El viernes la calle será independentista: Interior no quiere cargas policiales

El objetivo prioritario es revertir la situación en Cataluña sin repetir enfrentamientos como los vividos el pasado 1 de octubre entre manifestantes y los efectivos de Policía y Guardia Civil. Y para ello, Interior prevé dar protagonismo a los Mossos d'Escuadra tanto en las operaciones abiertas contra el desafío independentista como en el control de las calles si finalmente el Gobierno aplica el artículo 155 de la Constitución.

Según las previsiones del Ejecutivo, la intervención de la autonomía en Cataluña provocaría varias situaciones especialmente sensibles para el control del orden público. Una hoja de ruta que preocupa en Moncloa y por la que el Gobierno de Mariano Rajoy mantiene todavía en Cataluña un importante contingente de policías y guardias civiles. Pero ¿cuáles son los momentos más sensibles? ¿Los puntos calientes que marcarán el destino de Cataluña en las calles? Estas son las respuestas que, según las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, prevé el Ejecutivo a los principales interrogantes: 

1) ¿Qué pasa si Puigdemont declara la independencia?

El viernes a las 12 de la mañana, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha hecho un llamamiento para que una multitud de ciudadanos rodee el parlamento autonómico. El momento coincide con la sesión del Senado que salvo cambio de última hora, aprobará la petición del Gobierno para aplicar de forma excepcional en Cataluña el artículo 155. 

Según las previsiones del Ejecutivo, ese puede ser el momento en el que el parlamento autonómico controlado por JuntsXSí firme la Declaración Unilateral de Independencia. Si se cumplen las previsiones, el presidente Carles Puigdemont se encontrará en ese momento arropado por miles de personas situadas en los aledaños del parlamento catalán. Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL reconocen que ese será uno de los momentos más sensibles para garantizar la seguridad de la población y sofocar los posibles altercados. Y más teniendo en cuenta que el Ejecutivo todavía no podrá tomar el control de la policía autonómica.

La constancia reiterada de que la comunidad internacional nunca reconocerá esta declaración hace que el acto carezca de trascendencia más allá de la violación evidente del ordenamiento jurídico español y el quebrando en las normas de convivencia. Sin embargo, la reacción jurídica sobre estos actos no se espera inmediata, y por lo tanto, los agentes no intervendrán si no se constata riesgo para la seguridad de los ciudadanos.

2) ¿Qué opciones hay si el Govern se atrinchera en el Parlament?

La prioridad para el Ejecutivo de Mariano Rajoy es que no se repitan escenas como las protagonizadas por agentes y manifestantes durante el referéndum ilegal celebrado el 1-O y que la comunidad internacional no caiga en la trampa de tildar de represión lo que es en realidad el restablecimiento de la legalidad pactada por todos.

Por ello, fuentes del Gobierno rechazan la idea de acceder al Parlament si Puigdemont y sus colaboradores se niegan a abandonar las dependencias. "Si quiere quedarse ahí que lo haga", explican fuentes de la Seguridad del Estado. El objetivo es evitar tanto los altercados que ponen en riesgo a la ciudadanía como como una imagen que acrecente el victimismo de Puigdemont frente a la comunidad internacional.

De forma paralela a este escenario, el Ejecutivo pondrá en marcha un plan de medidas políticas que, tras la aprobación del Senado al 155, anulen la capacidad ejecutiva del gabinete de Puigdemont y sirvan para tomar el control de la Administración autonómica dentro de los márgenes permitidos por la Ley. 

3) ¿Quién se encargará entonces de controlar la calle?

Este es uno de los puntos clave. Sobre el papel, los Mossos d'Escuadra son quienes tienen las competencias en materia de seguridad ciudadana y control de masas. Sin embargo, la lealtad constitucional de sus máximos responsable ha sido puesta en entredicho por el Gobierno central, y su principal cargo operativo se encuentra investigado por un presunto delito de sedición. Si se cumplen las previsiones, será el sábado por la mañana cuando el Ministerio del Interior tome el control de los Mossos d'Escuadra tras la publicación de la medida en el Boletín Oficial del Estado de esa misma mañana. 

A partir de ese punto, el objetivo es colocar al frente de la policía autonómica a una persona de consenso. Un hombre que conozca la institución y que no sea visto por los miembros del cuerpo como un extraño. Alguien que, por ejemplo, haya liderado ya el cuerpo en otras etapas.

Desde ese momento, el Ejecutivo prevé dar protagonismo a los Mossos en todos los operativos policiales que tengan que sucederse en Cataluña. Y sobre todo que sean ellos -que tienen las competencias en esa materia- quienes controlen las concentraciones con las que organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana han amenazado de forma reiterada con bloquear la comunidad autónoma. 

4) ¿Y qué pasa entonces hasta el sábado?

Desde hace más de un mes, Interior mantiene en Cataluña un importante contingente de agentes, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional. Si la situación no se complica, su principal función será garantizar la seguridad de edificios oficiales como las sedes que tienen en Cataluña las distintas instituciones de las Administración General del Estado. Un trabajo que los agentes ya realizaron durante el fin de semana del referéndum. Como ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pidió que durante ese fin de semana, la seguridad de sus instalaciones no dependiera de los Mossos sino de la Policía Nacional. 

Sin embargo, si las protestas en las calles se tornan en violentas, suyo será el trabajo tanto de reforzar los dispositivos de la policía autonómica como de protagonizar los operativos necesarios para sofocarlas. Un binomio de colaboración activa que se mantendrá también si Interior llega a tomar el control de los Mossos.  

5) ¿Y qué garantías hay de que funcionarios, altos cargos y agentes acaten el 155?

Hasta el momento, el Govern ha incentivado la insumisión de sus funcionarios y la oposición frontal a la Administración central. Como ejemplo, comunicó a todos los trabajadores públicos que dependen de la Generalitat que la Administración autonómica no descontaría cantidad alguna de sus nóminas si participaban en la huelga general convocada para protestar contra el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado 3 de octubre.

Ahora, será el Ejecutivo central quien tenga capacidad para tomar medidas disciplinarias frente a los funcionarios, cargos de confianza o agentes del cuerpo de la policía autonómica que se nieguen a acatar las nuevas directrices. Aquellos que no cumplan con la normativa, se enfrentan incluso a la posibilidad de perder su empleo. Sin contar además las repercusiones judiciales que en el caso de los mossos tendría el hecho de negarse a perseguir un delito.