La UE multa con tres millones a España por el retraso en liberalizar la estiba

Finalmente, la justicia europea ha optado por una sanción meramente simbólica a España por el retraso en liberalizar el sector de la estiba, en lugar del castigo ejemplar que pedía Bruselas. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) ha impuesto este jueves una multa de 3 millones de euros al Gobierno de Mariano Rajoy por su tardanza en cumplir la legislación comunitaria, una cantidad muy inferior a los 24 millones que había solicitado la Comisión.

La sentencia considera que España ha "demostrado su buena fe", en particular cooperando con el Ejecutivo comunitario durante todo el procedimiento. No obstante, resalta que el incumplimiento que se le imputa "persistió durante un periodo de tiempo significativo".

En concreto, transcurrieron 29 meses desde que se dictó el primer fallo del TJUE del 11 de diciembre de 2014, que declaró ilegales las restricciones a la contratación de trabajadores en los puertos españoles, hasta que entró en vigor el decreto de reforma de la estiba el pasado 14 de mayo.

Durante el procedimiento, el Gobierno de Rajoy alegó que el retraso en la ejecución de la sentencia obedeció a "dificultades internas". En particular, a la celebración de dos elecciones y a que durante casi un año estuvo en funciones, sin poderes para adoptar la reforma. 

El Tribunal de Justicia desestima este argumento y concluye que este incumplimiento debe considerarse grave, puesto que afecta a la libertad de establecimiento, que constituye uno de los principios fundamentales del mercado interior. Pese a ello, rebaja arbitrariamente la multa a tres millones de euros con el único argumento de que "el Reino de España ha puesto fin al incumplimiento que se le imputaba".

Mejora de la competitividad

El Ejecutivo comunitario no quería dejar pasar el prolongado incumplimiento del Gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, el primer aviso de infracción de Bruselas a España llegó hace más de 5 años, el 25 de noviembre de 2011. Por eso, pidió una sanción de 27.522 euros por cada día de infracción transcurrido desde el fallo de 2014 y una sanción reforzada de 134.107 euros diarios si había una segunda sentencia condenatoria. 

El reloj se paró el pasado 12 de mayo, cuando el Consejo de Ministros aprobó el segundo real decreto de liberalización de la estiba. En ese momento, la multa acumulada ascendía a alrededor de 24 millones. La Comisión se negó a perdonarla alegando que ello daría incentivos a los Estados miembros para que esperen al último minuto antes de cumplir las normas y los fallos europeos. Pero el Tribunal de Justicia ha decidido reducirla a una cantidad meramente simbólica porque España ya ha cumplido.

El Ejecutivo comunitario ha dicho este jueves que respeta la decisión del TJUE y ha resaltado que lo importante es que Rajoy ha aprobado ya la reforma, que le parece totalmente satisfactoria. Considera que resuelve las restricciones a la libertad de establecimiento de los operadores portuarios identificadas por el Tribunal. Y además contribuirá a la competitividad de los puertos españolas y ofrece un nivel adecuado de protección a los estibadores, según ha dicho su portavoz, Enrico Brivio.

Tras varias jornadas de huelgas, los sindicatos de estibadores y la patronal Anesco han logrado un acuerdo sobre las líneas básicas para negociar el nuevo convenio del sector y han desconvocado las movilizaciones.