La comisión jurídica de la patronal catalana Foment considera que la anunciada ley de referéndum de autodeterminación de Cataluña no debería llegar al Parlament y que en ningún caso debería aprobarse porque supondría "un golpe de Estado jurídico contrario al derecho interno e internacional".
En un documento redactado este jueves, la citada comisión afirma que esta iniciativa legislativa "impone una declaración unilateral de independencia exprés con una simple mayoría de votos" y supone un "ejercicio de enorme irresponsabilidad política de consecuencias impredecibles", según un comunicado de este organismo.
Asimismo concluye que el problema político que plantea "la legítima reivindicación catalana del reconocimiento de su singularidad dentro del Estado español" debe encontrar su solución "por la vía de la negociación y dentro del respeto a los principios de democracia y legalidad". La comisión jurídica de Fomento entiende que esta reivindicación debería implicar una negociación "a la que se debe acudir con ofertas y voluntad de renuncias por ambas partes".
La futura ley de referéndum, presentada el pasado 4 de julio por JxSí y la CUP en un acto en el auditorio del Parlament y que podrían registrar como proposición de ley en la cámara mañana viernes o el lunes, prevé la posibilidad de declarar la independencia de Cataluña antes de 48 horas si ganase el "sí", sin fijar un mínimo de participación.
Para los juristas de la principal patronal catalana, el derecho internacional "no ampara el referéndum" anunciado por la Generalitat "porque sólo reconoce el derecho de secesión en los procesos de descolonización y en los casos de graves vulneraciones de los derechos humanos".
Asimismo considera que el proyecto de ley, tal y como fue anunciado, "no surge de un amplio consenso, no garantiza una campaña larga y con neutralidad, no determina cómo se elaborará el censo, no garantiza la composición plural de las mesas electorales y no impone una campaña clara".
"El texto constituye una norma excepcional que como tal se sitúa por encima de las leyes del Estado español y de la doctrina del Tribunal Constitucional" y, por ello, "la comisión reafirma que el proyecto de ley se enfrenta frontalmente con la del código de buenas prácticas de la Comisión de Venecia", argumenta esta comisión.