Rajoy pide un dictamen al Consejo de Estado por el reglamento del Parlament

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha solicitado un dictamen urgente del Consejo de Estado sobre la reforma del reglamento del Parlament aprobada este miércoles que permite la tramitación exprés de la ley que prevé amparar el referéndum del 1 de octubre y la ley de transitoriedad jurídica.

Fuentes del Ejecutivo han informado a Efe de esta petición de Rajoy para determinar posibles actuaciones futuras ante esa modificación. Las fuentes citadas justifican esta decisión en el hecho de que la modificación permitiría aprobar las leyes del referéndum y transitoriedad, y destacan la gravedad que supone que se pretenda hacer sin ningún tipo de debate y sin la posibilidad de presentar enmiendas

En concreto, Rajoy ha solicitado al Consejo de Estado dictamen urgente sobre el artículo 135.2 del Reglamento del Parlamento catalán tal como ha sido redactado en la modificación aprobada hoy por el pleno de esta institución.

La petición del Gobierno de España llega después de que el Parlamento catalán diera luz verde con los 72 votos de JxSí, la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó, a la reforma del reglamento de la Cámara que permitirá a los dos partidos independentistas aprobar por el mecanismo de lectura única -el procedimiento de máxima urgencia- la ley del referéndum del 1 de octubre y las conocidas como leyes de 'desconexión', sin ningún tipo de debate y sin la posibilidad de presentar enmiendas.

"Si la reforma es ilegal la impugnaremos"

En la misma dirección se manifestaba el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha anunciado que si la reforma aprobada por el Parlamento catalán incumple alguna ley, el Gobierno procederá a su "impugnación".

"Si estimamos que la decisión incumple la normativa estatal o autonómica procederíamos a su impugnación", ha dicho el ministro en la rueda de prensa celebrada al término de la conferencia sectorial de Justicia.

Sin embargo, Catalá ha precisado que lo primero es "estudiarlo" por parte de los servicios jurídicos del Gobierno, de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado pero que, en cualquier caso, "la obligación de todos los gobiernos es que se cumpla las leyes en España porque nadie esta por encima de la ley".

Catalá también ha hecho hincapié en la "responsabilidad tan relevante que tiene el poder legislativo" de aprobar leyes, la cual "parece que debería estar acompañada de un procedimiento de debate y análisis". Por eso, para Catalá, "suprimir todas esas formalidades para hacer trámites exprés no parece muy concorde con la labor de un Parlamento".

"Algunos que promueven y solicitan el diálogo para algunas cosas parece que no quieren diálogos sino fórmulas exprés que imponen las minorías a las mayorías de forma inmediata", ha añadido.