El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, firma este sábado una columna en el diario francés Libération en la que manifiesta su intención de "defender hasta el final" sus derechos, de renunciar a la violencia y de pedir una solución dialogada en la que "se pueda hablar de todo".
Tras atacar de forma dura la respuesta judicial a su declaración de independencia, Puigdemont afirma que seguirá "defendiendo la legitimidad" de sus acciones políticas, "el hecho de que se quiera la independencia de Cataluña".
"Tengo el derecho de pedir justicia para todos nosotros. Una justicia justa. Que ponga luz en todas las zonas oscuras en las que el Estado se protege para cometer abusos inaceptables", agrega.
Para ello, el expresidente, que se encuentra en Bruselas, asegura que ha tomado la decisión de "atraer la atención del extranjero" para "exigir una solución política y no judicial al problema".
"Que lo que se dijo y repitió durante los años duros del terrorismo sea respetado: en ausencia de violencia se puede hablar de todo. Nunca hemos optado por la violencia, al contrario, pero es falso que se pueda hablar de todo", asegura.
Ofensiva judicial "brutal"
Puigdemont envía un mensaje a la comunidad internacional: "Aunque moleste a quienes han dado un apoyo incondicional al Gobierno de Mariano Rajoy, defenderemos nuestros derechos hasta el final. Porque lo que está en cuestión es mucho más que nuestro futuro personal: es la democracia misma lo que está en juego".
El expresidente señala que "Cataluña es, en este momento, el único territorio de la Unión Europea que no dispone de una ley superior votada por sus ciudadanos y considera "una decisión arbitraria, antidemocrática e ilegal" la aplicación del artículo 155, acompañado a su juicio de "una ofensiva judicial brutal".
Indica que tanto él como los otros miembros de su Gobierno están "amenazados con las penas de prisión más duras del Código Penal español, las mismas previstas para casos de terrorismo o de homicidio (...) un absurdo grotesco con graves consecuencias".
"Los procesos judiciales contra los electos y los líderes independentistas catalanes acumulan tantas irregularidades y anomalías que es difícil pensar que los acusados dispongamos de garantías efectivas, más allá de las formales", señala.
Para Puigdemont, sus actos no se pueden considerar como rebelión porque fueron apoyados por una mayoría de catalanes en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, con "un programa que nunca fue prohibido o suspendido".
"Extraña conspiración la que se somete al voto popular", apunta el expresidente, que indica que la "represión del Estado" impidió aplicar ese programa.