A dos semanas del 1-O, el Gobierno sigue sin desmontar su estructura

La cuenta atrás avanza y la celebración del referéndum de autodeterminación de Cataluña previsto por los independentistas para el 1 de octubre sigue siendo una cuestión de fe. Fe de los independentistas en que se celebrará pese a que el Tribunal Constitucional lo ha suspendido y fe en que Mariano Rajoy cumplirá con su palabra cuando dice que lo va a impedir.

De momento, la campaña electoral, hecha sólo por los independentistas, transcurre sin que se haya suspendido ningún mitin a pesar de los pronunciamientos de los tribunales. Un chequeo exhaustivo de los preparativos del 1-O y de los instrumentos que podrían impedirlo permite concluir que, de momento, no existe certeza alguna de que no habrá urnas dentro de dos domingos.

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Las urnas

En contra de la normativa electoral que rige cualquier comicio en España, el decreto de normas complementarias para el referéndum aprobado por el Parlamento catalán no estipula la necesidad de que las urnas utilizadas en el proceso sean transparentes, como sí sucedió en la consulta del 9 de noviembre de 2014. El pasado mes de mayo, la Generalitat licitó un concurso para la construcción de 8.000 urnas de metacrilato (para cubrir los 947 municipios de Cataluña) a un precio estimado de 20 euros. Al final, el concurso quedó desierto.

La localización de las urnas se ha convertido en un elemento de esencial importancia. Más si cabe cuando el presidente catalán, Carles Puigdemont, reconoció en una entrevista en el Financial Times tener 6.000 urnas preparadas para el referéndum. Desde la imputación de los miembros del Govern por intentar comprarlas con dinero público, la tesis de los investigadores pasa por que las urnas se compraran con fondos aportados por terceros o incluso, por empresas afines.

Los agentes han preguntado a las empresas del sector, en Cataluña y en el conjunto del Estado, si habían recibido pedidos que encajasen en la línea de investigación. La respuesta negativa, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras del proceso, ha llevado a barajar tres hipótesis distintas. La primera es que los independentistas tengan la intención de utilizar en su referéndum ilegal las urnas que se utilizan para las elecciones regladas, que en ocasiones se amontonan en los almacenes de determinados ayuntamientos. La segunda es que parte de las urnas, sobre todo las que deben ser utilizadas en las grandes ciudades, se encuentren desde hace tiempo custodiadas en embajadas o consulados de países cercanos a los postulados independentistas. Por último, las mismas fuentes plantean la posibilidad de que las urnas hayan sido encargadas en el extranjero y se encuentren ahora en tránsito hacia Cataluña por comercio marítimo. Esta última posibilidad dificultaría la localización de los recipientes hasta su llegada a puerto.

Las papeletas

El encargo de buscar las papeletas no compete en exclusiva a la Guardia Civil, sino también a la Policía y los Mossos d’Esquadra tal y como les ordenó la Fiscalía.

En busca de esas papeletas y otros materiales relacionados con la consulta, los efectivos de la Guardia Civil procedieron este viernes a practicar cuatro registros en sendos puntos de Cataluña. Este domingo, en otro registro, se incautaron de planchas para producir carteles publicitarios. En dos ocasiones accedieron también a las instalaciones de la imprenta Indugraf de Constantí (Tarragona). Los efectivos se llevaron del lugar varias bolsas de la nave de la empresa. Estas actuaciones estuvieron motivadas por una denuncia de la Fiscalía de Tarragona ante un Juzgado Local por presunta desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.

El conseller de Presidencia, Jordi Turull, animó a los ciudadanos catalanes desde su cuenta de Twitter a imprimir en sus propias casas el voto usando la web del referéndum promovida por la Generalitat, aunque el Govern asegura que habrá papeletas en los colegios.

Ya el pasado mes de julio la Guardia Civil investigó el concurso otorgado a cuatro empresas para un suministro de material electoral. El Govern aseguró que el acuerdo se ceñía a la compra de material para unas elecciones al Parlament. Finalmente, la Generalitat homologó a esas cuatro empresas para la compra de sobres electorales, papeletas, manuales de instrucciones para los miembros de las meses electorales e impresos electorales. El concurso generó un coste a la Generalitat de 897.520 euros.

Los centros de votación

El 6 de octubre, inmediatamente después de que el Parlament aprobase la ley del referéndum y el Govern en pleno firmase el decreto de convocatoria, Puigdemont y Junqueras enviaron una carta a cada uno de los 948 alcaldes de Cataluña para informarles de que la Generalitat contaría “con los locales que se utilizan habitualmente en su municipio como centros de votación” para otros comicios, como las últimas elecciones autonómicas.

La carta reclamaba confirmación en menos de 48 horas, pero unas horas después de que fuese enviada se topó con la suspensión de la ley del referéndum dictada por el Tribunal Constitucional. Más de 700 alcaldes, que se manifestaron este sábado junto a Puigdemont y Colau, han anunciado que harán caso omiso del Constitucional y colaborarán con el 1-O, como les pide la Generalitat. Eso supone que las sedes de Ayuntamientos, locales municipales y centros cívicos serán puestos a disposición. Casi todos los alcaldes del PSC, que gobiernan en 122 municipios, incluidos algunos muy poblados, como L’Hospitalet de Llobregat o Santa Coloma de Gramenet, han rechazado prestar locales.

La alcaldesa de Barcelona apoya el referéndum pero al mismo tiempo dice respetar el informe del secretario municipal que descarta la utilización de locales municipales. La hipótesis de los alcaldes socialistas es que la Generalitat utilizará los recintos de los que es titular para compensar en sus municipios la negativa de los alcaldes que rechazan el 1-O.

El censo

La ley de referéndum explicita que el censo de personas que pueden votar será el de cualquier elección y fija el cierre en el 30 de marzo de 2017. Permite votar a todo ciudadano mayor de 18 años con DNI, pasaporte o carné de conducir, aunque esté caducado.

La ley de referéndum involucra a la Sindicatura Electoral de Catalunya para su elaboración, pero el Gobierno y el Constitucional mantienen líneas de actuación para impedirlo. No hay constancia de que se hayan impreso tarjetas censales (la Guardia Civil ha efectuado registros donde pensaba que podría imprimirse) ni que se hayan enviado a domicilios de ciudadanos. Las personas que deberían componer las mesas electorales, menores de 70 años, según la ley de referéndum, tampoco han sido citadas.

La campaña

La única campaña electoral que se está haciendo es a favor del “sí” en la consulta. En un acto al que acudieron miles de personas el pasado jueves en Tarragona, Puigdemont y Junqueras dieron el pistoletazo de salida sin que nadie lo impidiese. Los actos se suceden en toda Cataluña pese a que el Constitucional ha suspendido también los “preparativos” del 1-O.

Agentes de paisano de la Guardia Civil han acudido a la sede de varios periódicos catalanes para entregarles un requerimiento judicial en el que se les recuerda la prohibición de publicitar el plebiscito. También Correos ha dado orden a sus trabajadores de no repartir cartas que tengan que ver con el 1-O, aunque publicidad de partidos ha llegado ya a buzones de muchos catalanes, según ha constatado este periódico.

También se ha actuado contra la web oficial del referéndum y contra la impresión de carteles publicitarios, pero los mítines, difundidos por los medios de comunicación y en directo por internet, transcurren con normalidad y en medio de un ambiente festivo. El Gobierno no prevé utilizar los instrumentos en su mano para prohibirlos.

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El Tribunal Constitucional

Desde el 6 de septiembre, cuando el Parlament aprobó la ley de referéndum, primero, y al día siguiente la ley de transitoriedad, el Tribunal Constitucional ha ido admitiendo a trámite todas las impugnaciones, incidentes de ejecución y recursos presentados por el Gobierno en cuestión de horas.

El TC ha convocado un pleno extraordinario cuando ha sido necesario para suspender la vigencia de las normas y disposiciones impugnadas y ha notificado la suspensión a cada autoridad o funcionario implicado, advirtiéndoles de que pueden incurrir en responsabilidad penal si llevan a cabo cualquier iniciativa que suponga burlar la suspensión.

No ha aceptado, sin embargo, la petición del Gobierno de Rajoy de iniciar la vía penal contra el presidente del Govern, Carles Puigdemont, mediante la deducción de testimonio por desobediencia. El Ejecutivo veía indicios de este delito en el hecho de que Puigdemont firmase el mismo 6 de septiembre el decreto de convocatoria del referéndum. Pero desde el punto de vista técnico-jurídico la deducción de testimonio debe plantearse en el seno de un procedimiento ya en tramitación.

El TC ha iniciado la vía para adoptar medidas contra los miembros de la sindicatura electoral catalana, que, en contra de la suspensión de la ley de referéndum, han nombrado ya a los síndicos electorales en las demarcaciones catalanas. Los integrantes de la sindicatura deben informar sobre esta actuación al TC antes de que se tome una decisión respecto a ellos.

El Tribunal Superior de Cataluña

El órgano judicial autonómico ha admitido a trámite las querellas interpuestas por la Fiscalía contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y varios miembros de la Mesa y contra Carles Puigdemont y todos los integrantes de su Gobierno.

El TSJC, sin embargo, no ha abierto la causa contra el Govern por el presunto delito de malversación de fondos públicos que la Fiscalía incluía en su querella y que es el único que conllevaría penas de prisión. La prevaricación y la desobediencia al TC están castigados con suspensión de cargo público e inhabilitación, además de multas.

El tribunal catalán ha acumulado la nueva querella contra Forcadell a las diligencias ya iniciadas con ocasión de las anteriores querellas, presentadas en octubre de 2016 y febrero de este año y que, pese a su antigüedad, aún están en tramitación. La acumulación tendrá como consecuencia el retraso en la terminación de la instrucción de toda la causa, lo que aleja para Forcadell el escenario de un inminente enjuiciamiento. La instructora es la magistrada María Eugenia Alegret.

El TSJC tiene pendiente de admitir las últimas querellas promovidas por la Fiscalía y que conciernen a los miembros de la sindicatura electoral montada para la organización del referéndum, y a los líderes de los alcaldes independentistas, Neus Lloveras y Miquel Buch. Por su parte, la instructora de la causa contra Puigdemont, Mercedes Armas, ha rechazado la petición del fiscal de imponer fianzas al presidente catalán y a sus consejeros. Tampoco ha fijado fecha para que declaren como investigados.

La actuación se va a ver paralizada, siquiera sea de forma momentánea, ya que Puigdemont y el consejero de Presidencia, Jordi Turull, han recusado a la magistrada y miembros del TSJC alegando que "no son imparciales para juzgar causas que tienen origen en un conflicto de naturaleza política".

La Fiscalía

El fiscal general, José Manuel Maza, prometió durante la solemne apertura del año judicial que daría una respuesta "firme y enérgica" al desafío independentista. Desde entonces la Fiscalía ha presentado cuatro querellas: contra el Govern, contra Forcadell y los miembros de la Mesa que posibilitaron la tramitación de la ley del referéndum, contra la sindicatura electoral y contra la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, y el presidente de la Asociación Catalana de Municipios, Miquel Buch.

Maza ha dictado instrucciones sin precedentes, como la de que los fiscales de Cataluña citen a declarar a los más de 700 alcaldes que han anunciado que cederán locales para la votación del 1-O, a los que se hará saber que pueden incurrir en un delito de desobediencia.

También es inédita la convocatoria del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, para comunicarle las instrucciones del fiscal general en el sentido de que debe evitar los preparativos y la celebración de la consulta. Las mismas instrucciones se han dado a los responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña.

Todas estas iniciativas están contando con la implicación y colaboración activa de la Fiscalía Superior de Cataluña -tan vacilante con ocasión del 9-N- y de los fiscales provinciales. El Ministerio Público no ha dado indicaciones específicas sobre los mítines de la campaña por el referéndum. Estima que son suficientes las instrucciones entregadas a los cuerpos policiales y que son éstos los que deben actuar según consideren en cada caso. Con motivo del acto de apertura de campaña celebrado en el Tarraco Arena el pasado viernes, la Fiscalía de Tarragona abrió diligencias para investigar si pudo producirse una desobediencia o incluso malversación de fondos.

El Gobierno

El Ejecutivo de Rajoy ha centrado sus acciones en tratar de evitar la celebración de la votación. Para ello ha cortocircuitado con recursos ante el Tribunal Constitucional la convocatoria del referéndum y el marco legal con el que los independentistas pretenden darle cobertura.

También ha planteado incidentes de ejecución ante las actuaciones que, como la designación de las sindicaturas electorales provinciales, suponen vulnerar la suspensión de las normas y disposiciones acordada por el TC.

La suspensión decretada por el Constitucional incluye no sólo la celebración sino también los "preparativos" del 1-O. Los actos de campaña hubieran debido ser, por tanto, objeto de acciones jurídicas del Gobierno y, de hecho, en lugares fuera de Cataluña como Vitoria la Delegación del Gobierno pidió -y logró- al juez de lo contencioso-administrativo la suspensión de un mitin protagonizado por la portavoz de la CUP, Anna Gabriel.

En Cataluña el Gobierno ha decidido permitir la campaña a favor del referéndum, anteponiendo a razones de coherencia jurídica la valoración de que, en caso de que los mítines sean suspendidos, podrían producirse alteraciones del orden público.

El Gobierno mantiene, de otro lado, el cerco al posible desvío de fondos para la financiación de la consulta. En una medida sin precedentes, la Administración central ha asumido el control de la gestión de los gastos de la Generalitat.

Las fuerzas de orden público

A pesar de que los Mossos d’Esquadra cuentan con las competencias en materia de orden público, en secreto y de forma progresiva, el Ministerio del Interior que dirige Juan Ignacio Zoido lleva días realizando un despliegue masivo de agentes de la Policía y la Guardia Civil a Cataluña. Procedentes desde distintos puntos de la geografía española forman parte de las unidades antidisturbios, pero también de unidades investigadoras como la Policía Judicial y los servicios de Información de ambos cuerpos.

Desde el Gobierno se han elaborado planes barajando distintos escenarios, incluyendo la posibilidad de que la Generalitat quiera llegar hasta el final en su desafío independentista de aquí a octubre. La presencia policial en Cataluña consiste en cerca de 17.000 agentes de los Mossos d’Esquadra y 6.000 efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado. A esto hay que sumarle los cuerpos locales.

La Policía cuenta con una cifra cercana a los 2.600 agentes en la UIP distribuidos en 52 grupos por todo el territorio nacional. Por su parte, los ocho módulos de los GRS abarcan una cifra cercana a los 1.200 agentes. Estas unidades móviles tienen la capacidad de desplazarse rápidamente a cualquier punto de la geografía española.