EH Bildu se fija en Cataluña para reclamar la transferencia de prisiones

La coalición abertzale EH Bildu promueve que el Parlamento Vasco elabore un plan con el que negociar y asumir la transferencia de prisiones, un traspaso prioritario en la agenda del Gobierno de Íñigo Urkullu que forma parte también de los compromisos programáticos asumidos por los socios de la coalición, PNV-PSE-EE.

Considera urgente debatir sobre el modelo a desarrollar y las políticas a implementar una vez que rechaza la “herencia” que van a recibir de la Administración General del Estado. En busca de ese nuevo diseño una delegación de la coalición se ha trasladado a Cataluña para conocer de primera mano cómo se gestiona la transferencia en esa comunidad autónoma, la única que tiene asumida la competencia.

Tras entrevistarse con las autoridades catalanas, jueces de vigilancia , y representantes de distintas organizaciones sociales y de derechos humanos, EH Bildu ha visto reforzada su opinión de que la transferencia al País Vasco “es necesaria” y “urge” prepararse para recibirla, tal y como han comunicado este miércoles a su regreso los parlamentarios Julen Arzuaga y Jone Goirizelaia, habitual abogada de presos de ETA.

"Importante autonomía"

La información recabada en Cataluña les ha llevado a concluir que la Generalitat no sólo gestiona los aspectos económicos y medios materiales de las cárceles sino que tiene margen de autonomía suficiente para implementar políticas propias.

“Lo que nosotros hemos visto es que Cataluña tiene un paraguas legal que es el Código Penal español, pero tiene unos espacios importantes de autonomía que les posibilita que ese espacio legal les facilite hacer las cosas de otra forma”, ha señalado Goirizelaia.

EH Bildu defiende un Estado vasco independiente, con su propio Poder Judicial y su propio Código Penal, pero en el camino hacia su consecución reclama aquellos instrumentos de la legalidad vigente que les permita ir cambiando el actual sistema carcelario.

En este sentido Goirizelaia ha reparado en que Cataluña,- que asumió la transferencia en 1984- no sólo se encarga de “pagar”a los funcionarios sino que ha decidido el cierre de la cárcel de la Modelo y está llevando a cabo políticas propias sobre el régimen de aislamiento de los reclusos y sus acceso a las ayudas, a la educación, al trabajo y a la sanidad. Del mismo modo que cuando los presos abandonan la prisión se encuentran con políticas sociales “distintas” a las que se aplican en el resto de España.

EH Bildu no pide copiar el modelo catalán pero se fija en su experiencia para abrir el debate que concluya en la adopción de “medidas penitenciarias nuevas, hechas desde Euskal Herria y para Euskal Herria”. Considera que el Parlamento debe completar un diseño “para no tener que aplicar lo que llegue del Estado” y avanza algunos de sus planteamientos.

La coalición abertzale aboga, entre otros cambios, por modificar el régimen de aislamiento de los reclusos, romper el binomio entre delito y cárcel para que la prisión sea "el último recurso" y abrir la política penitenciaria al trabajo y la colaboración de las organizaciones sociales y de derechos humanos, “como ha conseguido Cataluña”.

Goirizelaia ha demandado también un “sistema propio” que garantice que la seguridad no prime sobre los derechos humanos de los reclusos y defendido el replanteamiento de las ayudas sociales y medidas preventivas a adoptar una vez abandonada la cárcel.

Las demandas de Urkullu

El primer paso reclamado por EH Bildu, que el Parlamento constituya una ponencia para elaborar un plan, se somete a votación en el pleno de la Cámara este jueves . Su propuesta no cuenta de momento más que con el apoyo de Podemos, insuficiente para salir adelante.

A expensas de la decisión final de los grupos de PNV y PSE-EE, el Gobierno vasco viene defendiendo que todas las cuestiones referentes a las transferencias pendientes se debatan en el seno de la ponencia sobre autogobierno ya constituida, cuyo objetivo es conseguir un nuevo estatus para el País Vasco.

Después de los acuerdos alcanzados con el Gobierno del PP sobre el Cupo y otros compromisos ligados al acuerdo presupuestario, el Ejecutivo de Urkullu considera prioritario negociar los traspasos de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y de las prisiones levantadas en suelo vasco, aunque no hay fijado un calendario al respecto.

El Gobierno vasco pretende aprovechar el nuevo clima de relación con el Ejecutivo de Mariano Rajoy para lograr que una vez producido el desarme de ETA se introduzcan cambios en la política penitenciaria que acaben con la actual dispersión de presos de ETA por cárceles españolas. El plan pilotado desde Ajuria Enea incluye que el alejamiento de los reclusos no supere los 250 kilómetros de distancia del País Vasco, lo que lleva implícito el acercamiento de más de 250 etarras.

El fin de la dispersión es una de las exigencias de los miembros de la banda que recientemente están haciendo llegar en cartas individuales dirigidas tanto al lehendakari como a la presidenta del Gobierno navarro Uxue Barkos, y al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, a quienes reclaman apoyo en defensa de sus posiciones.

Ortuzar ya ha respondido a sus misivas, reafirmándose en el compromiso de su partido para acabar con el alejamiento, y en breve lo hará Urkullu, que mantiene personalmente informados a los presos de ETA de las iniciativas adoptadas por su gobierno en materia de reinserción.