El PSOE no rechaza que el Gobierno aplique el 155 para Cataluña

El PSOE ha pasado de advertir a Mariano Rajoy que lo dejaría solo si activase el artículo 155 de la Constitución a no descartar la suspensión de la autonomía de Cataluña, evocada en la Carta Magna, en función de las "circunstancias" y las decisiones del Gobierno. 

En una rueda de prensa en la sede del partido, su portavoz, Óscar Puente, ha asegurado que "no sería deseable" su aplicación. "En función de las circunstancias decidiremos qué posición adoptamos", ha dicho.

La posición del PSOE contrasta mucho con la negativa tajante expresada en julio el mismo día en el que Pedro Sánchez se reunió con Mariano Rajoy en La Moncloa para tratar la crisis catalana, entre otros asuntos. "El PSOE entiende que no procede acudir al artículo 155 de la Constitución". "No lo apoyaríamos", dijo entonces la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, en rueda de prensa. 

Puente ha aclarado que, por lo que expresan en público, los miembros del Gobierno "no tienen tomada una decisión sobre la aplicación o no". "No se le puede pedir al partido que está en la oposición una posición neta y clara", ha añadido. "EL PSOE no se pronuncia sobre hipótesis. La aplicación del artículo 155 es una mera hipótesis", ha aclarado. 

El PSOE mantiene un respaldo firme de la actuación del Gobierno, pero tan firme como genérico. Eso pasa por no entrar a valorar o comentar las medidas concretas, ni siquiera el control de pagos de la Generalitat decidido por el Consejo de Ministros el viernes y que no tiene precendentes en España. "No vamos a hacer una valoración puntual de cada decisión que tome Mariano Rajoy". 

Aplicación en cinco días

Los cálculos del Gobierno indican que el 155, que podría suspender total o parcialmente la autonomía de Cataluña y sus cargos públicos, podría activarse en cinco días, por lo que el Consejo de Ministros de este viernes es visto como un límite para apretar el botón. 

Si el Gobierno decide activar el artículo, deberá presentar ante el presidente del Senado, Pío García-Escudero (PP) un escrito "en el que se manifieste el contenido y alcance de las medidas propuestas", según indica el artículo 189 del reglamento de la cámara alta. También deberá remitirle una copia del requerimiento al president de la Generalitat, de que cumpla con la ley. 

A partir de ahí, la Mesa de la Cámara Alta remitiría la petición a una comisión parlamentaria, la de Comunidades Autónomas o constituiría una compuesta por miembros de otras comisiones. Antes de emitir un dictamen y someterlo al pleno del Senado, el órgano parlamentario debería permitir hacer alegaciones a Puigdemont. Después, la mayoría absoluta de los senadores sería suficiente para tomar la decisión final.

A partir de entonces, Rajoy tendría el poder de adoptar directamente "las medidas necesarias" para "la protección del interés general" o para obligar a Puigdemont "al cumplimiento forzoso" de la ley. El Gobierno podría "dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas", según el texto constitucional.