"Estoy mentalizado para entrar en prisión". Las palabras del comisario José Villarejo resonaron en la cafetería de un centro comercial mientras a su alrededor, varios compañeros asentían con la cabeza. Era la resaca de sus peleas. El convencimiento de que plantarle cara al CNI, a la vicepresidenta, a miembros de la judicatura y a parte de sus propios compañeros le iba a costar una operación en su contra con detención incluida. Algo que el funcionario ya jubilado plasmó incluso en su entrevista con el periodista Jordi Évole.
Este viernes, las predicciones del comisario se cumplieron. Pero con meses de investigación y una voluminosa querella de la Fiscalía de por medio derivaron en el arresto del comisario de los mil secretos. Ha prestado servicios para numerosos ministros del Interior, independientemente del color del Gobierno al que representasen. PP o PSOE, daba igual. José Luis Corcuera, Alfredo Pérez Rubalcaba, Jorge Fernández Díaz... fueron muchos los que le encargaron misiones sensibles. Ahora Villarejo está acusado por la Fiscalía de enriquecerse de forma ilícita valiéndose de su condición de policía.
A primera hora de la mañana, agentes de Asuntos Internos le detuvieron en su casa, registraron su vivienda y las principales sedes de sus empresas. La denuncia de la Fiscalía acusa tanto a Villarejo como a su compañero y actual responsable de la unidad de redes contra la inmigración ilegal, Carlos Salamanca, de integrar una presunta "organización criminal". Una trama que, según la tesis de los investigadores, blanqueaba fondos, cobraba por introducir a extranjeros en España y por realizar informes de Inteligencia para empresas privadas, algo prohibido para los funcionarios públicos.
La investigación, bautizada como operación Tándem, ha sido coordinada por el juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y que tras meses de investigación ha observado indicios para cursar ordenes de detención contra al menos seis personas. Sin embargo, a última hora de este viernes, solo cuatro estaban bajo custodia policial. Entre ellos, estaba el polémico comisario. El hombre que se acercó a la princesa Corinna y que confirmó en sus declaraciones judiciales la existencia de la llamada "Operación Cataluña".
El policía que no existe
Fue en 1993 cuando el comisario Villarejo, entonces inspector jefe, se convirtió en una anomalía estadística; un agente que no existe dentro de un cuerpo que, durante años, se sirvió de sus servicios. Villarejo no era José, sino Villar. o Javier. O cualquiera entre los nombres que utilizaba entre los alias e identidades operativas concedidas por el Estado. Durante años, el comisario ahora detenido fue apodado el cirujano por el reducido grupo de altos mandos que conocían sus operaciones y la precisión de las mismas. Desde movimientos en la zona de Oriente Medio hasta chivatazos sobre los grandes cargamentos de droga de los clanes gallegos. Muchos de los asuntos de Inteligencia más importantes de la Policía pasaban por sus manos.
Fue en 1972 cuando un joven cordobés apellidado Villarejo pisó por primera vez una comisaría. El agente tenía entonces 21 años y fue destinado al grupo antiterrorista de San Sebastián. Tres años después, cambió de destino a la Jefatura Superior de Madrid, donde fue asignado a la unidad de Seguridad Ciudadana. Ya entonces, Villarejo mostró su ascendente sobre otros compañeros y su capacidad para convencer a propios y extraños. Pese a su reciente trayectoria policial, logró ascender en el escalafón de uno de los sindicatos con mayor presencia entonces en los cuerpos policiales; el SPP. El sindicato con mayor penetración entre los mandos del cuerpo.
De aquellos años es por ejemplo su primera aparición pública conocida, cuando Villarejo acudió como portavoz sindical a un programa de debate de TVE presentado por la actriz Carmen Maura. Representando a ese colectivo, Villarejo tuvo uno de sus primeros encontronazos con el poder. Tanto que le costó salir de la Policía. En una cena con el entonces presidente, Felipe González le trasladó su voluntad de hacer distintas remodelaciones en las condiciones laborales de los policías. Algo en lo que los agentes estaban radicalmente en contra. "Tenga usted cuidado, que sus escoltas también llevan pistola", le contestó el comisario ya jubilado según recuerdan quienes conocieron la escena. González interpretó esas palabras como una amenaza y tras el encuentro, pidió el cese de Villarejo como agente de campo.
Paso a la empresa privada
Fue entonces cuando el comisario se dedicó a levantar sus negocios personales. Una red de empresas que ahora investiga la Audiencia Nacional para confirmar o desmentir la existencia de dinero de procedencia ilícita. Villarejo abrió varios negocios. Varias sociedades que todavía hoy atesoran patrimonio. Y entre ellas una empresa de especializada en la investigación de siniestros para seguros. Según su versión, el crecimiento de sus empresas en aquellos años fue la piedra angular de su patrimonio, cuestionado por sus detractores y que fue objeto de un informe de Asuntos Internos archivado ya por la Fiscalía.
Además, su anterior gremio comenzó a encargarle trabajos delicados. Operaciones que Villarejo realizaba para la Seguridad del Estado desde su condición de civil. Si el operativo tenía algún problema, el Estado siempre podría decir que aquella operación. Si le pillaban, Villarejo estaba solo.
Villarejo: Operación Cataluña
Este tipo de encargos fueron cada vez más fluidos hasta que José Luis Corcuera, entonces ministro del Interior, negoció su reingreso en el cuerpo. Se creó así el escenario en el que Villarejo se movería durante más de veinte años y con diferentes Ejecutivos distintos. Un régimen especial en el que el agente ni siquiera aparecía en el escalafón del Cuerpo y que para todo el mundo, excepto un grupo de altos mandos de confianza, todavía seguía fuera de la disciplina policial. Tanto fue así, que ni siquiera tenía asignada una mesa de trabajo dentro de las dependencias policiales. Su oficina en la Torre Picasso, registrada ayer, se convirtió en la tapadera desde la que se lanzaban sus operaciones.
Por parte del Ministerio del Interior, las necesidades estaban claras. Querían que volviera el activo especializado en Inteligencia. El agente que había hecho contactos de alto nivel en la empresa privada. Pero Villarejo también puso una condición para volver al Cuerpo: que le permitieran seguir cuidando de sus empresas, en negocios que no tuvieran colisión con su trabajo policial y administradas por personal de su confianza que nada tuviera que ver con el Cuerpo para evitar conflicto de intereses.
Informe Veritas
Es en esa época (1993) cuando Villarejo se granjea un nuevo enemigo: Margarita Robles. La portavoz del PSOE en el Congreso ejercía entonces de secretaria de Estado de Seguridad en el Ministerio del Interior y ordenó su cese fulminante tras la relación del entonces inspector jefe con el llamado informe Véritas, una investigación encargada para desacreditar al juez Baltasar Garzón.
El plan, presuntamente, consistía en relacionar al magistrado con un grupo mafioso árabe afincado en España para destruir su carrera y apartarle de operaciones como la del buque Achile Lauro o los GAL. Redactado en 1995, el documento sostenía que el juez había sido captado por este grupo mafioso conocedor "de su obsesión por las mujeres, por aparentar y por la buena vida. No les resulta difícil ir introduciéndolo al principio en fiestas aparentemente inocuas y, más tarde, en orgías donde puede disfrutar de dos y hasta tres mujeres a la vez, donde se consume coca y se abusa del champange francés".
La versión de Villarejo sobre esta operación es distinta. De hecho, el comisario acusó a Robles de estar detrás del encargo de ese informe en la entrevista que concedió al periodista Jordi Évole.
Delincuencia financiera
Tras la petición de cese por parte de Margarita Robles, Villarejo volvió a trabajar con un perfil bajo en su exposición pública. Fueron años de operaciones de Inteligencia y trato con la red de confidentes. Una red que integraba a nombres como el traficante de armas Monzer Al Kassar, extraditado años después a Estados Unidos. Fue entonces cuando las labores de Villarejo se centraron en los grandes casos de corrupción financiera. Y Marbella se convirtió en otra zona de atención. Allí afianzó relaciones con millonarios árabes, con diplomáticos, con gente que necesitaba y ofrecía favores. Y en el camino, aportaba información valiosa sobre la implantación en la Costa del Sol de varias organizaciones mafiosas que preocupaban a la Seguridad del Estado.
La operación Malaya, el caso Astapa o la Gürtel fuero algunas de las operaciones donde Villarejo fue utilizado como uno de los principales manipuladores de fuentes. De forma paralela, sus empresas (46 según los informes policiales con un patrimonio de 16 millones de euros) siguieron creciendo en activos. Asuntos Internos investiga ahora si parte de ese dinero se consiguió con trabajos en claro conflicto con la actividad como funcionario de Villarejo o si, por el contrario, el crecimiento de estas sociedades se debe a aciertos empresariales perfectamente compatibles.
El ático de Ignacio González
Fue en Marbella donde se escribió uno de los episodios que sacó la identidad y el trabajo de José Villarejo a la luz pública. El 29 de noviembre de 2011 se produjo un encuentro entre el comisario de policía, ya adscrito a la Dirección Adjunta Operativa, y el entonces alto responsable de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. La aparición de la grabación de la reunión generó un encontronazo público entre el político, ahora detenido, y el comisario dependiente de la DAO.
Sin embargo, el detonante de la principal batalla de Villarejo, la librada contra el Centro Nacional de Inteligencia y el comisario Marcelino Martín Blas, responsable entonces de la Unidad de Asuntos Internos, arrancó en 2014, en el seno de la Operación Emperador. En una de las piezas separadas, que afectaba a varios agentes, la "policía dentro de la policía" citaba a uno de los hijos del comisario Villarejo, que nada tiene que ver con el Cuerpo, vinculado a una importación de material de China. Nunca resultó imputado ni se sustanció investigación alguna de ese hecho, pero el comisario Villarejo lo tomó como un ataque personal instigado por el CNI.
Además, el principal investigado en esa causa fue el comisario Carlos Salamanca, también detenido este viernes y que entonces era el máximo responsable de la seguridad en el Aeropuerto de Barajas. En aquella causa, la investigación contra Salamanca fue archivada antes de que se llegara a juicio. El resto de los funcionarios En la Operación Emperador, todos los funcionarios investigados en esa causa resultaron también absueltos, en una decisión recurrida por la Fiscalía.
Pelea con el CNI y Asuntos Internos
A partir de aquí, el enfrentamiento entre Villarejo y el entonces responsable de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, se trasladó a distintos frentes judiciales. Casos como el abierto en 2014 contra unos empresarios indios acusados de importar a España de forma ilegal una sustancia con efectos similares a la viagra, la investigación contra el llamado Pequeño Nicolás, donde Villarejo sigue imputado en una pieza separada investigada por el propio Martín Blas o el caso de la dermatóloga Elisa Pinto donde el mando policial está señalado por la facultativa como la persona que le atacó presuntamente con un cuchillo.