Anticorrupción desmantela una trama de sobornos en contratos policiales

Seis agentes de policía detenidos y dos funcionarios del Ministerio del Interior con el mismo destino. Ese es el balance de la operación Grapa, lanzada esta mañana por la Fiscalía Anticorrupción y los agentes de Asuntos Internos contra una supuesta red que amañó contratos durante años en el seno de la dirección de la Policía Nacional. 

La operación, adelantada por La Vanguardia, arrancó cuando el cuerpo estaba controlado todavía por el Director Adjunto Operativo Eugenio Pino, que despidió ya a varios funcionarios de la División Económica y Técnica de la Policía Nacional ante la sospecha de irregularidades denunciadas por varios agentes y sindicatos. Y fue trasladada a los juzgados por su sucesor, el actual responsable de operaciones dentro del cuerpo, Florentino Villabona.

La investigación cayó entonces en manos del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, que abrió las Diligencias Previas 801/17 desde entonces y con el apoyo de Asuntos Internos investiga la contratación de varios servicios por parte del citado departamento de la Policía Nacional, con la sospecha de que varios funcionarios amañaban las licitaciones a cambio de una mordida. La investigación se centró entonces en varios de los miembros de las mesas de contratación que deciden los contratos de suministros y otros servicios dentro del cuerpo. Según fuentes de la investigación, a estas mesas administrativas, encargadas de entregar los contratos, pertenecen los principales investigados en la causa. 

Los investigadores analizan también el papel de varios empresarios, acusados de corromper la voluntad de los funcionarios a cambio de conseguir, de forma injusta y reiterada según la tesis de los investigadores, contratos públicos dependientes de la Dirección General de la Policía. Según fuentes del caso, la fiscalía baraja investigar a los detenidos por presuntos delitos de fraude a las Administraciones públicas, prevaricación, cohecho, malversación y un delito continuado de blanqueo de capitales.

En total y según las mismas fuentes, el juzgado encargado del caso ha autorizado 22 registros domiciliarios y de entidades sociales tanto en Madrid como en las localidades de Pozuelo de Alarcón, Móstoles y Navalcarnero, además de otras pesquisas en Ávila, Arenas de San Pedro y Guadalajara. Además, los fiscales encargados del caso han pedido el bloqueo de las cuentas bancarias de los investigados, el embargo de 13 vehículos y la anotación preventiva de embargo y prohibición de disponer de seis inmuebles.