se saltó "cien veces muchas cosas", pero se justificaba así: "Si te la atas con papel de fumar, aquello estaría en pérdida desde el principio".
Su interlocutor era Ignasi Maestre, también investigado en la causa por mover presuntamente el dinero de la trama en Andorra. Quedaron en un restaurante de la calle Jorge Juan de Madrid y allí la Guardia Civil instaló un micrófono de ambiente para conocer el contenido de la conversación.
Según creen los investigadores, desde el Canal de Isabel II se destinaron más de 20 millones de euros públicos en la compra de Emissao. Pero cuando un mes después apareció en las cuentas del Canal, la sociedad reflejaba un patrimonio neto de menos de la mitad de lo que se habían gastado por ella. Las sospechas de los investigadores es que los impulsores de la operación pagaron un precio sobredimensionado para luego repartirse el beneficio.
"Me excedí de mis poderes"
El ya exconsejero también del diario La Razón se refiere así a esa operación y a la información que ha leído en el periódico: “Ahí debo decirte que pueden tener cierta razón. Yo firmé un contrato de mediación con una gente. Ahora dicen que me excedí de mis poderes (...) es posible que hubiera tenido que pasarlo por Junta, en fin, es que no lo sé, esto lo tengo que comprobar, lo que sí que es cierto es que me salté ese acuerdo porque era lesivo para la sociedad, encarecía de una manera desproporcionada, los intermediarios no aportaban nada”.
Ignasi Maestre y Edmundo Rodríguez tomaban las consumiciones que habían pedido en el restaurante mientras el segundo seguía con sus explicaciones sobre la noticia publicada en el periódico 20 Minutos: “Ahí puede haber cierta razón, pero dentro de un contexto empresarial, joder anda que no haces cosas (...) yo me he saltado cien veces muchas cosas pues porque te las saltas en el día a día de una empresa, no sé si me explico, pero fíjate, ahora por administración desleal se quieren querellar”.
Desconocía la "administración desleal"
Rodríguez Sobrino revela también en la conversación que no sabía que existía el delito de administración desleal hasta hace unos meses, a pesar de que estuvo diez años (2006-2016) gestionando dinero público al frente de la filial colombiana del Canal de Isabel II. Se enteró en diciembre gracias a una noticia de prensa que hablaba de él y de la compra de Emissao, una de las razones que le han llevado a la cárcel en el marco de la operación Lezo.
“Hablan de administración desleal, que yo no sabía ni que existiera ese delito ¿eh?, lo acabo de leer por primera vez en mi vida, que debe de existir ¿eh?, pero ni lo sabía”, le confesó un nervioso Edmundo Rodríguez Sobrino a Ignasi Maestre.
"Conmigo se ha portado bien"
“El 90 por ciento de mis males provienen de que yo no salí corriendo de Ignacio González como si fuera un apestado, es un señor que conmigo se ha portado bien ¿por qué voy a salir corriendo?”, le dice también a su interlocutor.
El jueves pasado la Audiencia Nacional decidió mantener en prisión preventiva a Rodríguez Sobrino, donde se encuentra desde el pasado 21 de abril cuando fue arrestado precisamente junto al expresidente de la Comunidad de Madrid, su principal valedor en el Canal de Isabel II.
Esta semana, agentes de la UCO se desplazaron a Barranquilla (Colombia) para hacer registros en las propiedades con las que cuenta ese empresario en el país. En el marco de esos trabajos, los investigadores hallaron más de 262.000 euros en metálico.
Organización criminal y blanqueo
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional entiende que los hechos de los que se le acusan a Rodríguez Sobrino pueden ser constitutivos de los delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, corrupción, malversación y blanqueo. No se incluye en esta lista el delito de administración desleal, inédito para el procesado, que además de sus cargos en Inassa y La Razón, tenía un despacho de abogados y participación en otras sociedades, entre ellas la editora del periódico del grupo Planeta.
El delito de administración desleal viene recogido en el artículo 252 del Código Penal, y se aplica contra los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado. Las condenas por este delito pueden alcanzar hasta los seis años de prisión.