Desarticulan una organización que prostituía a menores y las obligaba a casarse

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada a la trata de mujeres de origen rumano para el acuerdo de matrimonios forzados y para su explotación sexual principalmente en las ciudades de Pamplona y Segovia.

En la operación han sido liberadas siete víctimas, entre las que se encontraban tres menores de 13, 16 y 17 años de edad, y se ha detenido a 11 personas -siete en Pamplona y el resto en Segovia-, con lo que se da por desarticulado este grupo criminal.

La organización se dedicaba a reclutar a las víctimas en Rumanía para traerlas a España con fines de explotación sexual. Para ello aprovechaban, en unos casos, las malas condiciones sociales de éstas, engañándolas mediante el enamoramiento con uno de los integrantes de la banda y, en otros casos, recurriendo a la fuerza para sacarlas de su entorno familiar.

La investigación partió de un aviso del Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Segovia, que, en el mes de marzo de 2017, durante una de las inspecciones en un local de alterne, observaron conductas en una de las mujeres que podían indicar que era víctima de explotación. 

Los agentes hicieron un seguimiento a esta mujer se pudieron constatar extremos que, claramente, indicarían como la víctima había sido inducida por un grupo de personas residentes en la capital segoviana para la práctica de la prostitución. La controlaban durante todo el servicio y le exigían que diera cuenta del tiempo que había estado con cada cliente y de cuánto había cobrado, coaccionándola constantemente para que ganara clientes, obligándola incluso cuando tenía la menstruación.

En el mes de abril se recibió comunicación de la existencia de una denuncia procedente de Cruz Roja de Rumanía en la cual la madre de esta víctima participó a las Autoridades de aquel país que su hija estuvo trabajando en un club de Pamplona y fue trasladada a Segovia y, desde entonces, no pudo contactar más con ella, sospechando que fuera víctima de un delito de trata de seres humanos.

Por su parte, los miembros de la Policía Nacional iniciaron la investigación en el mes de abril de este mismo año, al recibir un escrito de la Agregaduría de Interior de España en Rumanía comunicando la denuncia interpuesta en ese país por una ciudadana rumana, quien manifestaba que su hija estaba siendo explotada en el ejercicio de la prostitución en España por parte de un clan en la ciudad de Pamplona.

En la denuncia, la madre de la víctima narraba cómo su hija fue introducida a la fuerza en un vehículo en su ciudad natal de Rumanía, sufriendo diversos episodios violentos, siendo trasladada hasta España. De la misma forma informó tener conocimiento de que posteriormente fue vendida a otro grupo rumano asentado en la capital navarra.

A partir de ese momento se llevaron a cabo numerosas gestiones tendentes a localización de la víctima en España, resultando que la misma había sido identificada en Pamplona junto con otro grupo rumano dedicado a la comisión de robos en fincas rústicas, naves industriales y cables de cobre. Se pudo comprobar que esta chica había sido captada por otra persona quién exigió en su día una cantidad económica para su devolución, no llegando a ningún acuerdo con el clan, continuando la víctima con su nuevo captor. Siguiendo la investigación, los agentes de Policía Nacional identificaron a esta tercera persona, residente en Segovia.

Una vez analizada toda la información disponible, se comprobó la coincidencia de las investigaciones llevadas a cabo por sendos Cuerpos policiales, creando un equipo conjunto de investigación entre ambos a través del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) con el objetivo de desarticular esta organización criminal internacional y llevar a cabo la liberación de las víctimas dependientes.

En el transcurso de la investigación se pudo determinar que el clan asentado en Pamplona, aparte de otros ilícitos penales, se dedicaba también a concertar matrimonios forzados entre menores de edad a cambio de dinero, negociando para ello la venta de sus propios hijos.

Por otra parte, la labor de los investigadores en Segovia permitió identificar a otras 3 víctimas utilizadas y tratadas de la misma manera y con los mismos fines que la anterior.

La organización se encontraba perfectamente estructurada, tanto para el desplazamiento de las víctimas entre países, como para su introducción en locales de alterne, como para llevar a cabo su control o convenir matrimonios forzados de menores mediante contraprestación económica.