El Partido Popular culpa a Unidos Podemos de aportar la documentación de un sumario declarado secreto a la comisión de investigación del Congreso sobre el supuesto uso partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz. Los populares han pedido por carta a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, que actúe contra su representante en ese órgano y vicepresidenta cuarta de la Mesa, Gloria Elizo.
El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha remitido una misiva en la que denuncia que la formación de Pablo Iglesias ha aprovechado su condición de acusación popular en el caso del pequeño Nicolás para tener acceso a una documentación que el juzgado competente se había negado a remitir a la Cámara al alegar su carácter secreto.
En concreto, el escrito subraya que Elizo no sólo utilizó esa información en su interrogatorio al exinspector y jefe de gabinete del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía José Ángel Fuentes Gago en su comparecencia del pasado 5 de julio, sino que la aportó también a la comisión para que todos los grupos pudieran conocerla. Los populares entienden que la diputada ha incurrido en "un evidente abuso de autoridad" y de "poder", "pervirtiendo" el significado constitucional de las comisiones de investigación y "vulnerando" los derechos fundamentales de algunos de los comparecientes, comenzando por el derecho de defensa.
Multa de 500 a 10.000 euros
Dada la "gravedad" de los hechos, el PP reclama a la Mesa del Congreso que adopte "las medidas necesarias" para que este tipo de conductas no se repitan en el futuro y se asegure el cumplimiento de la Constitución, que recalca que las comisiones de investigación no pueden afectar a la resoluciones judiciales.
Los populares apuntan que el órgano de gobierno de la Cámara deberá adoptar esa decisión con la "abstención" de la propia Elizo, que forma parte de la Mesa como vicepresidenta cuarta, y que se dé traslado de su queja al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, "a los efectos que procedan". También recuerdan que, según la legislación vigente, el abogado o procurador que revele indebidamente el contenido de un sumario podrá ser castigado con una multa de 500 a 10.000 euros.
Además, el PP reclama a Pastor que dé traslado de este asunto a la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso para "esclarecer si la actuación de Elizo ha vulnerado el régimen de incompatibilidades de los parlamentarios". La citada comisión autorizó a la parlamentaria de Podemos su escaño con su actividad como abogada aunque sin retribución.