Los escaños de Puigdemont y otros siete imputados dejan en suspenso la investidura

Nada impedirá a los 34 diputados de Junts per Catalunya, la candidatura de Carles Puigdemont, y a los 32 de Esquerra Republicana tomar posesión de sus escaños. Nada impedirá a las dos formaciones negociar un acuerdo para reeditar el Govern que tenían hasta que fue disuelto por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Puigdemont avanzó este viernes, en una rueda de prensa desde Bruselas, que su intención es reeditar su pacto con ERC y prescindir de los escaños de la CUP. "Podemos gobernar con tranquilidad el bloque ERC y JxC porque el bloque alternativo no puede competir. Nuestra voluntad es de llegar a acuerdos con la CUP, pero no solo con la CUP", ha dicho.

La aritmética es la siguiente: JxC y ERC suman 66 escaños, Ciudadanos, PSC, Catalunya En Comú Podem y PP, 65. La CUP ha logrado cuatro, pero es poco probable que los utilice para votar con Xavier García Albiol o Inés Arrimadas contra un presidente independentista. 

Su plan tiene una pequeña gran complicación. Hay ocho diputados electos que están o bien en prisión preventiva, como Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sánchez y Joaquim Forn (JxC), o huidos de la justicia española en Bruselas. Entre estos últimos se encuentran el propio Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluis Puig, de JxC, y Toni Comín y Meritxell Serret, de ERC. Por no hablar de otros imputados que, de momento, están en libertad.

¿Qué dice el reglamento?

Si bien podrán tomar posesión como diputados, el reglamento del Parlament no permite que puedan votar en su situación actual. El artículo 93 del reglamento del Parlament contempla la delegación del voto, pero para supuestos de maternidad, hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada, algo que no se ajusta a su situación actual.

Es decir, que en las condiciones actuales, al debate de investidura JxC y ERC no llegarían con 66 votos sino con 58. Ni con la CUP sumarían los suficientes frente a la suma de los partidos no independentistas. 

Salvo que los diputados estuvieran en libertad o recibieran permisos puntuales en caso de estar en prisión, la investidura estaría en el aire. Sólo un cambio en el reglamento, que tendría que hacerse por mayoría absoluta, podría cambiar las reglas. Pero para votar ese cambio tendrían que votar esos diputados y tampoco estarían. Otra opción es que renuncien a sus escaños, al menos algunos de los diputados, y que corra la lista en favor de candidatos que puedan ejercer como parlamentarios. 

Puigdemont y Marta Rovira, la número dos de ERC, pidieron este viernes al Gobierno que detenga los procedimientos judiciales contra los referentes judiciales. Sin embargo, como recordó Mariano Rajoy en una rueda de prensa posterior, no corresponde al Gobierno decidirlo.

Ni siquiera a la Fiscalía General del Estado, ahora con un responsable interino tras la muerte de José Manuel Maza. Se trata del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Las fechas clave

En los próximos 20 días deberá convocarse el pleno de constitución del Parlament. Es decir, que la fecha tope para que el Parlament vuelva a funcionar y tenga una nueva Mesa (el órgano de gobierno, con el presidente de la cámara) es el 23 de enero.

El primer debate y votación de investidura debería celebrase 10 días después, como muy tarde. La primera votación, para la que el candidato requiere mayoría absoluta, se celebraría el 6 de febrero. Si no la logra, dos días después tendría una nueva oportunidad y sólo necesitaría la mayoría simple. Si aún así no lo consigue, el tiempo empieza a contar y dos meses después, el 7 de abril, se disolvería el Parlament para convocarse unas nuevas elecciones.