Por qué Puigdemont puede librarse de pisar España dos meses más

La fuga de Carles Puigdemont puede estirarse alrededor de dos meses más. El president de la ficticia República catalana ha contratado en Bélgica a Paul Bekaert, abogado experto en tumbar las extradiciones y entregas de presuntos delincuentes solicitadas por otros países.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela admitió a trámite la querella de la Fiscalía contra Puigdemont por los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y rebelión. Éste último puede entrañar penas de hasta treinta años de cárcel. Fue citado a declarar este jueves, pero no ha aparecido. A partir de ahora, el mandatario independentista y su defensa comienzan a tejer una maraña judicial que le puede granjear unos sesenta días más de periplo en tierras belgas. ¿Por qué?

¿Por qué ya no se trata de una extradición?

Confirmada la ausencia de Puigdemont este jueves, la Justicia española dictará una orden europea de detención. Será a petición de la Fiscalía y la vuelta a España del expresident quedará en manos de los jueces de uno y otro país. Esta orden sustituye los antiguos procesos de extradición, aunque sólo se puede utilizar entre los países integrados en el espacio europeo.

La mencionada orden quedaría así trasladada a las autoridades judiciales belgas, que podrían ordenar la detención de Puigdemont. A partir de este eventual arresto, comenzaría a contar el plazo de los sesenta días establecido con carácter general para la euroorden. Incluso podría estirarse hasta noventa, aunque la Justicia belga debería explicar esa demora.

Con Puigdemont en manos de los jueces de Bruselas, entraría en juego Paul Bekaert, el abogado del expresident, que utilizaría todos los resortes posibles para lograr tantos días de retraso como fuera posible, llegando incluso a solaparse el proceso con las próximas elecciones catalanas.

Para empezar, las autoridades belgas podrían solicitar a la Audiencia Nacional más información sobre el caso antes de tomar una decisión. Probablemente, Bekaert alegará que España no proporciona a su cliente las "garantías de un juicio justo". Además, si queda probada la "doble tipificación" del delito -el Código Penal belga contempla un tipo similar al de rebelión, pero no exactamente igual al español-, el juez en cuestión podría ponerse a estudiar el encaje legal del caso Puigdemont.