Un aula pequeña, con solo 21 alumnos y en la que al menos siete de ellos tienen relación directa con el PP, con Cristina Cifuentes o con la Comunidad de Madrid. En ese ecosistema, es imposible pasar desapercibido cuando eres delegada del Gobierno en Madrid, figura meteórica dentro del PP autonómico y la persona que rivaliza en popularidad con la lideresa Esperanza Aguirre para controlar el partido en la capital. Y más cuando al menos uno de los inscritos reconoce a EL ESPAÑOL que se matriculó en el máster pero que nunca llegó a cursarlo.
Una razón menos para no fijarse en ella. Para no saber de forma fiel si Cristina Cifuentes acudió o no su postgrado en la Universidad Rey Juan Carlos. Si defendió su trabajo de fin de máster ante algún profesor, uno solo aunque fuera, en las fechas fijadas para el resto de los alumnos. Y para saber si su nota fue publicada con la del resto de los alumnos en los tablones oficiales en aquellas fechas.
El tribunal del máster de Cifuentes nunca existió
La lista de nombres que coincidieron con Cifuentes reflejan además un ecosistema vinculado directamente con el Partido Popular. El director del máster, Enrique Álvarez Conde, señalado ahora por "recrear" según sus propias palabras el acta que Cifuentes ha esgrimido durante días para justificar su evaluación, fue responsable del Instituto Nacional de Administración Pública con el gobierno de José María Aznar. Otro de los docentes cuestionados, que cambió la nota en 2014 para aprobarla, Pablo Chico de la Cámara fue colocado por el PP como presidente del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Pozuelo, tal y como reveló ElDiario.es en los primeros compases del caso.
Pero no solo los docentes tienen vinculación con el partido. Entre los matriculados ese año, hay al menos siete personas relacionadas directamente con el PP con Cristina Cifuentes o con la Comunidad de Madrid. Empezando por el empresario Dionisio Ramos, que ejerció de presidente de facto en el tribunal que en 2001 concedió a Cifuentes su plaza de funcionaria. Llama la atención incluso que alguna de las actas oficiales del curso cita a Ramos únicamente con su nombre y su primer apellido, comos si con eso fuera suficiente para ser conocido por todos, alumnos incluidos.
El empresario, con una firma de construcción especializada en residencias universitarias. ha sido beneficiario después de importantes concursos públicos de Administraciones controladas por el PP. En alguno de sus proyectos ha contado además con la colaboración profesional de Javier Aguilar, arquitecto y marido de Cristina Cifuentes, como adelantó el diario Público.
Un corto listado
La lista de alumnos se completa con personas como la jefa de prensa de una importante institución dependiente del Ministerio del Interior, que ha explicado a EL ESPAÑOL que se apuntó al máster, pagó las tasas pero desistió de hacerlo finalmente por falta de tiempo. También figura matriculado el actual responsable de Formación de la Comunidad de Madrid, presidida ahora por la propia Cifuentes, además de una investigadora del mismo instituto que organiza estos estudios de postgrado, controlado por el catedrático que ha reconocido participar en la falsificación del acta.
Otro de los responsables del PP que se matriculó el mismo año que Cristina Cifuentes fue Pedro Calvo, exsenador y exconcejal hasta 2015 del Ayuntamiento de Madrid. La lista se completa con una alta funcionaria de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid y otra destinada en la actualidad en el Ministerio de Empleo.
Otros dos funcionarios, según la documentación consultada por EL ESPAÑOL, están adscritos a la Agencia de Reeducación del Menor de la Comunidad de Madrid y el Servicio Madrileño de Salud. Otro de los matriculados, además de varios estudiantes de América Latina, fue durante años director gerente de la Agencia EFE.
Sin acudir a clase
Tanto en su comparecencia ante la prensa como en la Asamblea de Madrid, Cristina Cifuentes reconoció que pese a que su máster era presencial, no acudió a clase. Aseguró que pactó un plan de estudios adaptado a su condición de responsable público. Sin embargo, la normativa universitaria prohíbe este tipo de prácticas siempre que el afectado no tenga la llamada dispensa universitaria: un certificado que hay que solicitar esgrimiendo una causa justificada para no acudir a clase. De otra forma, se trata de una irregularidad en la que un profesor decide de forma arbitraria saltarse el plan de estudios con un alumno concreto.
Ahora, será la Justicia la encargada de decidir tanto sobre la validez o no del título obtenido por Cristina Cifuentes, como la presunta implicación de varios profesores en la falsificación (bien como culpables o como afectados) del acta con la que se engañó a la opinión pública desde la universidad para hacer creer que la presidenta de la Comunidad de Madrid había defendido su trabajo de fin de máster con todas las garantías que marca la normativa.
En ese punto, puede que sus presuntos compañeros de clase tengan mucho que decir. Sobre todo en fechas clave, para confirmar si Cifuentes apareció alguna vez por alguno de los exámenes oficiales o si defendió su trabajo en la fecha fijada para el resto, que se hace en función de la composición del tribunal.
Eso, servirá para determinar si Cifuentes es beneficiada, como todo apunta, o víctima, como sólo ella y los suyos mantienen, dentro de una trama de corrupción universitaria que ya está más que confirmada.