El razonamiento de la Justicia es claro. El magistrado suspende el acto pro referéndum que iba a tener lugar este domingo en dependencias del Ayuntamiento de Madrid por "ir claramente contra lo dispuesto en la Constitución española".
Manuela Carmena deberá dar marcha atrás y bloquear la cesión de una sala a "Madrileños por el derecho a decidir", agrupación que iba a defender la consulta separatista gracias a una cesión gratuita de la alcaldesa.
"Es evidente que los bienes municipales tienen como función principal servir a los intereses generales, entre los cuales no puede incluirse, en modo alguno, la pretensión de realizar actos públicos en favor de un referéndum ilegal (...) y que atenta directa, grave y claramente contra la unidad de España", relata el auto al que ha tenido acceso este periódico.
Quede claro que el juez no impide la celebración, sino su puesta en marcha en una institución pública: "Se trata de un referéndum ilegal y, en consecuencia, los actos de apoyo no pueden estar amparados por la actuación del Ayuntamiento de Madrid".
Para sostener su postura, el magistrado insiste en que el acto previsto "consiste en esencia" un claro apoyo a la ley del referéndum, también suspendida por el Tribunal Constitucional. "No es posible que un acto que abiertamente se dirige contra lo dispuesto en la Constitución (...) pueda contar con el apoyo de un municipio, que también tiene la obligación de cumplir las leyes vigentes".
Carmena acepta, pero no comparte
"Aceptamos la decisión judicial, pero no la compartimos. Por eso nos opondremos en el trámite de alegaciones a la medida cautelar dispuesta por el juez", resumió Rita Maestre, portavoz del Gobierno municipal, tras conocer la suspensión.
El Ejecutivo de Carmena dispone de tres días para presentar unas alegaciones en las que ya está trabajando. "Las providencias del TC suspenden la convocatoria del 1-O y las acciones encaminadas a su preparación, pero no los derechos políticos de expresión y reunión, que son la base de una democracia", se queja el Gobierno de Ahora Madrid.
"Todas las opiniones políticas siguen siendo legales en España. Afortunadamente, permitir que se expresen en un espacio público municipal no implica compartirlas", reseñó Maestre.
Poco después de filtrarse el auto judicial, Pablo Iglesias, Irene Montero, Íñigo Errejón y el resto de dirigentes de Podemos lanzaron mensajes en Twitter contra su contenido al considerarlo un ataque a la libertad de expresión.
"Madrileños por el derecho a decidir" todavía no ha aclarado si tratará de celebrar el acto en otro lugar. De momento, no desvelan el contenido del mismo, tampoco los ponentes. La cesión municipal fue lograda gracias al 41º miembro de las listas de Ahora Madrid, que hizo la petición en nombre de La Comuna, un movimiento vecinal de corte antifranquista.
Tanto PP como Ciudadanos celebran la postura del juez, fruto de un recurso presentado por los primeros. No obstante, también hay rencillas en el centro derecha. Villacís, portavoz naranja en la capital, exige a los populares que den su apoyo en Cataluña a la moción de censura auspiciada por Inés Arrimadas.