El presidente del Gobierno ha reaccionado de forma inmediata a la proclamación de la República Catalana. La primera decisión que ha tomado Mariano Rajoy ha sido destituir al presidente de la Generalitat, el vicepresidente y todos los consejeros. La primera consecuencia es que a partir del sábado dejarán de cobrar la nómina: 140.000 euros anuales en el caso de Carles Puigdemont y 110.000 euros el resto de su Govern.

Pero los miembros del Ejecutivo autonómico no serán los únicos que dejen sus cargos de forma inmediata. Según los cálculos que manejan en Moncloa, hay 141 personas contratadas como personal eventual en la Generalitat que también cesan de sus puestos desde que el decreto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los despidos no acaban con los altos cargos de la Generalitat y su personal de confianza. En su comparecencia, Rajoy anunció la desaparición de la oficina del presidente y del vicepresidente; la extinción del consejo asesor para la Transición Nacional (CATN) y el patronato de Diplocat. El presidente también fulmina las delegaciones y embajadas de la Generalitat en el extranjero, excepto la de Bruselas, lo que se traduce en el despido de todo el personal eventual que trabaje para alguno de estos organismos.

Con estas decisiones, hay una cascada de personal no funcionario que abandonará inmediatamente de cobrar un sueldo público. El Gobierno no puede cesar a los funcionarios que trabajen para alguno de los organismos recién extinguidos y tendrá que reubicarlos en otros organismos institucionales.

La cascada de ceses continúa. Mariano Rajoy ha decidido también echar de sus puestos a los delegados de la Generalitat en Bruselas y Madrid, Amadeu Altafaj y Ferran Mascarell. Los otros dos altos cargos que salen del organigrama de la Generalitat son el secretario general del departamento de Interior, César Puig , y el director general de la Policía, Pere Soler. El contrato de todo su equipo de confianza también quedará extinguido inmediatamente.

De momento, las medidas no afectan al Mosso Mayor, Josep Lluis Trapero, investigado por sedición, ya que, en todo caso, correspondería cesarle a quienes se hagan cargo de las competencias de Interior.