Desde que reunió a su gabinete el sábado para poner en marcha las medidas que pretenden devolver la estabilidad a Cataluña, Mariano Rajoy es consciente de que no será fácil aplicar el artículo 155 de la Constitución. En el gabinete del presidente del Gobierno trabajan ya con la hipótesis de que los plazos no son inamovibles y que se pueden "acortar" o "ampliar" según se desarrollen los acontecimientos. De hecho, el Ejecutivo está dispuesto a no convocar elecciones autonómicas en seis meses si "no recuperamos la normalidad institucional" en este período de tiempo.
En su comparecencia pública tras el Consejo de Ministros del sábado, Mariano Rajoy aseguró que el objetivo de aplicar el 155 es celebrar unos comicios. "Lo quiere la mayoría, es lo que dice el sentido común y de lo que se trata es de abrir una nueva etapa en la cual la Ley se respete, los derechos de la gente se preserven y se recupere la convivencia, el bienestar y el empleo de las personas", aseguró. Hasta que esos derechos no se respeten, aseguran fuentes gubernamentales, Rajoy está dispuesto a mantener la interinidad en el Govern, incluso más allá de los seis meses previstos en el acuerdo.
El Gobierno está convencido de que el paquete de medidas propuesto será suficiente para controlar la situación. Sin embargo, todos los escenarios están encima de la mesa por si las cosas se tuercen y se ven obligados a ejercer más mano dura. Mención especial se merecen los funcionarios de la Administración en los que Moncloa confía plenamente, mucho más que en los directivos.
Sin embargo, en Madrid ya trabajan con la hipótesis de que un porcentaje pequeño de funcionarios se subleve contra las órdenes impuestas desde Moncloa y avisan: "Las sanciones serán aplicadas hasta sus últimas consecuencias". En este punto destacan el artículo 66 del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge la "inhabilitación absoluta" o "especial" para cargos públicos cuando "hubiere adquirido firmeza la sentencia que produce la pérdida de condición de funcionario".
Todo el peso de la ley
Las sanciones las podrá imponer el Gobierno o "los órganos y autoridades que cree o designe a tal efecto", incluido el Ministerio Fiscal "a los efectos de la posible exigencia de responsabilidad penal". En Moncloa está dispuestos a que todo el peso de la ley caiga sobre aquellas personas que no obedezcan lo estipulado en el artículo 155. Y advierten a aquellos funcionarios de las consecuencias personales que asumirán si hacen caso al todavía conseller de Exteriors, Raül Romeva, que aseguró este lunes que los funcionarios "no seguirán órdenes de Madrid", sino que seguirán obedeciendo a las instituciones catalanas. La expulsión de la carrera pública puede ser "de por vida", insisten.
Para tranquilizar a aquellos trabajadores públicos que se sienten presionados por superiores afines al independentismo, el Gobierno garantiza que cualquier sanción que puedan recibir por parte de la Generalitat será nula de pleno derecho. Los funcionarios tienen derecho a denunciar hasta cualquier intento de intimidación, que será castigado por los tribunales con sus respectivas sanciones.
Rendija de esperanza
El escenario anteriormente descrito es el peor escenario posible para el Gobierno. Sin embargo, hace un mes ningún miembro del gabinete de Rajoy pensaba que finalmente se aplicaría el 155 de la Constitución y confiaban en que Puigdemont y su equipo recularan antes de tiempo.
No obstante, ante la posibilidad de que el propio Puigdemont acuda esta semana al Senado mantiene una rendija de esperanza para no tener que aplicarlo con toda su crudeza. En función de la reacción del president en Madrid, el Gobierno podría "adaptar" el alcance de las medidas. En privado, sin embargo, piensan que todo quedará de nuevo en nada. "Para este viaje no se necesitan alforjas", zanjan.