El Gobierno impulsará una Ley Orgánica para blindar las fronteras aéreas contra yihadistas

El Gobierno impulsará la aprobación de una Ley Orgánica que tendrá que pasar el trámite parlamentario con el fin de adaptar la legislación española al PNR (Passenger Name Record), el fichero de pasajeros aéreos. Se trata de la medida estrella antiterrorista de la Unión Europea para blindar las fronteras comunitarias del acceso de yihadistas procedentes de lugares en conflicto con intención de atentar. Esta medida, aprobada hace más de un año en la Eurocámara, se encuentra paralizada y no está prevista su entrada en vigor hasta el segundo trimestre de 2018 debido al atraso de los Estados a la hora de transponer la directiva comunitaria que la regula. 

Los foreign fighters retornados sigue siendo la principal preocupación de las fuerzas y cuerpos de seguridad occidentales. Se trata de personas que se desplazaron a combatir junto a los yihadistas en Siria, Libia o Irak y que regresan más radicalizados y con mayor experiencia para cometer atentados. En ocasiones basta alguna corta estancia a juzgar por los autores de muchos de los atentados sufridos en suelo europeo como el atentado de Manchester, perpetrado por un joven que previamente se desplazó a Libia.   

El PNR europeo se propuso por primera vez en 2007, pero siempre contó con las reticencias de socialistas y liberales europeos, que lo veían una vulneración de derechos. Es una herramienta de big data que ya aplican en sus territorios EEUU, Canadá o Reino Unido. Las compañías aéreas y de viajes tienen la obligación de facilitar a las autoridades una serie de datos sobre viajeros, lo que permite que salte la alarma cuando se detecta un perfil de riesgo. Los datos que se recaban no son de carácter personal, sino que tienen que ver, por ejemplo, con la fecha de la reserva, los días de estancia , los datos de pago, el equipaje, el número de acompañantes, las escalas… Así hasta 19 patrones.

Atentado contra Charlie Hebdo

Fue después de los atentados contra la revista de Charlie Hebdo en enero de 2015 cuando sus detractores aceptaron su aprobación y se alcanzó el consenso necesario, que se plasmó en la directiva 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo. La fecha tope para su entrada en vigor es mayo de 2018, si bien son muchos los países que se encuentran rezagados. En España, por ejemplo, esta Ley Orgánica tendría que alcanzar el apoyo necesario en el Congreso de los Diputados antes de esa fecha, una incógnita atendiendo a la actual composición de la Cámara.

Es el Ministerio del Interior el encargado de gestionar la transposición de la directiva europea. Según informan a EL ESPAÑOL fuentes del Departamento que dirige Juan Ignacio Zoido, en estos momentos se trabaja en un borrador de Anteproyecto de Ley orgánica de transposición de la directiva. Explican que esta es la vía adecuada al tratar informáticamente datos de carácter personal que afectan al derecho al honor y la intimidad personal y familiar recogidos en la Constitución Española. Es necesaria una ley orgánica por tanto.

Una tramitación compleja

España fue de los primeros países en tratar de adaptar su marco normativo al PNR  bajo la gestión del ex ministro Jorge Fernández Díaz, quien erróneamente pensó que el trámite sería más sencillo. En enero de 2015 vaticinó que “para finales de año” estaría lista “la infraestructura necesaria para que los operadores y agencias de viajes suministren esos datos y con una sencillita enmienda de tres palabras en la Ley de Seguridad Ciudadana ya existiría la cobertura legal". "Lo importante es que no sólo seamos unos cuantos países sino todos los que lo tengamos", zanjó.

Es cierto que el PNR sólo tendrá sentido si lo aplican todos los países europeos del espacio Schengen, también que en la polémica Ley de Seguridad Ciudadana -pendiente de modificación- se introdujo una disposición adicional para dar cabida a este fichero de pasajeros aéreos. Pero con eso no bastaba.

Por ello los actuales responsables del Ministerio del Interior trabajan ya con un primer borrador de Anteproyecto, si bien las fuentes consultadas indican que todavía tiene un carácter muy preliminar. Ha sido elaborado por los servicios relevantes de Interior, es decir, CITCO (Centro de Investigación contra el Terrorismo y el Crimen Organizado), gabinetes del secretario de Estado de Seguridad y Secretaría General Técnica del Ministerio. Próximamente se realizará el primer envío del texto al Consejo de Ministros para la solicitud de los informes correspondientes a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado para que incorporen al texto las observaciones pertinentes.

Las fuentes consultadas aseguran que, tanto la Directiva PNR como la Ley española en la que se está trabajando respetan el marco vigente de  protección de datos, por lo que "la futura ley española no implicará modificación alguna de la Ley de Protección de Datos y de la Ley acceso a la información pública". Se trata de las dos normativas que regulan actualmente la cesión de datos entre administraciones y particulares.

Remisión a las Cortes

Después el texto sería devuelto al Consejo de Ministros para la aprobación del proyecto y remisión a las Cortes Generales donde arrancaría su tramitación parlamentaria con el trabajo de todos los grupos. Las mismas fuentes advierten de que el Anteproyecto será objeto de consultas con todos los sectores afectados. Ya se ha realizado, a través del Portal web del Ministerio del Interior la consulta pública previa que ha introducido la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015), que supone incrementar la participación ciudadana en los procesos de elaboración normativa. El plazo para enviar contribuciones terminó el pasado mes de mayo.

Paralelamente al desarrollo normativo, Interior asegura que ya cuentan con la herramienta tecnológica preparada para soportar el sistema PNR español.