El Grupo Villar Mir desvió en cuatro años 6,8 millones de euros a Suiza de forma ilegal. Y fue el entonces consejero delegado de OHL, Javier López Madrid, quien lo reconoció ante Hacienda para regularizar el dinero y pagar la multa correspondiente. Ahora, la Guardia Civil trabaja para hallar posibles vínculos entre esos fondos con la presunta comisión de 1,4 millones de euros abonada en el país helvético al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonzalez, y espera los resultados de una comisión rogatoria enviada a Suiza por la Audiencia Nacional.
Según el sumario de la Operación Lezo, el Grupo Villar Mir utilizó una sociedad radicada en Suiza para ocultar fondos a Hacienda con la falsa excusa de asesorías inexistentes. La empresa extranjera se llamaba Alloys Internacional AG y estaba presidida por Javier López Madrid, imputado en la causa que investiga el presunto cobro de mordidas por parte del expresidente madrileño Ignacio González y que abandonó la dirección de OHL en mayo de 2008.
Según los informes de la Guardia Civil, el grupo empresarial desvió entre 2004 y 2007 6,8 millones de euros a Suiza, remitidos desde dos sociedades españolas llamadas Ferroatlántica sl e Hidronitro España. Los datos se descubrieron cuando los agentes de Hacienda que apoyan la investigación para la Audiencia Nacional descubrieron un acta de conformidad firmada por la empresa presidida por López Madrid, reconociendo como cierta la tesis del fisco: que el dinero salió de España en pago por trabajos que nunca existieron.
"La información obtenida por la AEAT son unas actas de conformidad que afectan a las sociedades Ferroatlántica sl e Hidronitro Española SA -empresas del grupo fiscal Inmobiliaria Espacio SA- mediante las que se regularizan las inspecciones fiscales correspondientes a los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007", explican los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitidos a la Audiencia Nacional. En el caso de ambas empresas, "se deduce que no existe una actividad real de comisionista desarrollada por la entidad Alloys Internacional AG y que no se ha acreditado la efectiva prestación de los servicios".
Ante estos datos y según los informes de la Guardia Civil, "el contribuyente final prestó su conformidad a las propuestas de regularización tributaria por la falta de justificación de los pagos recibidos [...] Es significativo que el contribuyente prestase su conformidad, ya que estaría aceptando que efectivamente, los importes regularizados no obedecerían a servicio alguno".
Adrián de la Joya
Según la tesis de la Fiscalía, una sociedad controlada por López Madrid envió 1,4 millones de euros a Suiza en 2007 para que el dinero terminara en manos de Ignacio González. Los fondos responderían al pago de una comisión por la concesión del contrato para la construcción de un ramal ferroviario en la localidad madrileña de Navalcarnero. Hasta donde se conoce, los fondos fueron a parar a un depósito bancario a nombre del empresario Adrián de la Joya, según él mismo reconoció ante la Audiencia Nacional.
Residente en Suiza, De la Joya nunca trasladó finalmente el dinero a González, y reconoció ante el juez Fernando Andreu que los bloqueó por una deuda anterior contraída supuestamente con una empresa del Grupo Villar Mir. El pasado martes, el máximo responsable de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, prestó declaración como imputado ante el juzgado que investiga la causa. Su versión permanece por el momento bajo secreto.
Según el informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso este diario, "si bien a fecha de hoy no puede conectarse de manera directa estas salidas de fondos de empresas del grupo Villar Mir hacia Suiza con el pago de la presunta comisión por la adjudicación de la obra del tren Móstoles-Navalcarnero a OHL, sí que es cierto que la cuantía regularizadora en el ejercicio 2007 por las sociedades Ferroatlántica e Hidronitro asciende a 1.777.502,18 euros, cifra cercana al importe de la presunta comisión 1,4 millones".