La estructura era sencilla para los entendidos, pero imposible de descifrar sin tener a mano las instrucciones del arquitecto. Una empresa intermediaba entre los políticos y las grandes constructoras. Otra le facturaba el dinero para alejarlo de esa fuente, y cada uno de los socios rescataba después los fondos pactados entre ellos con facturas falsas, sociedades interpuestas o directamente en mano. Hasta 3,6 millones de euros, que según la declaración de David Marjaliza el pasado miércoles en la Audiencia Nacional se habrían repartido el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, el empresario Javier López Madrid y el propio Marjaliza.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la operación nació en una de las reuniones que los tres mantenían en el barco del empresario López Madrid. Allí, Granados y Marjaliza, que según las revelaciones del segundo ya habían catado las mieles de las comisiones en las pequeñas obras de la Comunidad de Madrid, le manifestaron su intención de trasladar el modelo a los grandes contratos de obra pública.

El principal problema era que ese mercado es un coto cerrado. No todas las constructoras tienen capacidad para optar a concursos de ingeniería civil como una central nuclear o un gran viaducto con decenas de metros de altura, torsión y recorrido. Para ello, la empresa que quiera optar a esos suculentos concursos, regados con dinero público, necesita las llamadas clasificaciones. Una especie de sellos de calidad que certifican el tipo de obras a las que pueden licitar.

Facturas emitidas por Aruga Gestión, de David Marjaliza, a la empresa Obrum entre 2005 y 2007.

Para Marjaliza y Granados era más sencillo comprar una empresa con las clasificaciones ya aceptadas que empezar desde cero los papeleos con la Administración. Y acudieron entonces –según el testimonio del empresario- a López Madrid, entonces alto responsable del Grupo Villar Mir. Fue entonces cuando compraron Grabitum, que hasta el momento formaba parte de una constructora mayor llamada Elsan.

Por cerca de 700.000 euros y según esta versión, David Marjaliza (con Granados en la sobra y tras un pacto con López Madrid) compró un cascarón vació con las clasificaciones necesarias para poder licitar a determinados contratos y tener presencia en las grandes licitaciones.

Falseo de porcentajes

La segunda fase de la operación, según el testimonio de Marjaliza (negado por las defensas de los otros dos implicados), era la más sencilla: asociar Grabitum, que pasó a llamarse Obrum, con grandes empresas de la construcción y vender así los contactos de los tres socios (Marjaliza, López Madrid y sobre todo Francisco Granados) con los políticos capaces de inclinar la balanza a su favor en la licitaciones.

Sobre su mesa de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón tiene señaladas por el empresario arrepentido tres grandes concesiones que ahora serán investigadas: Las obras del metro ligero de Boadilla, concedida a la UTE Azbi-San José- Elsan (de la que formaba parte Grabitum), el tramo 1-B de Metro Norte (UTE Teconsa-Obrum-Arias Hermanos), y el tramo 1-C de la línea 10 del Metrosur. Solo la primera de las obras superaba los 94 millones de euros, y otros 42,6 millones la segunda.

Una de las facturas giradas por Aruba Gestión a Obrum

Según reveló Marjaliza en su comparecencia, para enmascarar el pago de las comisiones por parte de los beneficiarios de los contratos, bastó con anotar en el porcentaje de la UTE una participación mayor para Obrum de la que realmente aportaba. Así, a la hora de repartir los beneficios, la empresa tuvo también una mayor facturación de la que le correspondía. Y con ese diferencial, se pagaron según Marjaliza la comisiones.

Para acreditar esta versión, el empresario de Valdemoro presentó ante la Audiencia Nacional el registro de facturas emitidas contra Obrum por una de sus propias sociedades: Aruba Gestión, ya investigada en la causa. Según Marjaliza, fue esta empresa la que los tres socios utilizaron presuntamente para desviar el dinero de las comisiones. Ellos negociaban los contratos, la UTE recibía el dinero público y la empresa de Marjaliza los desviaba fuera de ese negocio con facturas falsas por servicios que nunca se realizaron.

Javier López Madrid en una de sus comparecencias en la Audiencia Nacional. Efe

Una sociedad de López Madrid

Entre diciembre de 2005 y marzo de 2007, Aruba Gestión giró seis facturas contra Obrum urbanismo por valor de 5,7 millones de euros. 6,6 millones al sumar el IVA. Los pagos se hicieron por conceptos difícilmente cuantificables como la “intermediación en la gestión de compraventa de la sociedad Grabitum” o el “asesoramiento técnico en la totalidad de las obras adjudicadas en estos ejercicios”. Es por eso que el testimonio de Marjaliza reconociendo la simulación de esos conceptos como tapadera es tan importante para desenmarañar la trama.

A la izquierda, una de las facturas giradas por Marjaliza a una UTE. El mismo día, es una empresa de López Madrid la que factura a Marjaliza.

Con los fondos en una empresa que se presumía segura, llegó el momento de hacer el reparto. Después de pagar gastos e impuestos, cada uno de los tres socios (Granados, Marjaliza y López Madrid) pactaron presuntamente repartirse 3,6 millones de euros, 1,2 millones según la declaración de Marjaliza. El empresario de Valdemoro no tenía problema: el dinero estaba ya en una empresa controlada por él. Además, Marjaliza gestionaba -según su propia versión- una caja B personal de Francisco Granados, con la que solía abonar el dinero en efectivo y los gastos que sufragaba en secreto al político madrileño.

Así, sería López Madrid quien tenía que mover los fondos de esta sociedad. Para acreditar los movimientos, Marjaliza presentó cuatro nuevas facturas. Cuatro cargos realizados desde una sociedad de López Madrid, (Financiera Siacapital) a la empresa de Marjaliza que guardaba el dinero. En total, la suma de los cargos coincide con los 1,2 millones de euros declarados por el empresario arrepentido en el juzgado.

Tres de ellas, emitidas el 22 de diciembre de 2005, coinciden en fecha con el primer ingreso desde Obrum a las empresas de Marjaliza. La última, en noviembre de 2007, es la de mayor cuantía, y se produce cinco meses después de que Vancouver gestión reciba la mayor transferencia de dinero desde Obrum: 2,6 millones de euros. Una vez más, el concepto de la factura emitida por la empresa de López Madrid es así de impreciso: “Prestación de servicios profesionales y adminsitrativos en la consecución de inversiones para su sociedad participada”.