La orden de la Fiscalía dada este martes a los Mossos d’Esquadra obliga de facto a este cuerpo autonómico a investigar a los políticos de los que dependen orgánica y jerárquicamente. El Ministerio Público les ha encargado adoptar las decisiones que sean necesarias para evitar que el próximo 1 de octubre se celebre el referéndum independentista organizado por la Generalitat.
El propio presidente, Carles Puigdemont, afirmó el pasado 28 de agosto en una entrevista al diario británico Financial Times que su Gobierno ya contaba con 6.000 urnas para celebrar el referéndum. “No veo cómo el Estado puede frenar el 1-O”, añadía. Precisamente, encontrar e incautarse de esas urnas o de las papeletas impresas para la consulta son algunas de las medidas que conforman la instrucción dada por la Fiscalía al responsable de los Mossos, Josep Lluís Trapero.
El Ministerio Público ordena actuar "de forma inmediata" ante cualquier acto de "preparación y celebración" del referéndum, "en tanto indiciarios de delitos de desobediencia". En caso de que detecten algo al respecto deberán elaborar un atestado "de forma urgente" a a efectos de notificar el delito.
De fiesta con Puigdemont
El verano de 2016 este mando policial fue uno de los invitados a una fiesta en Cadaqués (Gerona) junto al propio Puigdemont y otros reconocidos independentistas como la exdiputada de ERC Pilar Rahola o el expresiddente del Fútbol Club Barcelona Joan Laporta. Trapero acabó tomando la guitarra para interpretar a Serrat mientras los presentes le hacían los coros. Durante la jornada hubo incluso fotos de algunos de los invitados con la bandera estelada independentista que este lunes inundó las calles de Barcelona durante la Diada.
Ahora, algo más de un año después, Trapero tendrá que investigar los movimientos de su compañero de fiesta en su deseo de convocar el referéndum. Además, la impugnación por el Gobierno del decreto de la Generalitat que fija las normas para el desarrollo de la votación independentista el 1-O solicita al Tribunal Constitucional que la suspensión de esas disposiciones se notifique personalmente a 62 cargos de la Administración catalana que pueden intervenir de alguna forma en la preparación o celebración del referéndum.
Entre ellos se encuentra Trapero como comisario mayor de los Mossos; Joan Carles Molinero, jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Central; Luis Fernando López Navarro, comisario jefe de Coordinación Territorial, y Emilio Quevedo, comisario general técnico de planificación de la seguridad. Por encima de todos ellos, la decisión afecta también al director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, que accedió a este cargo el pasado 17 de julio después de que Albert Batlle presentara su dimisión en desacuerdo con la deriva independentista.
"Votaremos el 1 de octubre, no lo podrán evitar", escribió Soler el 4 de julio en Twitter, desde donde se ha dedicado a descalificar a España con expresiones como "Espero que nos vayamos ya, porque me dais pena todos los españoles".
La popularidad de Trapero
Trapero alcanzó su mayor cota de popularidad el pasado mes de agosto durante las diversas comparecencias públicas que ofreció para dar cuenta de la investigación de los atentados de Barcelona y Cambrils. En ellas comparecía junto a su principal responsable político, el conseller de Interior, Joaquim Forn, quien en otra entrevista reciente descartó que los Mossos d'Esquadra vayan a evitar la celebración del referéndum: "No sólo no llegaremos a impedir el referéndum, sino que será todo lo contrario: facilitaremos su participación".
En una entrevista en El Punt Avui recogida por Europa Press, aseguró que los Mossos tienen que respetar la legalidad catalana "que emana del Parlament de Cataluña" y ha dicho que es probable que el Estado ponga en situaciones complicadas al cuerpo.
Ahora, la Fiscalía por medio de su instrucción recuerda a los Mossos que "como policía judicial, están obligados a seguir las instrucciones que reciban del fiscal a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes".