La posibilidad de indultar a Oriol Junqueras si sale elegido presidente se ha convertido en un arma arrojadiza en la campaña electoral de las autonómicas catalanas. El candidato del PSC Miquel Iceta sembró este miércoles la discordia asegurando que él era partidario de hacerlo. Aplicar el perdón a Junqueras y los Jordis si finalmente eran condenados. Y fue el propio PSOE quien le intentó quitarle la idea de la cabeza al no dar nadie un paso adelante.
Sin embargo, el fenómeno de indultar a políticos y altos cargos españoles condenados por casos de corrupción no es nuevo. Desde 1996 -fecha en la que se comenzó a publicar en digital el Boletín Oficial del Estado- los gobiernos alternantes de PP y PSOE han dejado sin condena a 233 personas. Más de dos centenares de responsables públicos condenados con sentencia firme.
Los datos los arroja El Indultómetro, el proyecto de la Fundación Ciudadana Civio que se actualiza cada año y contabiliza los perdones extrajudiciales concedidos por el Consejo de Ministros. En total, son más de 10.000 los indultos desde hace más de 20 años. No aparece sin embargo en todo ese histórico un caso similar al que se enfrentaría el Gobierno en el caso de Carles Puigdemont y sus colaboradores, acusados de presuntos delitos de rebelión y sedición.
Y menos una amnistía para todos los miembros del Govern que aprobaron la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), como reivindican desde las candidaturas de la antigua Convergencia y Esquerra Republicana.
Guerra sucia, prevaricación y cohecho
Según los datos recopilados por Civio, es el Ejecutivo de José María Aznar el que mayor número de indultos concedió a políticos acusados de delitos relacionados con la corrupción, 141 entre 1996 y 2004. En 1998 por ejemplo, el Gobierno redujo la condena de los condenados por el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey, confundido por los Grupos Armados de Liberación (GAL) con uno de los líderes de ETA.
José Luis Rodríguez Zapatero cuenta con 65 indultos de políticos y funcionarios por delitos de corrupción. Pero hay que buscar entre los de la etapa de Mariano Rajoy para encontrar por ejemplo un caso directamente vinculado con Cataluña. En febrero de 2012 el Gobierno central rebajó a menos de dos años la pena a Josep Martia Sevitje, ex alto cargo de la Administración de Jordi Pujol que fue condenado en el llamado caso Treball.
En lo que va de año y según la misma fuente, el Gobierno ha reducido de forma sustancial la concesión de indultos: lleva 23 desde el pasado mes de enero. Entre ellos, figuran seis a funcionarios del Ayuntamiento de Rota condenados por prevaricación continuada. Tras la decisión del Consejo de Ministros, podrán volver a sus puestos de trabajo.