El cazador cazado. El directivo que destapó ante las autoridades la existencia del llamado cártel del fuego se encuentra a un paso del banquillo de los acusados por el supuesto saqueo de Avialsa, la principal compañía de la trama que él mismo denunció por prácticas corruptas. Así, mientras sus superiores se dedicaban presuntamente a amañar contratos públicos para la extinción de incendios, Francisco Antonio Alandí, desde su cargo de director-gerente cargaba a la empresa decenas de viajes personales, reformas en su casa, mariscadas, aparatos electrónicos....
Así lo cree al menos el Juzgado de Instrucción Número 2 de Sagunto (Valencia) en un auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y en el que se procesa a Alandí por estafa agravada y apropiación indebida. En la misma investigación se encuentran también procesados su mujer y otros tres trabajadores de la compañía. Francisco Antonio Alandí empezó a trabajar en Avialsa en 1996 y llegó a ser el director gerente gracias a la plena confianza que en él depositó el dueño de la empresa y presunto cabecilla del cartel del fuego, Vicente Huerta Dominguez.
Obras en su casa
Valiéndose de esa posición de privilegio imputó toda una serie de gastos de carácter personal a la empresa sin ninguna relación aparente con su desempeño profesional. El auto recoge, entre otros aspectos, cómo Alandí, sin conocimiento de su jefe, ejecutó a costa del Grupo Avialsa unas obras en su domicilio. Llegó a pasar a su empresa un total de 16 facturas entre 2007 y 20011 que ascendía a 86.960 euros.
Se incluyen también un total de 22 viajes que nada tenían que ver con la empresa y en los que en ocasiones acudía acompañado de su esposa, sus hijos, familiares o terceras personas. En la relación detectada en la investigación constan al menos dos viajes a Eurodisney, varios a Andorra, otro a Dubai, tres a Roma, una estancia de varias noches en el Hotel Ritz de Madrid con toda la familia, que costó más de 8.000 euros. En otro desplazamiento a San Sebastian, el clan se alojó en el Hotel María Cristina, también de cinco estrellas. Al final, todos esos viajes costaron a la empresa 94.301,81 euros.
Paralelamente, Alandí presuntamente distrajo fondos de la empresa también para gastos personales. De este modo compraba aparatos electrónicos como una televisión, altavoces, muebles, gastó 10.800 euros en una armería y casi 2.000 en un estanco. Todas estas compras aumentaron la factura del procesado con su empresa otros 35.487,52 euros más.
Marcas de lujo
En lo que se refiere a liquidación de tickets y justificantes aparecen prendas de vestir de marcas como Ermenegildo Zegna o Luis Vuitton, restaurantes de lujo, la compra de unos skies valorados en 2.600 euros, gastos en librerías, marisquerías, puros cohíbas, videojuegos para la Play Station… así hasta otros 35.952 euros más a los que hay que sumar los gastos que hizo con la visa de la empresa y que, a ojos del juez Hector Ignacio Santamaría, arrojan indicios de criminalidad ya que no se pueden atribuir a gastos de representación. Entre los años 2008 y 2012 gastó 118.754,99 euros, que ahora reclama la empresa querellante.
Además, el investigado por razón de su cargo mantenía una cuenta abierta con la mercantil Avialsa, dado que existía una caja contable, respecto de la cual o bien hacía uso del dinero en metálico, o en su caso, realizaba una serie de transferencias a sus respectivos números de cuenta. Entre el año 2008 hasta el año 2012, dicho importe ascendió a 402.304,96 euros.
'Caso Concentración'
Alandí fue la persona que acudió a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia para denunciar la trama desmantelada en el llamado caso Concentración. Se trata de una investigación abierta contra varias empresas en la que fue detenido el ex delegado del Gobierno en Valencia Serafín Castellano. Las pesquisas se iniciaron en un juzgado de la localidad valenciana de Sagunto, pero el caso está desde la semana pasada en manos de la Audiencia Nacional.
Según el sumario del caso, los responsables de las firmas Avialsa, Espejo, Martínez Ridao, Cegisa y Faasa quedaban varias veces al año en un hotel de carretera llamado El Cruce, ubicado en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real) donde se repartían las concesiones públicas de Baleares, Extremadura, Andalucía o incluso Portugal, país que estos días sufre los efectos devastadores del fuego y donde por falta de fondos solo siete grandes ciudades tienen equipos profesionales de extinción de incendios.