Agentes de la Guardia Civil se han personado esta en mañana las oficinas de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), de Ómnium Cultural y del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) con un requerimiento de información para investigar la supuesta utilización del dinero de estas entidades en el proceso independentista.
Fuentes policiales consultadas por EL ESPAÑOL señalan que los movimientos policiales han comenzado a primera hora de la mañana. Se trata de requerimientos de información en una investigación relacionada con el dinero público supuestamente empleado en el proceso independentista, con el referéndum ilegal celebrado el pasado 1 de octubre como máximo exponente.
Los agentes se han presentado por orden del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Desde Ómnium se ha enviado un mensaje a sus simpatizantes para que no se concentren delante de su sede, apuntando que la situación es de "absoluta normalidad".
El vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, ha confirmado que la entrada de la Guardia Civil en la sede de la entidad en Barcelona este miércoles obedece a una diligencia judicial para volcar los correos del expresidente de la entidad, Jordi Sànchez, "hasta la fecha de su encarcelamiento".
Joaquim Forn y Jordi Sánchez
Mientras, la Fiscalía ha pedido mantener en prisión al exconseller de Interior Joaquim Forn y al líder independentista Jordi Sànchez, ambos diputados del Parlament de Cataluña, en un informe presentado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que deberá ahora decidir sobre la petición de excarcelación de ambos.
La Fiscalía ha informado en este sentido a los recursos de reforma que los dos interpusieron ante Llarena después de declarar ante el magistrado el pasado 11 de enero para renegar de la declaración unilateral de independencia y asumir las vías constitucionalistas, han informado a Efe fuentes fiscales.
Llarena debe ahora resolver ambos recursos después de que la semana pasada declarara la incapacidad del exvicepresidente Oriol Junqueras, de Forn y Sànchez para acudir a los plenos, si bien abrió la puerta a que la Mesa del Parlament arbitrara su delegación de voto, lo que finalmente les fue permitido.
Forn ingresó en prisión provisional el 2 de noviembre y Sànchez el 16 de octubre, ambos por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela (al igual que el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, único de los cuatro encarcelados que aún no ha vuelto a presentar escrito pidiendo la libertad).
Tras asumir la causa por rebelión o sedición que empezó a instruir la Audiencia Nacional, Llarena se opuso a la puesta en libertad de todos ellos para evitar que vuelvan a incitar a una "explosión violenta" en el proceso independentista.
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