El Partido Popular de Esperanza Aguirre pidió a sus proveedores electorales que desdoblaran facturas y las enviaran a nombre de distintas compañías y personas físicas para burlar los controles de fiscalización. Así al menos lo reconocieron ayer ante la Audiencia Nacional los empresarios Marcelino Luis Elosua y Maria Luisa de Madariaga, responsables de la empresa de marketing El Laboratorio de Almagro 36, que trabajó en varias campañas electorales para el PP de Madrid.
En su declaración de ayer como investigados en la trama Púnica y según fuentes del caso, ambos restaron importancia al papel de Francisco Granados en la financiación de las campañas y señalaron al tesorero autonómico del partido, Beltrán Gutierrez, como la persona que les daba las instrucciones sobre la elaboración de las facturas. Su declaración de ayer fue acordada este jueves de urgencia a tras la elaboración de un informe de la Guardia Civil firmado el pasado martes, 17 de octubre, que ahondaba en las relaciones entre la empresa de marketing y el Partido Popular de Madrid.
Según el documento de la Policía Judicial, el Partido Popular disponía en la época de Esperanza Aguirre de una caja B con 1.014-375 euros para pagar a proveedores en la campaña electoral del 2007. Además, en casa del tesorero autonómico, también imputado en la causa, los agentes localizaron un documento llamado "día a día", relacionado con pagos a proveedores en la campaña de 2011. Allí aparecen reflejados pagos a la empresa El Laboratorio por valor de 1,2 millones de euros. "Una parte de los abonos que aparecen en el documento contable referido no han podido ser localizadas en las cuentas corrientes de funcionamiento del partido Popular", explican los agentes encargados del caso en su informe remitido al juez.
"En ese mismo archivo contable donde aparecen los proveedores y los pagos a efectuar a los mismos, también aparecen consignaciones contables inherentes a una caja B en dinero en efectivo, los cuales ascienden a 1.546.000 euros y que apuntan a la existencia de dinero de procedencia desconocida para sufragar gastos de campaña en las elecciones del año 2011", continúan los agentes.
Documento contable localizado en casa del tesorero del PP de Madrid.
Cuentas en Suiza controladas desde Panamá
El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explica que de los 1,2 millones facturados presuntamente por El Laboratorio de Almagro y otras empresas afines al PP en el año 2011 (con comicios municipales y autonómicos de por medio) solo 217.074 euros fueron declarados por el partido como gastos electorales. Los agentes ponen de manifiesto además que "unos meses después de la celebración de los comicios electorales", concretamente el 18 de agosto de 2011, a los dos empresarios que han declarado este jueves les encontraron 200.000 euros en efectivo ocultos en tres paquetes en los asientos de su coche, cuando intentaban alcanzar suelo suizo.
Ante la policía, los dos empresarios investigados trataron de justificar la procedencia del dinero con una sociedad llamada Zaino Associated Corporation, titular de dos cuentas en suiza y gestionada desde Panamá. Una versión que ambos mantuvieron ayer para explicar la procedencia de los fondos y desligarlos presuntamente de los pagos en B que investiga la Audiencia Nacional.
En su declaración de este jueves, ambos empresarios mantuvieron que su relación con el Partido Popular estuvo siempre dentro de los margenes legales y aseguraron que los asuntos de facturación se trataron siempre con Beltrán Gutiérrez, restando así responsabilidad al principal imputado en la causa, Francisco Granados.
Lo que sí reconocieron ambos, según fuentes del caso, es que era el tesorero del PP de Madrid quien les daba personalmente las instrucciones para presentar las facturas al partido. Facturas que en ocasiones se presentaban fraccionadas o desdobladas: primero por una cuantía a nombre de la empresa, y luego a nombre de los empresarios que facturaban también al PP como personas físicas. Según los informes de la Guardia Civil, los pagos a la empresa también se fraccionaban, buscando así según la tesis de los investigadores burlar los mecanismos de fiscalización del Tribunal de Cuentas.
El pasado 7 de marzo, la Guardia Civil registró el domicilio de los dos empresarios investigados y las sedes sociales de sus compañías. Allí, los agentes localizaron "facturas emitidas por varias empresas que habría subcontratado el Laboratorio de Almagro 26 SL" para trabajos electorales que por sí solos, ya superan los 217.000 euros declarados por el PP de Madrid al Tribunal de Cuentas.