Casals pide en vano al juez borrar teléfonos de su agenda antes de que la investigue la Policía

El adjunto a la presidencia de Atresmedia y presidente de La Razón, Mauricio Casals, ha tratado de impedir que la agenda de teléfonos de su móvil sea incluida al completo en la investigación de la operación Lezo. Por ello, el empresario envió el pasado mes de enero un escrito al juzgado en el que solicitaba al juez que sus abogados pudieran hacer un borrado de aquellos contactos "sin interés para la investigación" antes de que los datos fueran trabajados por la Policía Nacional. 

El volcado de los teléfonos de Casals se autorizó el pasado mes de noviembre, en el transcurso de una investigación que trata de determinar qué jueza alertó a la directiva de La Razón sobre la investigación secreta que afectaba al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El rastro de ese chivatazo quedó reflejado en las intervenciones telefónicas autorizadas a Edmundo Rodríguez Sobrino, responsable del Canal de Isabel II en Sudamérica, consejero de La Razón y que se ha convertido meses después en uno de los principales arrepentidos de este caso. 

Tras confirmar la filtración, el juez Manuel García Castellón decidió autorizar el volcado de los teléfonos móviles de Casals y Joaquín Perera, número dos de la empresa editora de La Razón, con el objetivo de localizar entre sus contactos la llamada de la posible filtradora. El copiado de la información de los terminales se realizó el 6 de noviembre de 2017. Semanas después, la defensa de Casals presentó otro escrito en el juzgado. En él, solicitaba que sus abogados estuvieran también presentes en el análisis de las "agendas de contactos" para proceder al "borrado de aquellos contactos sin interés para la investigación, así como de los archivos de excel que contienen cronogramas forenses". 

En sendos escritos firmados a finales de noviembre, tanto la Fiscalía Especial contra la Corrupción como el juez encargado del caso se han negado a la petición de Casals. El escrito judicial argumenta que la diligencia de análisis es "una investigación de carácter policial, que ha sido autorizada judicialmente y no requiere de presencia letrada".

El auto explica que el análisis de la agenda de contactos por parte de los agentes "en modo alguno, conlleva una vulneración del derecho a la intimidad alegado por su defensa procesal pues se trata de una diligencia que se desarrolla con todas las garantías legales".

Por su parte, el escrito de la Fiscalía Anticorrupción considera además que, en la fase de la investigación actual, no procede al borrado de los contactos ya que los agentes no han determinado todavía cuáles pueden tener información para la causa.

Mauricio Casals e Ignacio González con el vicepresidente y director de La Razón. EL ESPAÑOL

Red de relaciones

Mauricio Casals es el hombre que susurraba a las vicepresidentas, el empresario que se convirtió desde la cúpula del grupo Planeta en un vértice de confluencia entre intereses políticos y empresariales. De hecho su nombre saltó a las páginas de esta investigación cuando Edmundo Rodríguez Sobrino le contactó para que los grupos de comunicación que penden de su mano presionaran a Cristina Cifuentes para que retirara la denuncia que la Comunidad de Madrid había presentado para investigar los negocios del Canal de Isabel II en Sudamérica. Unas operaciones que afectaban directamente a Rodríguez Sobrino y sobre las que Casals llegó a afirmas que Cifuentes las iba a "pasar putas". 

Sin embargo, tras se citada a declarar como testigo, la expresidenta de la Comunidad de Madrid negó ante el juez que fuera presionada por Casals o cualquier otro responsable de La Razón en modo alguno. La causa en esos aspectos quedó archivada.

Ahora, los agentes tienen en sus manos toda la información de su teléfono móvil, sus mensajes y sus interacciones con distintas personalidades de la política y el mundo empresarial de este país. El objetivo es dilucidar si alguno de ellos, fue la persona que alertó a Casals y los suyos de que Ignacio González era el objetivo de un investigación secreta. Algo que el propio González reconoció en el juzgado.