La Guardia Civil está investigando si la Generalitat de Cataluña "ocultó" la creación y el desarrollo de estructuras de Estado entre los acuerdos marco y contratos que formalizó entre los años 2012 y 2016 con más de 40 empresas tecnológicas. El informe entregado en el Juzgado número 13 de Barcelona ha seleccionado un total de 33 contratos por valor de 811 millones de euros, en los que podrían estar camuflados los trabajos para dar soporte informático a las nuevas estructuras que preveía crear el Gobierno catalán para dar paso a la República.

Este informe, al que ha tenido acceso Europa Press y que se realizó inicialmente por orden de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, incluye los contratos realizados por el CESICAT (Centro de Seguridad de la Información de Cataluña) o a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Cataluña (CTTI), con el que el primero tiene un convenio de colaboración, y que han levantado sospechas de los investigadores.

El CTTI es el organismo del Gobierno catalán encargado de la contratación centralizada, la gestión y el suministro de soluciones en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de toda la Administración autonómica.

Según explica la Guardia Civil, aparte de la licitación pública habitual para la contratación de obras y servicios, el CTTI "ha estado utilizando de manera habitual los denominados Acuerdos-Marco, donde se regulan las condiciones que deben regir los contratos".

En esos Acuerdos-Marco se contempla la prestación de servicios mediante dos modalidades: recurrentes y bajo demanda. Sin embargo, es esta última modalidad la que permite encargar la prestación de cualquier servicio con la única presentación a la sociedad adjudicataria del contrato, de una orden de trabajo, es decir, "sin necesidad de la publicidad derivada de una licitación pública".

En el momento de realizar el informe, la Guardia Civil estaba investigando la creación de la Agencia Nacional de Seguridad catalana, considerando que para su desarrollo el CESICAT constituiría una parte "esencial". Por ello, seleccionó todos los acuerdos marco y contratos formalizados por la Generalitat de Cataluña entre los años 2012 y 2016 a través del CTTI, los que "a juicio" de los investigadores incluyeran la prestación de servicios y "en su marco de desarrollo se hubieran podido ocultar la creación y desarrollo de estructuras de Estado", entre las que se incluyera la citada Agencia Nacional de Seguridad.

Se trata de 33 contratos con más de 40 empresas tecnológicas, entre las que están grandes sociedades y multinacionales, algunos de ellos se han realizado a través de UTEs (Uniones Temporales de Empreas) y otros, directamente con las sociedades interesadas. La suma de los importes de estos contratos asciende a 811.443.729 euros.

La directora general de T-Systems fue detenida

La empresa que logró contratos por un importe mayor fue T-Systems ITC Iberia, que a través de cuatro expedientes contrató por un total de 309,89 millones de euros, divididos en los siguientes importes: 152,788 millones y 53,31 millones del primer expediente; 35,22 millones, 17,53 millones y 25,91 millones de un segundo expediente; 10,63 millones del tercero y 14,49 del último expediente de contratación.

Se da la circunstancia de que la directora general de esta sociedad, Rosa María Rodríguez Curtó, resultó detenida en la operación que llevó a cabo la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre contra todo el entramado que estaba preparando el referéndum del 1 de octubre.

El juez, además, ordenó la entrada y registro en su despacho profesional, con la incautación de toda la documentación de los trabajos de esta empresa para la Generalitat de Cataluña y ordenó, además, el registro de los despachos y dependencias en las que trabajaban tres empleados de su equipo.

Por cuantía de la contratación con el Gobienro catalán, le sigue un contrato de una UTE formada por cuatro empresas, entre ellas, una conocida multinacional, que incluye dos pagos de 130,98 millones de euros y 17,87 millones.

Otra UTE integrada también por una multinacional y otras dos sociedades se adjudicó otro contrato por valor de 62,53 millones de euros. Mientras que una UTE constituida por otras tres empresas logró otro contrato por 66,61 millones.

Pero hay otros muchos contratos de grandes cuantías realizados con el CTTI de la Generalitat de Cataluña con otras UTEs por 45,91 millones; 44,72 millones de euros; 42,66 millones; 21,95 millones. Además, el CTTI contrató directamente con sociedades individuales por 34,40 millones; 211.684 millones, 205.932 millones y por otras cantidades menores, hasta un total de 33 contratos de prestación de servicios TIC que, según la Guardia Civil podrían haber sido utilizados por la Generalitat para "ocultar" la creación de las estructuras de Estado.

"Consultoría, cumplimiento normativo y gobierno de riesgo"

Muchos de estos contratos lo son bajo el epígrafe de prestación de servicios de Tecnología de la Información y Comunicación centrales de carácter continuado de la Generalitat de Cataluña para diversos departamentos. Entre ellos, los hay para el aprovisionamiento de infraestructura de proceso de datos; organismos y entes dependientes de la Generalitat; gestión tributaria basada en una solución de mercado y herramientas para su despliegue; servicios de consultoría, cumplimiento normativo y gobierno de riesgo para el CESICAT; servicio avanzado de detección y protección contra ciberamenazas o servicios de apoyo a la actividad derivada de la operación de la seguridad del CESICAT.

También hay otros de mantenimiento de aplicaciones del Departamento de Territorio y Sostenibilidad; para la Secretaría General, Secretaría de gobierno, el Gabinete Jurídico Central y la dirección de servicios del Departamento de la Presidencia; o de gestión de sistemas informáticos del departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales.

A ello se añaden los de colaboración entre el sector público y privado para el aprovisionamiento y mantenimiento de aplicaciones de la Generalitat o para el aprovisionamiento de infraestructura de proceso de datos o el de prestación de servicios de Oficina Técnica para el Gobierno y dirección de la planificación, coordinación, seguimiento e implantación de todos los procesos de transición y transformación del nuevo Modelo de servicios TIC.

Riesgo de destrucción de pruebas

Para continuar su investigación, la Benemérita solicitó al Fiscal de la Audiencia Nacional -que dirigió la investigación en este sentido aunque en septiembre se unió la información al Juzgado 13 de Barcelona- que reclamara la "entrega inmediata" a las empresas de los "expedientes completos" de los acuerdos marco y el resto de contratos que hayan ejecutado con la Generalitat. No obstante advertía de que la petición se debía hacer siempre que no se pusiera en riesgo la investigación, ya que "estas gestiones podrían dar lugar a la destrucción" de "importantes pruebas".

También solicitaron la toma de manifestación a los administradores y encargados de los departamentos que hubieran desarrollado estos proyectos para la Generalitat.

A ello, añadieron la petición a Hacienda de los informes sobre las operaciones comerciales del CESICAT y el CTTI, así como los de la liquidación del IVA. Además, reclamaron los listados de los trabajadores de ambas empresas, así como sus expedientes de vida laboral y también las plantillas y los informes de vida laboral de los trabajadores de las empresas que han tenido relación comercial con la Generalitat.

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