El presidente de la Generalitat ha enviado por burofax al Senado sus alegaciones antes de que se aplique el artículo 155 tres minutos después de las 10 de la mañana, cuando expiraba el plazo para presentarlas. En el escrito, de nueve páginas, Carles Puigdemont designa al delegado del Gobierno de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell i Canalda, para que asuma su representación a los efectos requeridos. A este candidato le sustituirían los senadores Josep Lluís Cleries i Miquel Angel Estradé si fuera necesario.

En su escrito, el president intenta desmontar punto por punto cada una de las medidas que el Ejecutivo quiere poner en marcha este mismo viernes, una vez que le pleno del Senado lo autorice. Como conclusión, Puigdemont considera que el alcance de las medidas propuestas por Mariano Rajoy "va más allá del concepto de medidas necesarias". A su juicio, la consecuencia inmediata es "desposeer al pueblo de Cataluña de sus instituciones".

Puigdemont advierte de que, para resolver lo que el Estado considera "de grave situación extraordinaria", "se va a crear una todavía más grave situación extraordinaria al arrebatar a Cataluña su autonomía política".

Su propia destitución

Puigdemont afea al Gobierno su intención de destituirlo a él y a todo su gabinete y alega el punto segundo del propio artículo 155. "Es incompatible con destituirlas -las autoridades de Cataluña-, ocupar su lugar y sustituirlas en el ejercicio de todas las funciones que constitucionalmente le corresponden". A cambio de mantenerle en el puesto, entiende que el Ejecutivo sí podrá "dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma".

Según la interpretación que el president hace del propio artículo 155, éste no debe ser "una cláusula de plenos poderes en manos del Estado". A su juicio, no se puede leer "de forma aislada" ni "en perjuicio" de los demás preceptos de la Constitución, "a los que no se puede vaciar de contenido". Pide al Senado que los interprete "de forma sistemática" y "salvaguardando los principios de unidad y autonomía" en concordancia con el artículo 2 y 137 de la Carta Magna.

Que el Gobierno limite las competencias del Parlament tampoco ha gustado a Puigdemont. A su juicio, si el Senado autoriza la adopción de esas medidas, "estaría imponiéndolas sin una ponderada causa justificante e incurriendo en un exceso notorio respeto el objeto del requerimiento previo. Además, el todavía presidente de la Generalitat considera que sea Rajoy quien tenga la potestad para convocar elecciones "contradice frontalmente el principio de autonomía política reconocido e los artículos 2 y 136 de la Constitución".

"Desproporción patente"

Sobre su propio cese, Puigdemont asegura que "comportaría su desapoderamiento". Ahora, el president dice que fue investido para "representar al conjunto del pueblo y las instituciones de Cataluña". Y por eso justifica que ni el Gobierno ni el Senado pueden acordar ese cese ni el de todo su Gobierno.

En cuanto a los futuros órganos que creará el Gobierno para sustituirles, Puigemont también piensa que no tiene cabida en el artículo 155. "La desproporción se hace patente, por ejemplo, al someter a un régimen e comunicación o autorización previa todas las actuaciones de la Administración de la Generalitat de Cataluña , ya que además de generar una acumulación de trámites de gestión imposible, fuerzan le bloqueo o la paralización de los servicios públicos que se prestan en la actualidad", recoge la misiva.

En cuanto a la limitación de las facultades del Parlamento de Cataluña, Puigdemont considera que las medidas propuestas "desnaturalizan" el carácter representativo de la Cámara y "vulneran" el derecho fundamental al ejercicio de sus cargos parlamentarios de los diputados del Parlamento. El president se queja reiteradamente en su burofax de que estas medidas "desnaturalizarían" la función parlamentaria de la Cámara catalana.

La vicepresidenta en Comisión y el presidente en pleno

El Senado incluirá estas alegaciones en la Comisión que se reunirá en la tarde de este jueves. Será la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la que defenderá la postura del Ejecutivo. Las conclusiones que salgan de esta reunión se elevarán al pleno que se celebrará este viernes a las 10 de la mañana. Allí se votarán como paso previo a autorizar al Estado la aplicación de todas las medidas propuestas para devolver la legalidad a Cataluña. Se prevé que el Consejo de Ministros extraordinario se celebre al finalizar el pleno de la Cámara Alta -donde está previsto que comparezca Rajoy- y las medidas entren en vigor el sábado, cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado.