El Consejo General del Poder Judicial ha entrado este sábado en la polémica creada por el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, al referirse a la existencia de "presos políticos" durante un acto del Colegio de Abogados de Barcelona, lo que motivó que las autoridades judiciales y fiscales allí presentes abandonaran la sala.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, decidió celebrar una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente para señalar que "las manifestaciones realizadas en un ámbito institucional por quien ostenta la representación de un Parlamento autonómico nos obligan a recordar a las instituciones y a la sociedad que el Poder Judicial actúa siempre desde la más absoluta independencia, siendo ésta una salvaguarda que a todos nos concierne respetar y defender".



"Al CGPJ no le compete hacer valoraciones políticas"



"Al CGPJ, como órgano de gobierno de los jueces, no le compete hacer valoraciones políticas, pero sí defender los valores que conforman el Estado de Derecho. En un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro, al margen de la Ley y del Derecho no hay libertad ni democracia", añade.

El CGPJ defiende que las situaciones de prisión provisional son "consecuencia de decisiones judiciales motivadas y adoptadas en el curso de un proceso con todas las garantías y en el ejercicio legítimo de la función jurisdiccional" y "se sustentan exclusivamente en la Ley y no en mandatos ajenos a ésta, fruto de la estricta separación de poderes que descansa en la independencia del Poder Judicial".

A su juicio, afirmar la existencia de presos políticos, en especial por un representante institucional, "es una descalificación muy grave de la función judicial, que trasciende al propio Poder Judicial, atacando frontalmente a nuestro modelo de convivencia basado en el respeto a la Ley”.

La Fiscalía General: "España es un Estado de Derecho"

Las palabras de Torrent también han provocado la reacción de la Fiscalía General. "España es un Estado de Derecho en el que se respetan las garantías de todos los ciudadanos", ha dicho en la nota de prensa. 

"Los diversos procedimientos abiertos en varias instancias judiciales que afectan a responsables públicos catalanes, y que se sustanciarán en las correspondientes resoluciones, se están desarrollando con el máximo respeto y garantías procesales de todos los investigados".

La Fiscalía, "el Ministerio Público", impulsa la práctica de diligencias y "actúa conforme al principio de legalidad y salvaguardando siempre el derecho de defensa de las personas incursas en las diferentes causas", ha aclarado.

Para la institución "el reiterado uso de la expresión “presos políticos” se aleja de la realidad, es una figura incompatible con nuestra democracia y por tanto no puede ser aceptada por esta Fiscalía. El Ministerio Público nunca ha perseguido manifestaciones políticas sino conductas delictivas presuntamente cometidas por personas que, en razón de su cargo público, debieron respetar la legalidad en el ejercicio de sus responsabilidades".

La Fiscalía General "manifiesta su reconocimiento y apoyo a los Fiscales de Cataluña por el trabajo que están realizando".