La investigación para desentrañar cómo se organizó el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña llevó a los miembros de la Guardia Civil hasta Munich (Alemania), donde tiene su sede la empresa tecnológica Cellebrite. Tan solo esta compañía, con una tecnología propia, podía desbloquear un teléfono móvil encontrado en casa de José María Jové, el número dos del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, al que se considera uno de los 'cerebros' del procès.
Con el dispositivo en su poder, un agente de la guardia civil y un perito informático se desplazaron hasta la ciudad alemana entre el 17 y el 18 de octubre -cuando los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ya habían entrado en prisión por un presunto delito de sedición- para entregar el teléfono móvil de Jové con el fin de que fuera desbloqueado.
La empresa no pudo hacerlo en el momento, pues dijeron haberse encontrado "con un tipo de cifrado que no es para el que tienen desarrollada su técnica" y explicaron que ya estaban desarrollando un procedimiento para que fuera factible en el futuro.
Así, los agentes volvieron a España con el teléfono aún bloqueado el día 19 de octubre y lo dejaron en el depósito de evidencias del Grupo de Informática Forense.
No fue hasta el día 28 de octubre cuando la empresa de Munich dijo contar con "una forma de ataque al bloqueo del teléfono" sin necesidad de que los agentes tuvieran que llevarlo de nuevo a Alemania, sino bajo el control de los agentes de la Benemérita. El magistrado de guardia del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Jaime Conejo, autorizó finalmente al grupo de informática forense a volcar el contenido del teléfono para investigarlo.
Acceso a los correos
El cifrado inteligente del teléfono móvil de Jové no fue el único escollo informático con el que se encontraron los agentes de la Guardia Civil. El pasado 14 de octubre tuvieron que solicitar un mandamiento judicial que obligara al Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) a entregar a la Benemérita copia de los duplicados de los certificados digitales personales, pertenecientes a las cuentas de correo electrónicos de Xavi Puig, director del área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como de otros responsables del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) catalán.
El mandamiento judicial obligaría del mismo modo a entregar el código pin correspondiente a cada uno de los certificados pertenecientes a las cuentas de correo electrónico antes citadas, con la finalidad de instalarlos y leer los correos cifrados.
La Guardia Civil también entró a registrar la sede del centro de inteligencia catalán en busca de información sobre la organización del referéndum del 1 de octubre, como las aplicaciones que se utilizaron para el voto telemático o los censos que se manejaron.