El vídeo de Cifuentes debió de ser eliminado por ley un mes después de su grabación

4 de mayo de 2011. Un guardia de seguridad de un hipermercado de la firma Eroski ubicado frente a la Asamblea de Madrid traslada a Cristina Cifuentes a la trastienda y le insta a vaciar el bolso. Dentro, dos cremas por un valor de 40 euros. La grabación ha precipitado la dimisión de la presidenta de la Comunidad, acosada por el caso de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Pero hay un detalle fundamental en ese relato: el vídeo, según exige la ley, debió de ser eliminado un mes después de su grabación.

Así lo establece la Ley de Protección de Datos. En la Instrucción 1/2006, fechada en el 8 de noviembre de 2006 y con entrada en vigor el 13 de diciembre de ese mismo año, se regula el tratamiento de los datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

Esa regulación afecta directamente a la cámara de seguridad ubicada en la trastienda del hipermercado Eroski -las instalaciones son gestionadas hoy por Leclerc- que grabó a Cifuentes.

"Los datos serán cancelados en el plazo máximo de un mes desde su captación", establece el artículo 6 de esta instrucción. O lo que es lo mismo, las imágenes grabadas por circuito cerrado debieron de ser eliminadas en un plazo máximo de un mes.

Una supuesta trama de espionaje

Por entonces, Cifuentes no era ninguna desconocida. Era la vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid. Su proyección política deparaba para ella una prometedora carrera en la Comunidad, que primero se plasmaría en la Delegación del Gobierno y, después, en la presidencia de Madrid.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, Cristina Cifuentes fue espiada meses antes de las elecciones autonómicas de 2015; rivales políticos difundieron el rumor de que Cifuentes padecía de cleptomanía, un trastorno que empuja a quien lo padece a robar de forma compulsiva. Aquella supuesta trama de espionaje se sostendría entre las bambalinas de detectives privados y despachos de abogados.

Eroski, a través de un comunicado, ha expresado su versión: "Siguiendo con nuestro protocolo de seguridad, las grabaciones realizadas por el sistema de videovigilancia en nuestras tiendas son destruidas automáticamente en un plazo menor de 30 días. Dentro del marco legislativo vigente en 2011, las copias de grabaciones de videovigilancia debían ser realizadas exclusivamente dentro de la cadena de custodia garantizada por el servicio de vigilancia contratado. Toda la documentación relacionada con temas de seguridad de esta tienda fue destruida tras su traspaso al nuevo operador".

Sea como fuere, por aquellas fechas el vídeo ya no tendría que existir. Porque la ley exige su eliminación un mes después de su grabación. Alguien debió realizar una copia para inmortalizar el episodio que ha terminado por propiciar la caída de Cristina Cifuentes.