Alejandro Requeijo Daniel Montero

La gestión de los atentados de Cataluña ha reavivado tensiones latentes en la relación entre los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil. El rechazo a la hora de compartir sus pesquisas, disputas sobre competencias o el acceso a las bases de datos internacionales han construido una convivencia sujeta a menudo a turbulencias. No obstante, desde los ataques en Barcelona y Cambrils, se han sucedido una serie de desencuentros -algunos públicos y otros soterrados- que han generado una brecha de desconfianza entre la Policía autonómica y las fuerzas dependientes del Ministerio del Interior.

1. Las denuncias de Trapero. El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha denunciado este lunes en una entrevista a Catalunya Radio que “no fluye” la información antiterrorista entre el cuerpo autonómico y la Policía Nacional. Estas declaraciones han sido el último escalón en esta escalera de desencuentros, según trasladan fuentes policiales a este periódico. Las palabras del mando policial han provocado incluso la reacción del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien ha desmentido a Trapero diciendo que “la colaboración es estrecha”.

2. Desautorización pública al ministro. El ministro se ha esforzado en vano en todas sus comparecencias públicas en negar cualquier conflicto entre los cuerpos policiales. Eso a pesar de que, dos días después de los atentados, su declaración dando por desarticulada la célula terrorista le costó una desautorización pública de los Mossos. Zoido hizo esa afirmación tras una reunión con mandos policiales del caso, incluyendo los Mossos. Pero minutos después un portavoz de la policía autonómica le recordó que la investigación la llevan ellos y que no era el momento de dar por neutralizados a los terroristas.

3. Cesión de información. El celo a la hora de retener sus pesquisas es una de las quejas trasladadas por los expertos en la lucha antiterroristas a este periódico. Fuentes consultadas indican que al menos hasta el pasado viernes (más de una semana después de los atentados), ni la Policía ni la Guardia Civil habían tenido aún acceso al material incautado. Eso a pesar de que, como se ha podido apreciar, agentes de la Policía y la Guardia Civil han participado en registros junto a agentes de los Mossos.

4. Investigación internacional. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu tuvo la iniciativa de convocar una reunión con los servicios de Información de los tres cuerpos policiales. Según algunos de los presentes en ese encuentro, el magistrado -que coordina las investigaciones- pidió a los Mossos que compartiesen los datos en su poder para que desde la Policía y la Guardia pudiesen dar traslado de sus peticiones de colaboración a los cuerpos extranjeros. Estas gestiones son competencia exclusiva de los cuerpos estatales y ese estatus es el que ha criticado Trapero durante la entrevista radiofónica.

5. Acceso a las bases de datos. Trapero sostiene que los Mossos son "la policía de referencia y que tiene el carácter central en Catalunya". En ese sentido, protesta por que “en el tema internacional no hay coherencia con esta realidad. "¿Tiene sentido que un cuerpo que ya no tiene este carácter central (La Policía Nacional), que no es el que recibe las denuncias ni los inputs de la ciudadanía, todavía sea el que se guarda esta información? No tiene ningún sentido", cuestiona.

Desde las fuerzas estatales se remiten a la Ley vigente y en concreto al artículo 9 de la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado que reserva a las Fuerzas de Seguridad del Estado la cooperación policial internacional. Esta se gestiona en la la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional. Es cierto que cualquier dato que necesiten los Mossos -o la Erztaintza- debe pasar el filtro de la Policía Nacional a la hora de solicitarlo y facilitarlo. Pero las fuentes consultadas dicen que eso no implica que se impida a las fuerzas autonómicas el acceso a ninguna base de datos.

6. El pasado del imán de Ripoll. Desde los Mossos d’Esquadra restan importancia a una comunicación recibida desde las fuerzas de seguridad belgas en la que se les solicitaba información sobre el presunto cabecilla de los atentados, Abdelbaki Es Satty. Alegan que fue un correo personal. Se basan además en informaciones publicadas en prensa, según las cuales, Es Satty estuvo bajo el foco policial al menos desde 2005 sin que nadie les informase de ello.

Por su parte, fuentes de las fuerzas de seguridad del Estado alegan que la mera comunicación con la Policía belga excedió la competencia de los Mossos. Y en cuanto a sus pesquisas sobre el imán recuerdan que nunca llegó se llegó a acreditar su relación con el terrorismo por lo que difícilmente podían haber advertido de ello a sus colegas catalanes.  "Ni la Policía ni la Guardia Civil detectaron entonces indicios de radicalismo en Es Satty", ha terciado este lunes el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido,

7. La supuesta intervención de los Tedax en Alcanar. La actuación de los Mossos en la casa de Alcanar (Tarragona), base logística de los terroristas, ha generado diversas críticas en privado por parte de expertos en la lucha antiterrorista. La policía autonómica interpretó que se trataba de un laboratorio de drogas atendiendo a los elementos que tenían en ese momento. No relacionaron ese lugar con los terroristas hasta 17 horas después, una vez la furgoneta irrumpió en La Rambla.

Los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el SUP y la AUGC respectivamente, emitieron un comunicado para denunciar la “exclusión” sufrida por parte de los Mossos. Añadían además que un equipo de los Tedax del Instituto Armado solicitó acceder a la casa de Alcanar para dar una segunda opinión y se les denegó. Sobre este punto se ha referido Trapero en su entrevista para desmentir este hecho:  “La Guardia Civil en ningún caso hizo ningún ofrecimiento porque no hubiera tenido ningún sentido. Mossos tiene su propio Tedax y estaba activado desde el primer momento".  

8. Las condecoraciones. En este marco de estos desencuentros, el Parlamento de Cataluña anunció la concesión de la medalla de honor en categoría de oro a los cuerpos de Policía catalanes participantes en las intervenciones de los atentados. Esto incluía sólo a los Mossos d’Esquadra, la guardia urbana de Barcelona y la Policía local de Cambrils (Tarragona). Excluía por tanto a la Policía y a la Guardia Civil como habían pedido desde Ciudadanos, PSC y PP. Sindicatos policiales calificaron de “miserable” la postura de la cámara catalana.