Hubo urnas, también colas de gente votando y muchas imágenes de cargas policiales que han dado la vuelta al mundo. Los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil fracasaron en el objetivo de impedir el referéndum ilegal en Cataluña, una misión a la que les mandaron con retraso sus superiores sólo después de que se confirmase la anunciada pasividad de los Mossos d’Esquadra. Cuando los policías y guardias civiles llegaron a los centros de votación, ya había demasiada gente como para desarrollar una acción preventiva que hubiese hecho casi innecesario el uso de la fuerza. Estos son los principales fallos en el dispositivo de seguridad del 1-O.
¿Qué falló?
1. Ceder la iniciativa a los Mossos. La Fiscalía atribuyó al Ministerio del Interior la posibilidad de coordinar el dispositivo de seguridad para impedir el referéndum, incluso la tutela de los Mossos. Pese a estos poderes, se confió en la función de la Policía catalana, incluso cuando había evidencias de que permitirían la votación si al llegar a los colegios había gente. Así se lo avanzó personalmente el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, en la Junta de seguridad celebrada el jueves en Barcelona.
Según fuentes conocedoras de la reunión, el número dos de Interior preguntó a los representantes de la Generalitat qué harían si un grupo de mossos quedase atrapado en un edificio como le sucedió a la Guardia Civil el 20 de septiembre. “No usaremos la fuerza si hay niños y mayores”, respondió el mando policial. Por si no fuesen suficientes evidencias, este periódico adelantó el sábado el acta con el que iban a actuar los Mossos. Entre las razones para no precintar los colegios se incluía la mera negativa de la gente a abandonar el lugar.
Así se llegó al día señalado, con los partidarios del referéndum convocados desde las cinco de la mañana. A pesar de todo, se dejó que fuesen los Mossos los encargados de materializar el cierre de los colegios a las 6 de la mañana del mismo domingo. Pero tal y como habían anunciado, la Policía catalana no cumplió su misión y eso llevó a una intervención tardía a pesar de que la noche antes empezaron a dar por hecho el amago de los Mossos. “La Policía y la Guardia Civil SÍ cumplen las órdenes de la juez y ya retiran material electoral del referéndum ilegal”, anunció el Ministerio del Interior en su cuenta de Twitter. Habían pasado tres horas desde las primeras visitas de los Mossos a los centros de votación.
Los policías y los guardias civiles llegaron a muchos colegios con las mesas ya formadas y con grupos de gente preparada para entorpecer la labor policial como sucedió en el Ramón Llull de Barcelona. Expertos policiales en preservar el orden público afirman a EL ESPAÑOL que es muy diferente llegar antes de que se concentre la gente. “Si te anticipas puedes establecer barreras de seguridad, proteger puntos estratégicos, tomar posiciones… si llegas después sólo queda el uso de la fuerza cuando la gente se resiste”, explica. “Después del 15M, la única manera de evitar nuevas acampadas era desplegando la presencia policial con antelación. Nunca es lo mismo impedir que desalojar”, añade.
"La policía rompe los cristales del Colegio Ramón Llull de Barcelona para requisar las urnas"
2. Escasez de antidisturbios. Aunque los Mossos hubiesen optado por recurrir a la fuerza como sí hizo otras veces en el pasado, no habrían podido afrontar con garantías la tarea de impedir el referéndum en solitario por una mera cuestión numérica. Los Mossos son un cuerpo policial de 16.973 efectivos. Atesoran las competencias en orden público en Cataluña y para ello cuentan con cerca de 1.500 agentes antidisturbios repartidos entre la BRIMO (Brigada Móvil) y la ARRO (un escalón por debajo, equivalentes a las UPR de la Policía Nacional). Pero la cifra de 1.500 unidades se queda muy corta si se tiene en cuenta que la Generalitat anunció la apertura de 2.315 colegios habilitados para la votación. Ni siquiera llegaban a un mosso por colegio, aunque finalmente hubo varios cientos que no abrieron.
El Ministerio del Interior ha llevado en el más estricto secreto el número de antidisturbios desplazados a Cataluña, pero fuentes policiales apuntan a varios miles de agentes. Ante la incapacidad de los Mossos para cubrir todo el territorio, se hacía imprescindible contar desde el primer momento con la participación de la Policía y la Guardia Civil. Aún así, las fuentes consultadas aseguran que tampoco habría alcanzado para neutralizar el referéndum colocando efectivos en todos los colegios de forma simultánea. De hecho, a pesar de la orden de intervenir, hubo centros de votación en los que la jornada se desarrolló sin la visita policial.
Según la fuentes consultadas, los datos con los que contaba el Ministerio del Interior a las 20 horas del domingo indicaban 334 centros cerrados, 104 a cargo de la Policía y la Guardia Civil y 230 por parte de los Mossos. No obstante, las mismas fuentes aseguran que la Policía catalana se atribuyó centros que ni siquiera habían abierto por la mañana. Lo cierto es que no hay ni una sola imagen de los Mossos retirando urnas contra la voluntad de la gente. Sea como fuere, esos 334 centros clausurados siguen estando muy lejos de los más de 2.000 habilitados por la Generalitat. El auto del TSJC permitía recurrir a las policías locales, pero esto tampoco no se produjo.
3. La interpretación del auto por parte de los Mossos. El auto del TSJC instaba claramente en su parte dispositiva a los tres cuerpos policiales a “impedir la utilización de locales o edificios públicos para la preparación de la celebración del referéndum” los días previos al 1 de octubre. Y ese día ordenaba impedir la apertura de estos locales “procediendo, en su caso, al cierre de todos aquéllos que hubieran llegado a aperturarse”. La orden fue dictada el 27 de septiembre y a pesar de ello se permitió que mucha gente ocupase los colegios durante todo el fin de semana.
Tampoco fijaba las seis de la mañana para cerrar los colegios, una decisión que partió de Trapero. Tan sólo indicaba que el día 1 de octubre los locales tendrían que estar clausurados, por lo que nada impedía a las fuerzas de seguridad personarse en los centros a las 00.00 horas del domingo en lugar de dejar pasar toda la noche. Por su parte, fuentes de los Mossos d’Esquadra consultados por este periódico insisten en que no desobedecieron el auto al no desalojar. Se basan en una frase incluida en los fundamentos de derecho del auto (no en su parte dispositiva) en la que la juez insta a “adoptar todas aquellas medidas que impidan la consecución del referéndum, sin afectar la normal convivencia ciudadana”.
4. No se encontraron las urnas. Las fuentes policiales consultadas muestran su satisfacción por las operaciones desplegadas los días previos encaminadas a impedir el referéndum. Se refieren sobre todo a la incautación de papeletas, sobres de votación, los llamamientos para la confección de las mesas, la clausura de páginas web habilitadas por la Generalitat… pero no consiguieron dar con el que quizá sea el material más simbólico de la consulta: las urnas. Esa ha sido la espina que les queda a los investigadores y que habría obligado a los organizadores del 1-O a improvisar una alternativa de urgencia a la desesperada.
A día de hoy sigue siendo una incógnita el modo en el que se custodiaron estos recipientes opacos, dónde se escondieron. La Generalitat dijo que se establecerían 5.249 mesas de votación por lo que serían necesarias el mismo número de urnas que fueron llegando a los colegios electorales portadas por los propios vecinos.
5. Mala relación entre cuerpos policiales. La mala relación entre los Mossos d’Esquadra con la Policía y la Guardia Civil ya no afecta sólo a sus mandos, mantra con el que habitualmente los agentes negaban la falta de entendimiento entre los cuadros operativos. El 1-O ha marcado un antes y un después tal y como reconocía a este periódico un integrantes de la policía catalana: “se ha acabado, para mi han dejado de ser compañeros”. Sin embargo, otras fuentes consultadas aseguran que el ambiente ya venía viciado desde hace días.
Si la gestión de la investigación de los atentados yihadistas ya dejó evidencias de la falta de sintonía entre cuerpos, los episodios del pasado 20 de septiembre sentaron también un precedente. Aquel día, un grupo de agentes de la Guardia Civil quedaron atrapados sin poder salir de la sede de la Consellería de Hacienda en Barcelona. Fueron rodeados por una multitud que destrozó sus vehículos oficiales. Habían acudido a realizar un registro por orden judicial y algunos de ellos permanecieron sitiados casi 24 horas. Desde el Instituto Armado culpan a los Mossos por la tardanza a la hora de actuar para impedir la aglomeración de gente en protesta por su actuación.