La Guardia Civil encontró en los registros practicados esta semana en Cataluña un contrato firmado por la Generalitat con la empresa Unipost por un importe de 7 millones de euros, según informan a EL ESPAÑOL fuentes de la investigación. Unipost es la empresa de mensajería en cuyas sedes el Instituto Armado requisó el pasado martes 45.000 sobres nominales (el 80% del total) para la constitución de las mesas electorales del 1-O.
Las mismas fuentes consultadas precisan que a los agentes les llamó la atención la fecha que lleva el contrato: 15 de septiembre, es decir, hace justo una semana. Por esa razón lo incluyeron en una relación de efectos de relevancia encontrados durante la investigación, que ya han sido elevados a sus superiores.
El documento se encontraba entre el material informático incautado, que aún no ha sido analizado en su totalidad. Sólo el pasado miércoles, los agentes practicaron 41 registros y detuvieron a 14 personas, la mayoría cargos del Govern. Estos trabajos fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que dirige las pesquisas sobre la celebración del referéndum de independencia.
"Claros indicios" de malversación
Los trabajos de la Guardia Civil en las sedes de Unipost, por su parte, estuvieron dirigidos por el Juzgado de Instrucción número 3 de Terrassa, en funciones de guardia. El magistrado autorizó la apertura de los sobres con sello de la Generalitat basándose en el oficio del Instituto Armado y el escrito de la Fiscalía. Según el auto dictado el pasado martes, hay “claros indicios” de la posible comisión de un delito de malversación de fondos al tratarse de 45.000 sobres para el referéndum.
El auto apuntaba además a la “clara y directa conexión” entre Unipost y el delito de malversación, al tiempo que recordaba que esta empresa está “vinculada a la Generalitat al amparo de un marco contractual idéntico o similar al que se dio en la consulta popular de 9 de noviembre de 2014”. Procedía entonces, a juicio del magistrado, la apertura de los sobres para “esclarecer la posible participación de algún responsable de la referida empresa (Unipost) como cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos”.
Datos de 44.000 voluntarios
En el marco de la investigación, la Guardia Civil ha entrado en domicilios, sedes de empresas, despachos profesionales o naves industriales. Entre el material informático incautado -aún pendiente de analizar en su totalidad- los agentes han hallado así mismo datos sobre 44.000 voluntarios para el proceso.
Hay también una tabla de Excel en la que los presuntos organizadores del referéndum incluyeron una lista con la distribución de los locales de votación y sus mesas. Entre los efectos materiales hallados se encontraban además carteles con la leyenda “Local Electoral”, con los que presumiblemente los independentistas pretendían señalar los centros habilitados para votar el 1 de octubre.
Tanto la intervención en las sedes de la empresa Unipost como la macrooperación llevada a cabo por la Guardia Civil han asestado un golpe casi definitivo a la logística de la consulta ilegal. Especialmente simbólica fue la incautación de un total de 9.894.350 papeletas de votación, actas de listas numeradas de votantes con la inscripción ‘referéndum de autodeterminació de Catalunya 2017’, actas de sesión de escrutinio, actas de constitución de mesas y otros formularios.